Juez retira el delito de tentativa de homicidio contra detenido por Las Londras y lo manda a prisión

Un fallo agridulce, así percibieron los afectados la decisión judicial sobre el caso Las Londras. Por un lado, el juez envió a Paulino Camacho Vedia al penal de Okinawa por seis meses. Pero también decidió que se le retire el delito de tentativa de homicidio de su imputación, pese a que hay imágenes de él disparando y amenazando con un arma a un periodista.

Camacho es el segundo detenido dentro del caso Las Londras y ha sido identificado como uno de los cabecillas del grupo armado que el pasado 28 de octubre del 2021, secuestró y torturó a 17 personas entre periodistas, policías y civiles en el predio Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos.

El delito de tentativa de homicidio tiene penas que van entre 10 y 20 años de prisión. En la audiencia, la defensa argumentó que el sindicado disparó contra los vehículos que transportaban a las víctimas y no contra quienes fueron secuestrados.

La abogada de los periodistas afectados, Raquel Guerrero, señaló que el juez de Guarayos, Roberto Hurtado, es el mismo que estuvo a cargo de la audiencia de Heber Sixto Canazas, primer imputado del caso Las Londras. “En la resolución de Canazas, el mismo juez dentro del mismo hecho ha considerado la tentativa de homicidio, pero en este caso la ha quitado”, denunció Guerrero.

Además de la tentativa de homicidio, el resto de delitos que están dentro de la imputación son: lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación de ilícita de armas de fuego y amenazas.

Durante la audiencia, el acusado que fue señalado por los afectados “como el más peligroso” de los secuestradores que estuvo en Las Londras, vertió una frase que fue tomadas como amenaza. “Voy a ser claro, no es solo mi lucha y debe haber muchos Paulinos allá, si me están viendo decirles que la lucha que comenzó no va a terminar”, dijo Camacho.

Camacho y otros encapuchados tomaron el predio Las Londras y, cuando llegaron periodistas para ver el lugar, ellos fueron secuestrados y torturados durante 7 horas.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, ve en el fallo del juez el inicio de una estrategia para que el caso Las Londras quede en la impunidad, porque al retirar los delitos con penas fuertes, es muy posible que los dos detenidos se sometan a juicio abreviado y queden libres, porque los otros delitos de los que los acusan tienen penas leves.

Por eso, la parte legal de las víctimas planteará que se amplíe la denuncia por tentativa de asesinato y secuestro. “Para que se constituya el delito de secuestro se necesitan dos partes: la privación de libertad y que los acusados hayan pedido algo a cambio de dejarlos libres, ahí entra el acta que los hicieron firmar a los periodistas”, añadió Méndez.

Proceso lento

Paulino Camacho es quizás la cara más visible en los hechos ocurridos hace más de 100 días en Las Londras. Primero fue identificado por Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados durante esa jornada, y luego salió a los pocos días en los medios de prensa recibiendo con guirnaldas al director departamental del INRA, Adalberto Rojas. En esa oportunidad Camacho dijo que no hubo secuestro, sino que se le dio “un susto” a la comitiva.

“Me siento un poco más tranquilo de que vaya detenido porque es él quien me apunta y luego destruye mi cámara, pero pude grabar ese minuto y medio de imágenes donde se ve el nivel de agresión que tienen estos señores”, contó Suárez, que estuvo en la audiencia y dio su testimonio al juez sobre el cachazo que el acusado le dio en la cabeza.

Según la parte legal de los periodistas, este acto violento de agresión puede ser valorado por el juez para ampliar la denuncia a tentativa de asesinato.

Por otro lado, cívicos y parlamentarios de oposición criticaron la lentitud que tiene la investigación, partiendo por el hecho que 48 horas después del secuestro y tortura a estas 17 personas, la Policía Boliviana realizó un operativo en el lugar, pero no encontró a ninguno de los sindicados y tampoco las armas de grueso calibre que fueron denunciadas.

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, observó que es el segundo aprehendido después de casi cuatro meses que se dio el hecho. “Es por demás de lerdo porque saben donde viven y los tienen identificados (al resto de los acusados) pero la Policía no actúa”. Similar posición tiene la diputada por Creemos, María René Álvarez, señalando que las autoridades que investigan el caso tienen cinco órdenes de aprehensión sin ejecutar y 22 declaraciones de testigos que aún no han sido tomadas en cuenta.