Juez envía a la cárcel, por cuatro meses, a Luis Fernando Camacho

Tras una maratónica audiencia virtual que duró más de siete horas, el juez 8vo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, ordenó enviar de manera preventiva, por cuatro meses, al penal de Chonchocoro al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, por el proceso que se le sigue en el caso denominado ‘golpe de Estado I’.

Pacheco escuchó los alegatos de la defensa legal de la denunciante Lidia Patty, Jorge Nina, del representante de la Procuraduría General del Estado, Kaleff Clemor, y de los tres miembros de la comisión de fiscales, entre ellos Omar Mejillones, quienes pidieron la detención preventiva de Camacho por un periodo de seis meses.

Por su parte, los representantes legales del gobernador,  Juan Carlos Camacho, Martín Camacho y Carlos Ledezma, solicitaron que se libere a la autoridad departamental denunciando la vulneración de sus derechos humanos y constitucionales.

Supuesta autoría

El abogado de la Procuraduría General, Kaleff Clemor responsabilizó al gobernador de presionar a Evo Morales para que presente su renuncia a la presidencia en noviembre de 2019. Señaló que el imputado pidió que Morales deje su cargo y que, de la misma manera, habría incidido en las Fuerzas Armadas para que actúen contra el entonces primer mandatario. Estos hechos, aseguró, probarían la autoría de Camacho en el caso Golpe I, en el cual se lo acusa de terrorismo.

La comisión de fiscales dijo que existen riesgos procesales en contra de la autoridad departamental, entre ellos la no tenencia de un domicilio habitual, una familia que puede obstaculizar las investigaciones y la declaración de los otros implicados si permanecía en libertad.

Por esta razón, se pidió la detención de Camacho en la cárcel de Chonchocoro de La Paz por el lapso de seis meses. A este pedido se sumó el abogado de Lidia Patty, quien además hizo una cronología de los sucesos registrados a finales de 2019 que desencadenaron en la renuncia de Morales a la presidencia del Estado.

“El 21 de octubre de 2019, con el objetivo de llegar al poder, el sindicado Luis Fernando Camacho junto al candidato Carlos Mesa planificaron generar un ambiente de zozobra tras la denuncia de fraude electoral”,argumentó en la audiencia.

Alegaron inocencia

Por su parte, el abogado Martin Camacho consideró la aprehensión del gobernador como ilegal porque fue realizada durante las vacaciones judiciales incumpliendo así la circular que prohíbe la ejecución de aprehensiones por delitos penales.

Además, denunció que se vulneraron los derechos de su defendido al señalar que fue “secuestrado por la Policía” cuando llegaba a su domicilio el día miércoles. Agregó que Camacho sufre de una enfermedad de base y que durante esta jornada su salud se deterioró, por lo que requiere atención especializada en un centro médico.

Cuestionó a la Fiscalía y a la parte denunciante pues no demostraron los riesgos procesales ni la probabilidad de autoría de Camacho.  "Evo Morales renunció de manera voluntaria” y no influenciada por el gobernador", matizó.

“Señor juez, no tenemos, ni siquiera como defensa de Camacho, que desvirtuar la probabilidad de autoría y los riesgos procesales. Es responsabilidad del Ministerio Público y de los acusadores aportar los indicios suficientes para demostrar una posible autoría y los riesgos procesales. Y en este caso, no lo ha hecho”, argumentó.

Tras culminar su participación, Pacheco concedió la palabra al gobernador y este indicó que no cometió ningún delito, pues solo participó en la lucha del pueblo por la democracia. En ningún momento se refirió a la renuncia de Evo Morales.

“A mi pueblo que me eligió le digo que nunca me voy a rendir y que esta lucha es por la democracia de Bolivia.  A los bolivianos que me escuchan; no dejemos que el masismo imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba”, dijo Camacho antes de que el juez se tomara algunos minutos de tiempo para deliberar su fallo.

El juez Sergio Pacheco ordenó la detención preventiva por cuatro meses para Luis Fernando Camacho por la supuesta comisión del delito de terrorismo, debiendo cumplir su reclusión en la cárcel de Chonchochoro de La Paz.

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