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La justicia denegó la acción de libertad planteada por la jueza del municipio de Cabezas, Janeth Esperanza Castro Martínez, y su asistente Carolina Rojas Castro, que demandaron a los fiscales y policías de la unidad Anticorrupción, por presuntos excesos cuando trataron de conducirla para que presente su declaración al existir un mandamiento de aprehensión en su contra, emitido de acuerdo a la norma dentro de una investigación que le sigue el Ministerio Público.

Los vocales de la Sala Constitucional Primera, Hernán Seiwald Suárez y Carla Arancibia, de manera unánime, después de escuchar y hacer una valoración de los argumentos de las dos partes, en este caso de la jueza Castro Martínez y de los demandados, falló denegando la acción de libertad, lo que significa que deja la vía expedita para que la jueza con su asistente se sometan a la norma y las autoridades del Ministerio Público sigan adelante con la imputación en contra de las funcionarias judiciales.

En su parte resolutiva, los vocales llamaron a la reflexión a la jueza por considerar que ella no goza de privilegios y que así como todos los estantes y habitantes deben someterse a la ley, ella "debe ser un ejemplo como autoridad de la justicia".

Respecto al argumento de Castro Martínez, sobre la presunta vulneración de sus derechos por parte de policías y fiscales, los vocales concluyeron que existe un mandamiento de aprehensión, cuatro citaciones y tanto la Policía como la Fiscalía actuaron enmarcados en la norma.

Los policías hicieron cumplir solo una orden legal para que acuda a prestar su declaración a la que ella se resistió, señala el fallo. Los magistrados establecieron que toda persona que no cumpla a una orden legal, debe someterse al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal y debe ser aprehendida y conducida ante una autoridad.

La Sala Constitucional concluyó que no se vulneró ningún derecho de la jueza Castro Martínez y que, según la valoración, ella obstaculizó el normal desarrollo de la justicia en un proceso de investigación abierto en su contra de manera legal.

Luego del fallo, la Fiscalía presentará la imputación contra la jueza y su asistente por delito de incumplimiento de deberes, por abandonar de manera permanente y cerrar el juzgado en Cabezas, causando perjuicios a ciudadanos, policías y fiscales que deben de trasladarse hasta La Guardia y El Torno para que se les resuelva los casos con detenidos por diferentes delitos penales.

Consejo de la Magistratura

Se conoció de manera oficial de que luego del hecho, el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz realizará una auditoría a todos los expedientes del juzgado de Cabezas, ante los reclamos permanentes formulados por pobladores, fiscales y policías por la ausencia de Castro Martínez en su lugar de trabajo.

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