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La fecha prevista para que la ex alcaldesa interina del municipio cruceño, Angélica Sosa, preste su declaración informativa, como parte de la investigación que se le ha iniciado a la ex autoridad, está prevista para el próximo 14 del presente mes, según informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Sosa es investigada, junto a la ex secretaria de Administración y Finanzas, Sandra Velarde, y el ex director de Recursos, Javier Abraham Cedeño, por presuntos contratos irregulares de personal durante su gestión. 

Los delitos por los cuales se los acusa son uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica.

Sobre el avance de la investigación, el representante del Ministerio Público agregó que  se encuentra en una etapa preliminar, “la cual tendría que ampliarse porque se tiene que llamar a declarar a diferentes personas en calidad de testigos”.

También se refirió al memorial presentado por la defensa de la exalcaldesa interina, indicando que con esa acción “seguramente tiene la intención de someterse al presente proceso penal”.

Solicitan lista

El concejal por la agrupación Demócratas, Manuel Saavedra, adelantó a EL DEBER que se ha solicitado al Ejecutivo municipal, la lista de más de 1.200 funcionarios, que habrían cobrado sueldo sin trabajar, generando un gasto aproximado de más de 25 millones de bolivianos.

“Queremos saber quiénes son estos funcionarios fantasmas para poder asociarlos porque seguramente habrá parientes y también estarán relacionados con otros funcionarios municipales”, dijo.

Entonces este hecho, continuó el edil, debe investigarse porque estas contrataciones se habrían realizado durante la campaña para las elecciones subnacionales, entre enero y marzo del presente año.

“A estas personas se las contrató para que hagan campaña política y se les pagó con la plata de la ciudad, que no es un tema menor, lo que debe ser investigado”, añadió Saavedra.

Agregó que se debe sentar un precedente para que todo funcionario público que se enriquece con el dinero del ciudadano, debe ser sancionado. Este medio intentó obtener la palabra de la defensa de la exautoridad, pero su abogado José Negrete, no contestó al requerimiento.


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