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El juez cautelar Roger Salvatierra benefició con libertad irrestricta al mayor de policía, Julio Saúl Ayala Camacho, imputado por otorgar permiso al recluso Gustavo Vargas Araúz, que cumple condena por narcotráfico en la cárcel Ceprom de Okinawa, y que salió con autorización del jefe policial. Durante el permiso para ausentarse del penal, el interno encabezó un violento asalto en un inmueble de Santa Cruz donde robó Bs 500.000.

La liberación fue calificada de un hecho aberrante por la Fiscalía, que consideró que existen pruebas fehacientes de que el mayor Saúl Ayala, en su condición de gobernador de la cárcel de Okinawa, otorgó el permiso al reo, quien fue descubierto por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), encabezando el asalto a una casa por el barrio Julio Leigue para robar medio millón de bolivianos, después de violentar las puertas, aprovechando que los dueños no se encontraban.

El jefe policial fue imputado por el delito de robo agravado en grado de complicidad por el fiscal Erwin Jiménez, que pidió la detención preventiva en la cárcel de Palmasola. 

El fiscal fundamentó que, según investigaciones de la Felcc, el robo se registró el 28 de febrero, en pleno feriado de carnaval.

Tras el hecho, los dueños del inmueble hicieron la denuncia y se iniciaron las pesquisas. Cayeron presas dos personas, entre ellas Daniela Vega Villarroel, quien declaró que recibió una llamada telefónica de su esposo el recluso sentenciado por narcotráfico Gustavo Vargas Araúz, quien le pidió que vaya a un cuarto por un punto de nuestra capital para contar el botín de medio millón de bolivianos. La mujer declaró que acudió, contó el dinero que luego fue repartida entre al menos cuatro personas.

Según las investigaciones el asalto fue bien planificado por el recluso de la cárcel Ceprom de Okinawa, Gustavo Vargas Araúz. 

Policía chateó con la esposa

El fiscal Erwin Jiménez, en su imputación, presentó pruebas del peritaje realizado al teléfono de Daniela Vega Villarroel, esposa del recluso sentenciado por narcotráfico y autor del robo.

El peritaje realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científico de la Universidad Policial (IITCUP) revela que el mayor Saúl Ayala sostuvo conversaciones mediante mensajes de chat con la esposa del reo, Daniela Vega Villarroel. Fue el 5 de marzo cuando el policía le preguntó por su esposo Gustavo Vargas y ella le respondió: “Mi esposo ya se fue cuando usted le dijo que se vaya a la cárcel”. 

La Fiscalía presentó pruebas de que el recluso sentenciado por un delito de lesa humanidad estuvo seis días fuera de la cárcel con permiso del mayor Saúl Ayala, pues encabezó el robo de los Bs 500.000, repartió el dinero, se fue a pasear, se divirtió y regresó cuando lo llamó el jefe policial. Por esa razón el mayor Ayala fue imputado por complicidad en robo agravado.
Pese a las pruebas adjuntadas, el juez Róger Salvatierra otorgó libertad irrestricta al jefe policial, por considerar que no existió nexo causal.

 El juez consideró que, si bien existen pruebas y mensajes entre el mayor Ayala con la esposa del reo, no especifica ni menciona nada sobre el robo. Este hecho fue calificado de grave por la Fiscalía que en la misma audiencia presentó apelación para que el Tribunal Departamental de Justicia revoque el fallo.

Otro recluso por asesinato

Asimismo,la Felcc presentó documentación que indica que el 4 de febrero pasado hubo un asalto y robo de Bs 200.000 en el surtidor Genex de la avenida Virgen de Cotoca, entre el cuarto y quinto anillo de circunvalación.

El asalto se registró con disparos de arma de fuego para intimidar a los funcionarios del surtidor y arrebatarles el dinero en un maletín. La Felcc detuvo a Roberto Carlos García Figueredo, alias Killy, quien curiosamente estaba recluido en la cárcel de Ceprom de Okinawa, condenado por el delito de asesinato. Sin embargo había logrado permiso otorgado por el gobernador, mayor Saúl Ayala.

Por determinación de la Dirección de Régimen Penitenciario, el recluso Roberto Carlos García Figueredo, alias Killy, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz, Chonchocoro.
El mayor Ayala fue destituido de su cargo y pasado al Comando de la Policía para ser sometido a un proceso interno por considerarse falta muy grave el otorgar permiso a reclusos para que asalten.

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