Justicia dispone medidas sustitutivas y arraigo para los dos acusados de financiar la quema de la Fiscalía

En una maratónica audiencia cautelar que duró al menos seis horas y media en el Palacio de Justicia, el Juzgado 6to de Instrucción en lo Penal determinó medidas sustitutivas y arraigo para Eddy Berdeja y Wilson Marcelo Urey, acusados de presuntamente financiar la quema del edificio de la Fiscalía departamental de Santa Cruz, ubicado en el segundo anillo y avenida Monseñor Rivero.

El abogado de los acusados, Carlos Hugo Vaca, informó a EL DEBER que el juez también determinó, entre las medidas sustitutivas, que sus defendidos deberán pagar una fianza de Bs. 30.000 y presentarse cada 15 días a las oficinas del Ministerio Público.

Al momento de ingresar a la audiencia, en horas de la tarde del viernes (ayer), Urey habló con los medios y negó tener alguna relación con el gobernador Luis Fernando Camacho. Cuando se le consultó si era compadre de la autoridad, respondió que sólo lo conocía como cualquier persona, descartando cualquier amistad o vínculo familiar.

“Soy totalmente inocente, espero que se haga justicia. No tengo ninguna relación (con Camacho) cómo voy a financiar”, dijo.

Marcelo reconoció que realizó la compra de algunas pausas o petardos, pero que se dio en otro momento y no tras las movilizaciones que se desataron en Santa Cruz cuando aprehendieron al gobernador cruceño el 28 de diciembre.

Justamente desde el día que las fuerzas del orden aprehendieron violentamente a la primera autoridad departamental para trasladarlo en un Súper Puma hasta La Paz, en Santa Cruz se registraron varios días de movilizaciones que derivaron en enfrentamientos con la Policía en inmediaciones del Comando y en la Fiscalía, que fue completamente quemada y destruida.

Osvaldo Tejerina, fiscal asignado al caso, manifestó antes de su ingreso a la audiencia que se estaba solicitando la detención preventiva por el lapso de 180 días para Berdeja y Urey, ya que asegura que el hecho existió y se corroboró la denuncia mediante las cámaras de seguridad.

“Han colectado dinero a través de QR para la compra de explosivos. Se corrobora mediante las cámaras de vigilancia y ellos fueron sorprendidos”, indicó.

Las dos personas fueron acusadas por los presuntos delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado; robo, incendio e instigación pública a delinquir.  

“Uno de los indicios esenciales que tenemos es el desdoblamiento de un teléfono celular, donde es evidente la existencia de grupos de WhatsApp, donde tienen un lineamiento con relación a sostener las manifestaciones y los hechos que se llevaron adelante en la quema de la Fiscalía", afirmó en la oportunidad.

Por este caso, 15 personas guardan detención preventiva en la cárcel de Palmasola, según informó la Fiscalía.