Juez instala la audiencia por la quema de la sede campesina; 7 personas son cauteladas
Se realizarán dos audiencias. La primera es por lo acontecido en la sede campesina y luego, serán cautelados otros diez aprehendidos por los desmanes en la COD
Manuel Baptista, el juez que debía definir la situación jurídica de los 17 aprehendidos por los conflictos del viernes, en dos audiencia, se excusó y los casos de los desmanes en la sede campesina y de la COD cayó en manos del juez Roberto Arias, que en breve instalará la audiencia.
Primero, serán cautelados los siete aprehendidos por el vandalismo y quema de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FUTCSC) y luego, los otros 10 por la COD. En el primer caso, la audiencia ya fue instalada.
Incertidumbre
Hay incertidumbre y desesperación en familiares de los 17 aprehendidos por los sucesos del viernes pasado. Abogados y familiares esperan que el nuevo juez designado actúa con imparcialidad.
Las dos juezas que conocieron esta causa, Marianela Salazar y Jimena Flores, se excusaron por motivos de salud y el caso pasó en el juzgado de Manuel Baptista conocido por dirimir los casos caso ‘narcojet’, Jesús Einar Lima Lobo y Dora Vallejos, conocida como la ‘reina del norte’. Sin embargo, la mañana de este martes, este jurista también se excusó.
El abogado Andrés Ritter, que defiende a algunos de los detenidos calificó de ilegal y de abusiva la detención puesto que se encuentran desde hace cinco días en las celdas de la Felcc, sin que se resuelva la situación jurídica.
Desmanes en la COB y la sede campesina
El viernes 11 de noviembre la ciudad de Santa Cruz, específicamente la zona de La Ramada, entre las avenidas Irala y Grigotá, fue un escenario de violencia. La marcha de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) derivó en violencia luego de que agredieran salvajemente a periodistas que hacían la cobertura.
La violencia fue en escalada cuando el grupo de encapuchados que lideraba la marcha se enfrentó a vecinos que bloqueaban pidiendo la realización del censo en 2023, esto ante la inacción policial.
Los ánimos se exacerbaron y los vecinos masificaron las protestas y ahí sí intervino la Policía con gas lacrimógeno. Posteriormente, una gran parte de los marchistas se resguardó en la sede de los campesinos, en la avenida Irala, y hasta allí llegaron varios grupos de personas.
En principio, la Policía mantenía a raya a quien quisiera acercarse hasta allí, pero luego de que la gente que estaba en el interior salió de allí (según declararon los mismos dirigentes, posteriormente), los uniformados se retiraron del lugar.
Ahí fue cuando ardieron las instalaciones y la gente ingresó al lugar. Posteriormente, el grupo de personas se fue a causar desmanes en la sede de la Central Obrera Departamental (COD).
Por estos dos casos es que fueron aprehendidas 17 personas. Entre ellos, un médico, un bombero voluntario y un periodista, que denuncian implantación de pruebas y tortura policial.
