La senadora Rek considera que la CIDH debe cambiar de relatores

La senadora de Creemos, Centa Rek, se refirió a las observaciones que realizó Human Rights Watch (HRW) en los casos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y otros. Sugirió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería cambiar de relatores. 

"Esto (el informe de HRW) es un llamado a la CIDH porque definitivamente la justicia va a llegar, tenemos otros observadores y van a tener que ajustar sus cánones a la defensa de derechos humanos y no a una adscripción política, como esta institución está haciendo", disparó la senadora.

Agregó "pensamos que la CIDH tiene que hacer un cambio de relatores, y exigimos una respuesta para los bolivianos, no podemos permitir que sigan habiendo presos políticos".

Para la legisladora, el informe de HRW es un documento importante, en el que la entidad "hizo apreciaciones como que definen que existen presos políticos en Bolivia y toman casos emblemáticos como el de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho".

Puntualizó que en el caso de Camacho, "ser sindicado por terrorismo es una situación ilegal, porque este delito tiene una amplitud y elasticidad muy grande en la legislación boliviana y es usado para persecución política".

Es más, Rek afirma que "deja claro que estas personas están presas injustificadamente, por una violencia del Estado, que está ejerciendo una acción ilegal, forzando situaciones para mantenerlos detenidos. Además, muestra el deterioro de la Justicia boliviana, usada como un brazo operativo del Gobierno. Incluso la autoprórroga está al margen de la Constitución. En Bolivia se está ejerciendo una práctica violatoria a los derechos humanos". 

Antecedentes 

En un informe, Human Rights Watch aseguró que revisó los documentos de la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y que “no halló pruebas que respaldaran la acusación por terrorismo” en su contra.

Entre los delitos que se le atribuye está, precisamente, el terrorismo, pero Human Rights Watch remarcó que ese es “un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplio”.

Desde el Gobierno 

La mañana de este viernes, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo aseguró que "tenemos como Ministerio de Gobierno toda una teoría del caso, de lo que sucedió el 2019, son más de 280 pruebas que hemos venido presentado al Ministerio Público, y éste tiene su propia documentación".

Es más, sostuvo que "será el Tribunal de Sentencia que vaya valorando si cada elemento presentado es o no una prueba. Todos esos elementos lo determina el Tribunal de sentencia, no el ministro ni un organismo internacional".

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