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“Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El sistema único será universal, gratuito, equitativo (...), con calidad, calidez y control social (...)”, dice el artículo 18 de la Constitución Política del Estado.

En la práctica esto no se cumple, ni en el Sistema Único de Salud, ni en la seguridad social a corto plazo, menos aún en los servicios privados. Más allá de cualquier argumento burocrático, los bolivianos están librados a su suerte, lo muestran las kermeses de cada día, los pedidos de aportes solidarios en redes sociales, la cantidad de voluntariados y los pacientes que mueren esperando ficha o un remedio.

Uno de ellos es Alejandro Salas, un guardia de seguridad a quien le diagnosticaron necrosis avascular, es decir muerte del tejido óseo por falta de irrigación sanguínea. Tuvo que juntar $us 4.500 para no perder una pierna. Las actividades que realizó no fueron suficientes para cubrir ahora la recuperación.

En la seguridad social a corto plazo el drama no dista mucho, a pesar de que tanto las empresas como los particulares aportan para sentirse protegidos, no logran una cobertura completa.

Sonia Vincenti lleva ya tres meses pidiendo a Dios que su aneurisma no explote. Se lo diagnosticaron en la Caja Nacional de Salud (CNS), donde está asegurada, pero no le cubren el stent-graft, un dispositivo que reduce la presión sobre la pared de la arteria debilitada, y que además le disminuiría el riesgo de muerte.

Inicialmente le dijeron que costaba $us 15.000, monto que después se elevó a 20.000.

“Si se me revienta el aneurisma, hasta ahí llegué. En la CNS me dijeron que lo consiga y que después me devolverían”, dijo Vincenti, pero está convencida de que no le devolverán un peso, pues ya se hizo una arteriografía, que le costó más de Bs 3.000, introdujo la solicitud de devolución y hasta ahora no le dan lo que gastó, dice que la mandan de un lado para otro.

Ha organizado un par de actividades para reunir dinero, pero no fueron suficientes y el temor le gana. “Quiero que me operen, me da miedo que algo me pase, ojalá que se sepa que la CNS no tiene nada, que uno cada mes deposita una platita, pero de qué sirve”, lamentó. La paciente dijo que cuando conversa con la gente en la fila, sale más angustiada. “Dicen que debieron vender terrenos y casas para hacerse operar, y que hasta ahora no les devolvieron”, se entristeció.

Otro viacrucis es el que vivió Betzabé Roca, cuando ella y su esposo -fallecido- enfermaron de coronavirus, hace más de un año, y fueron atendidos por el Sinec, de la seguridad social a corto plazo.

Dice que tuvo que pagar sus remedios, pero que no sintió mucho el gasto porque no fue paciente de gravedad, “pensaba que ya bastante hacían con atenderme”, confesó.

La parte dura fue cuando cayó su esposo, Luis Catalá, ya que fue enviado a la temida Unidad de Terapia Intensiva (UCI), que puede dejar en la calle a las familias por los altísimos costos.

En total, Catalá estuvo ingresado un mes, y de todo ese tiempo, una semana en UTI. “Gastábamos como Bs 6.000 al día. Todo el tiempo nos decían que compremos y que después nos devolverían; el seguro nunca tiene medicamentos, solo burreras, y cuando el enfermo es de uno, hay que sacar plata de donde sea para que no muera”, lamentó.

Roca no recuerda cuánto se hizo el gasto total de ella y su esposo, pero cree que eran aproximadamente Bs 50.000. Dice que cuando su familia llevó las facturas, en el Sinec empezaron a depurarlas, y dijeron que solo les darían Bs 4.000, hasta que finalmente, a través de una conocida que trabaja ahí, Roca se enteró de que no le devolverían ni un centavo, “nos salieron con que entregamos a destiempo, inventaron excusas, cómo que a destiempo, si ellos vueltearon”, se quejó.

Era tanto su dolor, que Roca quedó sin ganas de pelear, apenas con energía para agradecer a Dios por seguir con vida; sin embargo, sus hijas hicieron reclamos formales por varias cosas, una de ellas, que las enfermeras apenas entraban una vez al día a ver a los pacientes UTI.

“Según las enfermeras, solo les daban indumentaria de bioseguridad para entrar una vez a la UTI. Por eso mis hijas compraron como 25 juegos completos, y ni así visitaron más a mi esposo”, dijo,

Un año después sigue padeciendo para sacar ficha de especialidad. “Dan las fichas hasta para un mes después y los análisis que hacen ya no sirven”, indicó.

La representante de una de las empresas aseguradas en el Sinec, que pidió no dar nombre, explicó que existe un listado oficial de medicamentos que todos los seguros deben proveer, y que se conoce como vademécum, que es cierto que el seguro no cubre ciertas cosas, tema que está regulado por el Ministerio de Salud, pero cuando se solicita esa lista, no hay respuesta.

“Si el medicamento está en la lista de lo que el seguro debe proveer, la caja está obligada a pagar el 100 % en caso de que no lo tengan”, dijo, pero reconoció que es complejo reclamar si no se tiene la lista.

B.S., de 86 años, aporta a la Caja Petrolera de Salud (CPS), hace poco se cayó y fue a Emergencias para que la revisen. El médico de turno le movió el brazo, le miró el mentón que sangraba, y le dijo que no tenía nada, y que por favor en otra no se caiga.

Tuvo que acudir a instancias superiores para que finalmente le encuentren una fractura en el brazo y le hagan sutura en el mentón, que pudieron empeorar debido a la omisión.

Criminalización de la salud

Uno de los especialistas del Hospital de Niños, que pidió el anonimato, dijo que el sistema de salud boliviano comete crímenes de forma silenciosa, al postergar las atenciones y los análisis por falta de condiciones, ya que con la tardanza los cuadros se agravan.

Puso como ejemplo que cada vez aparecen más niños con cálculos en la vesícula y que si son pequeños, se movilizan y pueden obstruir el conducto del páncreas y derivar en pancreatitis. Reconoció que muchos de ellos quedan esperando por un espacio, que a veces no se abre por la falta de médicos y excesiva demanda.

Retrasan el tratamiento y ponen en peligro sus vidas. A veces por negligencia de los padres, pero también porque no consiguen una ficha. Hasta una simple diarrea puede derivar en shock”, lamentó.

El pediatra dijo que hay un número limitado de fichas por especialidad y que los padres deben amanecer esperando una y que él mismo debe esperar un mes para conseguir quirófano libre.

Otro médico del Hospital Japonés dijo que los fines de semana no hay cirujano pediátrico de emergencia. “Solo hay uno en el Hospital de Niños, que no puede resolver todas las emergencias del departamento. En las campañas electorales el caballito de batalla es la salud, pero cuando llegan al poder es el opa del segundo patio. Ahora sabemos que la plata que no usan en médicos la gastan en fantasmas”, apuntó.

El padre Mateo Bautista, que ahora trabaja en Perú, dijo que el SUS es un seguro de mínimos, y que por eso en Bolivia todo el día hay que estar en campaña.

Sobre esta “criminalización de la salud”, puso como ejemplo que cuando era capellán en el Oncológico, y veía casos serios de leucemia, lo que hacían era poner y poner sangre hasta que el paciente moría, ya que la otra opción era buscar un trasplante de médula en el extranjero, que no siempre se daba.

El ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, explicó que en Bolivia no hay un Sistema Único de Salud, sino tres, el público o universal, el de la seguridad social a corto plazo (las cajas) y el privado.

Insistió en que para un Sistema Único de Salud no basta el 10% del presupuesto del Estado, sino el 18%. Agregó que el 33% de la población boliviana pertenece a la seguridad social, y que el restante 67% debería estar cubierto por el sistema público o seguro universal, pero que debido al pésimo servicio, muchos prefieren pagar e incluso optar por clínicas “chutas” y curanderos.

También agregó que al tener los tres niveles de Estado competencias distintas, cuando son oposición se “tabean”. En el caso de la seguridad social, lamentó que esté en manos de dirigentes de la COB. “Cuando yo estuve de ministro la CNS tenía un superávit de millones que daban para construir diez hospitales de tercer nivel. El problema de la seguridad es que está tomada por los movimientos sociales, politizada”, dijo.

Se pidió una versión de la CNS, pero no hubo respuesta, lo único que se dijo es que el proceso de reembolso es lento por los requisitos y porque la CNS acapara el 75% de los asegurados del país.

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