La burocracia sigue siendo cruel con los deseos de ser padres

Una pequeña perdió la oportunidad de tener un hogar porque U.D. decidió que ya no quería intentarlo; se rindió a los pies de una burocracia que no comprende acerca de sueños.

U.D. y su pareja llevan muchos años juntos, pero en ese tiempo no pudieron tener hijos biológicos, a pesar de haberse sometido a varios tratamientos de fertilidad.

Ansiosos de agrandar la familia, se abrieron a la adopción, contrataron a un abogado, pero entre la pandemia y las ‘pititas’, el de por sí burocrático procedimiento se vio más perjudicado que de costumbre. Y después de tres o cuatro años de apostar por esta alternativa, finalmente la descartaron.

U.D. encontró la respuesta a sus sueños de maternidad, una que no precisamente sigue el camino de la legalidad. Consiguió una madre desesperada por deshacerse de su niño recién nacido, y lo registró como propio, fue más sencillo hacer eso en zonas alejadas de los centros urbanos.

“Para adoptar hicimos todos los trámites como tres veces, pero es una ‘huevada’. La Gobernación te da requisitos que tienen validez entre tres y seis meses; a medida que vas haciendo las cosas no solo te dedicás a eso, sacás un papel, el otro, etc., y hay un trámite para el que te piden otros diez trámites, y cuando ya tenés algunos, otros se vencieron, y hay que repetir. La duración tendría que ser acorde a los tiempos reales de la burocracia”, cuestionó.

U.D. dijo que en medio le tocó el periodo de las ‘pititas’, y más la pandemia, nunca encontraba juez, luego le pedían esperar que pasen las elecciones, pero nada salía bien, hasta que finalmente, con su esposo, se resignaron a medios poco convencionales.

Una de las cosas que más molestó a U.D. es que cuando pidió una niña entre 0 y 4 años, le dijeron que no había. “Puede alguien creer que en un país donde todos los días abandonan niños no exista una niña de esa edad”, cuestionó.

Incluso U.D. intentó conseguir su objetivo bajo la figura de la guarda con fines de adopción, que supuestamente es más simple que la adopción directa, pero que pone en riesgo a los solicitantes de que aparezca algún familiar a interponerse, pero ni siquiera así fue posible.

V.S. vive en provincia. A diferencia de U.D., llegó a feliz término; después de más de dos años de trámites tiene a una niña que figura legalmente como su hija; sin embargo, no fue sencillo, V.S. cree que el secreto de su éxito fue el abogado que se consiguió, que tiene trayectoria laboral en defensorías de la niñez y adolescencia, en la Gobernación y que también conoce gente de los hogares infantiles y que “sabe cómo moverse”. Precisamente por eso, fue lo más caro de todo el proceso.

V.S. tuvo que hacer el trámite en la capital cruceña porque le resultaba más complicado en provincia, “sobre todo por la falta de experiencia en estos temas y porque las oficinas de la Gobernación, que hacen las evaluaciones, están en la ciudad”, explicó.

La solicitante afrontó dos procesos legales, uno para pedir la guarda con opción a la adopción y luego otro, sugerido por su abogado, para hacer la conversión a la adopción definitiva.

La diferencia es que en la guarda con posible adopción se puede acceder al menor cuando el trámite ya está iniciado, pero se corre el riesgo de que aparezca algún familiar a reclamarlo. En cambio, la adopción es irrevocable, pero resulta más burocrático que el niño se encuentre pronto con quienes desean darle un hogar, porque debe esperarse que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirme que el menor está libre de todo vínculo jurídico.

V.S. considera que la peor parte de todo, lo más difícil, es encontrar niños en condiciones de adoptabilidad, es decir que estén liberados completamente de cualquier reclamo futuro de sus padres o de otros familiares.

Con V.S. coinciden Ariel Villarroel, ex director del Programa de Asistencia Social de la Gobernación, y también Erlan Peña, actual asesor legal de esa misma oficina departamental. Según Villarroel, que estuvo a cargo de las adopciones por diez años, el “cuello de botella, donde siempre ha atorado todo, que no es un secreto y que hemos denunciado, es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (dependiente de la Alcaldía)”, dijo.

De acuerdo a su versión, la Defensoría nunca tenía listo el dato de la situación legal de los niños y por esa razón la gente optaba por hacer una guarda con fines de adopción, que al final era como hacer dos procesos en uno.

Peña dijo que “tristemente” la definición de la situación jurídica de los menores no es competencia de la Gobernación. “Sí hubo una actualización en la normativa a través de la Ley 1168, y 1371, sin embargo, los procesos siguen siendo lentos porque los menores no tienen su situación definida, peor aún, los casos de provincias son los más estáticos por falta de capacitación a los jueces y por falta de sistemas de internet para subir los datos de los niños al Sistema de Registro Único de Adopción Nacional e Internacional (Ruani), explicó.

El asesor legal de Asistencia Legal dijo que cuando un menor tiene su situación jurídica definida, es decir cuando queda claro que ya no volverá con sus padres, el juez de la materia, previo proceso que hace con la Defensoría, sube su información a este sistema para que el menor pueda ser asignado en un proceso de adopción. “Pero en la vida real ese proceso es súper lento, e influye en el resto del proceso”, aclaró.

Como Gobernación se hizo una gestión ante el Tribunal Departamental de Justicia, pidiendo el cumplimiento de la Ley 1168, puesto que establece que los procesos tendrían que haber concluido, hablo de hace dos años y hasta la fecha no se ha definido la situación de todos los niños, y de hecho, la situación de los menores que entran a un centro de acogimiento es que deberían ingresar a un centro, pero cuando no haya nadie más, es decir cuando ya se agotó la instancia de la familia, de que los padres podían hacerse cargo, o de la familia ampliada. Es ahí cuando deberían entrar a un centro de acogimiento, sin embargo, en la práctica, el centro de acogimiento es la primera opción.

Peña además informó que, como Gobernación se hizo una gestión ante el Tribunal Departamental de Justicia, pidiendo el cumplimiento de la Ley 1168, puesto que establece que los procesos tendrían que haber concluido hace dos años, pero hasta la fecha no se ha definido la situación de todos los menores.

Más grave aún es que la situación de los menores que entran a un centro de acogimiento ya debería estar definida, dijo Peña, quiere decir que los menores recién deberían llegar a un centro cuando ya se hubiera agotado la instancia de la familia, de que los padres podían hacerse cargo, o de la familia ampliada (tíos, abuelos, etc.) “Sin embargo, en la práctica, el centro de acogimiento es la primera opción”, cuestionó.

Es más, citó las normativas 1168 y 1371 que, de acuerdo al experto legal, deja claro que la Defensoría, tras el rescate del menor, tiene 72 horas para poner el caso en conocimiento de la autoridad judicial, y que, pasados los 30 días del rescate, tiene 48 horas para iniciar el proceso de filiación, o de extinción de la autoridad materna o paterna.

En este punto, aseguró que, por mandato de la normativa, la Gobernación se ve atada de manos, porque la atribución de definir la situación jurídica es competencia de la Defensoría y del juez, que debe dictaminar que el menor no vuelva con su familia, ya sea por abandono o por vulneración de sus derechos. El asesor aclaró que todo el procedimiento de la adopción, en cualquiera de las instancias, es completamente gratuito y no debería requerir abogado. U.D. y V.S. creen que sin abogado sería imposible siquiera arrancar.

Roxana Ortiz, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, explicó que el municipio recibe un promedio de 350 menores al año, no todos con posibilidad de ser adoptados. Indicó que la norma da un plazo de 30 días, pero muchas veces conseguir a la familia, y los datos médicos, se extiende un poco más. “Pero tratamos de poner a los niños en acogimiento institucional dentro del plazo, la ley manda agotar todas las instancias, ya que el ingreso a un hogar es el último recurso que debe contemplarse”, dijo.

La pandemia

En la gestión pasada de la Gobernación se informó que la pandemia había afectado a la demanda de adopción y la guarda, y que hasta finales de septiembre de 2020 solo se habían registrado 23 solicitudes de guarda con fines de adopción, y ninguna de adopción.

Para revertir esto y, como forma de prevenir el contagio de covid-19, se organizaron cursos de preparación de padres adoptivos, pero poco se profundizó en los obstáculos con los que se encuentran los solicitantes.

En esa fecha se explicó que, de acuerdo a la Ley 1168, los procesos de adopción tendrían una duración de tres meses, sin embargo, no avanzan nunca en las fechas establecidas por norma.

En el departamento de Santa Cruz se tiene un aproximado de 1.700 menores acogidos institucionalmente, muchos de ellos en total estado de abandono por parte de sus padres y familiares.

Datos de la Gobernación indican que cuando la niña o niño cumplen cuatro años, esto disminuye dramáticamente la posibilidad que tienen de tener una familia a través de la adopción o la guarda con fines de adopción. El caso de los adolescentes es todavía más dramático, tienen muy pocas probabilidades de ser buscados por una nueva familia y lo mismo sucede con los menores con discapacidad, por esa misma razón, son considerados prioridad en este proceso.

Un caso en Tarija

Johnny Torres, alcalde de Tarija, se vio obligado a intervenir en un caso de adopción, debido a que la burocracia puso en riesgo la salud emocional de una mujer y un menor.

Gael, un bebé de un año y 3 meses de edad, se reencontró con su madre adoptiva por mediación de Torres, luego de haber sido arrebatado por dos funcionarias de la Defensoría, por omitir un requisito en el proceso.

El alcalde instruyó la restitución del menor a su madre adoptiva, con quien se reunió previamente. “Separar a ese niño de su madre es cruel, él no entiende de procesos legales. Hubo un abuso de autoridad y nosotros estamos para proteger a las personas”, expresó la autoridad edilicia, que despidió a las funcionarias.

Gael, que está con esa familia desde los seis meses, pasó una noche alejado de los brazos de su madre por elección.

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