La crisis deja sin comida a las cárceles, Palmasola protesta y la factura llega a Santa Cruz

La crisis golpea a las cárceles del departamento. Los internos del régimen abierto del penal de Palmasola, también conocido como PC-4, protestaron ayer porque el servicio de alimentación se interrumpió hace una semana. El contratista encargado de preparar la comida dejó de recibir la asignación del prediario —Bs 8 para cada interno— hace tres meses.

La deuda puede llegar a los Bs 7,9 millones por un total de 11.000 internos recluidos en las cárceles del departamento; 9.000 de ellos están en Palmasola, el centro penitenciario más poblado del país.

“¡Rancho!, ¡Rancho!” Fue el estribillo de los privados de libertad, más del 70% con detención preventiva, para exigir a las autoridades que sufraguen esos pagos.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, estuvo ayer en penal. Ante el mitin que se organizó allí, precisamente en el PC-4, el funcionario afirmó que el pago de esta deuda corresponde “a una obligación” de la Gobernación de Santa Cruz.

Anticipó así gestiones para que se viabilicen esos pagos para evitar que los internos pasen hambre. Eso sí, dijo que existen detenidos “que tienen a sus familias”, pero hay otros, los más vulnerables, que dependen del prediario para comer. Se trata de una asignación de algo más que medio dólar, según la cotización paralela que está vigente por la ausencia de divisas.  El país ya no capta la misma cantidad de la moneda americana debido a la reducción de las exportaciones de hidrocarburos, según datos oficiales ampliamente comentados por especialistas en economía.

“Hemos hecho gestiones con la Gobernación y con la Asamblea Departamental (de Santa Cruz), pero, lastimosamente, no vemos eco en estas gestiones. Las personas privadas de libertad en su justo reclamo están protestando respecto a esa obligación que tienen la Gobernación”, precisó Limpias ante los detenidos,

“Hay una responsabilidad de la Gobernación, de acuerdo a normativa, en el pago de la alimentación de las personas privadas de libertad, entonces, llamamos a un poco de reflexión para hacer los esfuerzos necesarios y cumplir con esta necesidad que tienen los privados de libertad”, afirmó.

Limpias pidió a los reclusos hacer un cuarto intermedio en sus protestas y luego indicó que la demanda será atendida.

En tanto, Mario Aguilera, el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, explicó que el pago del prediario para el pago del llamado “rancho” o el alimento de las personas recluidas en el penal de Palmasola, así como el resto de las carceletas del departamento no es una competencia autonómica, sino “delegada” por el Gobierno.

Aclaró que “no una obligación” constitucional de las gobernaciones departamentales hacer estas erogaciones en favor de la alimentación de las personas recluidas. La autoridad departamental indicó que la falta de recursos y el incumplimiento en la transferencia del Presupuesto General del Estado han agravado la situación de los privados de libertad. De hecho, una de esas fuentes de ingresos emerge de la exportación de hidrocarburos, una fuente de recursos en franco declive.

“Estamos realizando una reingeniería financiera para cumplir con estas necesidades lo más pronto posible, pero, esta responsabilidad debería ser asumida por el Gobierno nacional, al igual que otras 16 competencias que no corresponden a los gobiernos autónomos departamentales, como el pago de títulos de bachiller o bonos de vacunación”, argumentó.

El gobernador también destacó que los ingresos departamentales han disminuido debido a la caída de la producción petrolera y gasífera, que históricamente ha sido la principal fuente de recursos. De hecho, el Gobierno fue activando decretos para transferir competencias cuando la renta petrolera estaba al alza y la administración anterior aseguraba un clima de bonanza económica en el país.

Los privados de libertad, con pancartas y ollas vacías, reclamaron por la crítica situación alimentaria que afecta a más de 11.000 reclusos en el departamento. “Hace dos semanas que no comemos como se debe. Aquí hay personas de la tercera edad y jóvenes con problemas de salud que están sufriendo esta situación”, declaró un interno entrevistado por medios periodísticos.

 “Es una deuda que no podemos ignorar; el derecho a la alimentación está siendo vulnerado, más aún en una fecha tan simbólica como el Día Internacional de los Derechos Humanos”, dijo Limpias respecto a la polémica sobre qué entidad se hace cargo del pago de los prediarios para los internos.

El funcionario que llegó hasta el mitin les pidió paciencia a los detenidos y luego la movilización se detuvo. Limpias también informó que la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos están interviniendo para buscar una solución inmediata a estas demandas vinculadas con la crisis económica que sufre el país.

Reclamo regional

El 27 de noviembre, siete de los nueve gobernadores del país rechazaron al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, argumentando incumplimientos de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional. Uno de ellos, el compromiso de “devolver” las competencias como el pago de prediarios.

Según el documento firmado por los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, junto a los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, el presupuesto proyectado no incorpora compromisos asumidos en el último Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que era, precisamente, la idea de compartir responsabilidades.

Estado de emergencia

Los privados de libertad se habían declarado en estado de emergencia el viernes pasado.  Durante el fin de semana ya hubo protestas en Palmasola y Cerprom de Montero. Reclamaron a la gobernación por el pago de esos recursos.

Wilman Montaño, representante de la empresa encargada de la concesión de alimentos, confirmó que los reclusos no han recibido desayuno, almuerzo ni cena desde el miércoles de la pasada semana.   “La provisión de alimentos se cortó desde el desayuno de hace dos días. Nunca antes se había interrumpido, pero la situación ya es insostenible”, afirmó Montaño.

Tanto Aguilera como Limpias anticiparon ayer que se debe buscar una salida urgente a esta crisis, mientras en otras regiones del país se dio un panorama parecido, precisamente por la falta de recursos. Ayer, la Asamblea de Chuquisaca aprobó una normativa para que financiar los prediarios.

En abril de 2023, había 25.940 privados de libertad en el país, mientras que en abril la cifra subió a 30.659; 62,5% preventivos.

Protestas
Además de la protesta de Palmasola, la pasada semana, los detenidos de Chuquisaca protagonizaron protestas para exigir el pago de prediarios.

Protagonismos
El director de Régimen Penitenciario estuvo ayer en Santa Cruz para apoyar la demanda de los internos en su reclamo a la gobernación de Santa Cruz.

Autonomía
El gobernador Aguilera lamentó que el Ejecutivo no haya respetado el acuerdo para la “devolución” de las competencias al Gobierno central.