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Juan Pablo Cahuana/Ariel Melgar

Los propietarios y trabajadores de la estancia ganadera Santa Rita (en la comunidad Las Petas de San Matías), de propiedad de Éiner Churchill Vaca Toro, denunciaron supuestos abusos que cometió la Policía al momento de haber ingresado a este terreno durante una intervención policial por un caso de secuestro.

Según los testimonios, algunos investigados fueron obligados a firmar y dar sus huellas dactilares en los documentos que tenían los uniformados. Además, uno de los afectados, dijo que fueron torturados con bolsas de plástico y con gases lacrimógenos.

 “Ellos querían que digamos que este lugar es la estancia San Diablo de Paulinho y querían obligarnos a decir que nuestros patrones manejan cosas ilícitas”, asevero uno de los trabajadores.

Sobre el tema, los pobladores de la comunidad de Las Petas exigieron respeto a las familias del cantón y dijeron que se han vulnerado los derechos de los ocho arrestados, inclusive de algunos niños que fueron obligados a colocarse boca abajo.

“Familias enteras de comunarios que fueron detenidos más de 8 horas.  La mayoría de la gente que trabaja día a día para el sustento diario de sus familias son peones y vaqueros en este sector”, dijo uno de los pobladores.

El corregidor del Cantón Las Petas, Luzardo Ferreira, indicó que las personas están atemorizadas y traumadas por los abusos que cometido por los agentes investigadores y exigió al Comandante de la Policía verificar que las intervenciones se las realicen bajo las normales legales.

“Los policías quieren obligar a que uno se eche la culpa (del secuestro), el comandante debería mandar profesionales que hagan su trabajo respetando los derechos de las personas y las leyes", comentó.

Armas de fuego

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Ángel Morales, no se refirió a los denuncias de abusos, pero informó que el allanamiento en la estancia de las Petas se debió a una investigación que están realizando por el secuestro de una joven, la cual habría sido llevada a Brasil por sus raptores.

Morales dijo que se aprehendió a ocho personas que estarían implicadas en el delito y que además tenían armas de fuego en su poder. Añadió que fueron derivados al Ministerio Público, pero que quedaron en libertad por decisión de un juez de instrucción cautelar, pese a los indicios que presentaron en su contra.

El viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, indicó que la posición que tomó el juez de San Ignacio de Velasco, Miguel Borjas, es extraña porque determinó dar libertad irrestricta a las ocho personas que estarían involucradas presumiblemente con un caso de secuestro.  

“Como manifestaba el coronel (Ángel Morales) se han encontrado armas, hay las declaraciones de las personas que posteriormente han sido cambiada por ellas mimas puede ser por presión amedrentamiento; sin embargo, pese a todos elementos el juez ha tenido ese comportamiento, por lo tanto, a través de los ministerios de Gobierno y de Justicia se hará seguimiento al caso y se van a solicitar los informes antes las instancias correspondientes”, dijo la autoridad.

Ríos comentó que para dar certidumbre a la población y tenga la seguridad de que la Policía, en coordinación con el Ministerio de Gobierno e las instancias responsables, están trabajando para dar seguridad y garantizar la convivencia pacífica.

“Es importante que la población sepa que la Policía en el departamento cruceño tiene un porcentaje de efectividad de resolución de casos del 90%”, señaló.

El fiscal departamental, Roger Mariaca, también se mostró molesto por la determinación del juez Miguel Borjas y comentó que presentarán una apelación a su decisión, pues considera que existían los elementos necesarios para ordenar la detención preventiva en la cárcel de los imputados.

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