Un juez determinó dar arresto domiciliario al concejal Federico Morón. Se rechazó la probabilidad de autoría en el tipo penal de beneficio en razón del cargo; sin embargo, se declaró probada la probabilidad de autoría por el delito de concusión

26 de mayo de 2023, 14:19 PM
26 de mayo de 2023, 14:19 PM

Veinticuatro horas de detención domiciliaria y sin escolta policial, arraigo, fianza, entre otras medidas, fueron las impuestas para el concejal Federico (‘Fede’) Morón por el juez del Juzgado Primero Anticorrupción de la capital Roberto Parada. La audiencia cautelar, que se instaló después de las 8:00, concluyó a las 13:00. La Fiscalía imputó al edil por presuntos cobros irregulares a cambio de ítems.

La diputada Luisa Nayar, en contacto con EL DEBER, señaló que el juez resolvió rechazar la detención preventiva y se descartó uno de los dos delitos por el que fue imputado Morón.

Por su parte, el fiscal Alexander Mendoza, en entrevista con los medios de prensa, explicó que la justicia dictó medidas cautelares personales para el concejal imputado por los delitos de beneficio en razón al cargo y concusión. El primero, fue rechazado por el juez.

 “Se ha probado el delito de concusión por las declaraciones que hemos hecho y elementos presentados”, dijo el fiscal.

Adelantó que el Ministerio Público apeló a la resolución del juez, por lo que aseguró que las investigaciones continúan.

Las medidas impuestas para Morón son arresto domiciliario de 24 horas sin escolta policial, arraigo, fianza de carácter personal, presentarse a firmar cada viernes al Ministerio Público y prohibición de tener comunicación con testigos del proceso por el que se lo investiga.

La denuncia fue abierta de oficio por la Fiscalía, por ello el miércoles, 24 de mayo, fue aprehendido cuando se encontraba declarando en un caso de corrupción que él denunció en Emacruz (Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz).

El edil de Comunidad Autonómica (C-A), conocido como también ‘gato negro’, compareció esta mañana ante el juzgado del juez Roberto Parada, donde el Ministerio Público pedía su detención preventiva de 180 días, alegando tener pruebas en su contra por supuestamente obtener dinero de forma irregular luego de prometer trabajo en la Alcaldía cruceña o al Concejo municipal.