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La entrega de pruebas de anticuerpos para detectar el coronavirus que fueron entregadas vencidas a los municipios de San Julián, San Ramón y Cuatro Cañadas desencadenó una auditoría interna dentro de Servicio Departamental de Salud (Sedes) y que varios funcionarios sean removidos de su cargo. 

Sin embargo, la polémica continúa, pues el ministro de Salud, Jeyson Auza, calificó esta acción como un atentado contra la salud y pidió sancionar a los responsables. Desde de la Gobernación argumentaron que se trató de un “error técnico” y que tenían un plazo de poco más de un mes para repartirlas.

La tarde de este martes, el director del Sedes, Erwin Viruez, dijo que recibieron estos reactivos y distribuyeron 320 a los municipios cruceños, pero aclaró que tras conocer que había pasado su fecha de caducidad no fueron utilizados y se pidió su devolución, para posteriormente reponerlos.

Fueron repuestas inmediatamente por pruebas de antígeno nasal, es decir, se recuperaron las pruebas vencidas y no se utilizó ni una. La excepción fue San Julián, que no quiso devolverlas, pero sí recibió las nuevas”, dijo Viruez.

De acuerdo a los datos de la Gobernación cruceña, las pruebas de anticuerpo (que se aplican en el dedo) fueron recibidas el 18 de marzo y vencían el 23 de mayo. Sin embargo, no se tomó en cuenta este dato, y los reactivos fueron derivados a los municipios en junio, lo cual fue considerado por Erwin Viruez como un “error técnico que fue subsanado”.

El director del Sedes lamentó que las pruebas hayan sido entregas al “límite de su vencimiento” por la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass) del Ministerio de Salud, pero señaló que ya se realizó una auditoría interna para sancionar a los funcionarios que no se percataron de la caducidad y las repartieron. Algunos trabajadores ya fueron separados de sus cargos a la espera de que termine la investigación, para identificar las responsabilidades.

El sábado, cuando se conocieron las denuncias de los alcaldes de San Julián y Cuatro Cañadas tras recibir las pruebas vencidas, la Gobernación cruceña emitió un comunicado en el que pedía disculpas a la población e instruía la realización de una auditoría interna para "determinar la responsabilidad de los funcionarios".

Ante esta situación, el ministro de Salud, Jeyson Auza, se pronunció esta mañana indicando que las disculpas no son suficientes para la ciudadanía y calificó el hecho como un atentado contra la salud, por lo que pidió sancionar a los responsables.

“El hecho de realizar un diagnóstico a la población con pruebas que estén vencidas y que no tengan la efectividad correspondiente, se constituye en un atentado a la salud pública sobre todo en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”, dijo en rueda de prensa

Auza alertó que es muy peligroso que una persona no reciba el diagnóstico efectivo o equivocado, porque se creerá sana y puede llegar a contagiar a su familia o entorno laboral y vecinal que desencadene en efectos letales, por ello, subrayó que se deben tomar acciones inmediatas al respecto.

“Instamos a quienes corresponda asumir las acciones que vayan orientadas a administrar las sanciones del caso”, acotó el ministro.

Al respecto el alcalde del municipio de San Julián, Willy Calderón, denunció que existió una intencionalidad política del gobernador Luis Fernando Camacho en la entrega de pruebas antígeno nasales caducadas en municipios donde ganó el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Tenía un objetivo político. La intención era esa, porque en Cuatro Cañadas ha ganado el MAS, San Julián es bastión del MAS, en San Ramón ganó el MAS, ¿no es cierto? Lo que ellos buscaban era convulsionar a la gente y de esa forma lograr su objetivo (…); pero el plan le salió al revés y ellos están preocupados”, mencionó Calderón a la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Por su parte, el diputado del MAS, Anyelo Céspedes, solicitó el fin de semana un informe escrito a Camacho, a raíz de la entrega de pruebas vencidas y al igual que Auza, calificó el hecho como un "atentado contra la salud de los bolivianos". En caso de que no se entregue la información correspondiente, el gobernador podrá ser convocado a la Cámara de Diputados para que presente el consiguiente informe oral.

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