La polémica liberación de Leonardo R. C., un ciudadano colombiano calificado como “altamente peligroso” por las autoridades policiales, ha obligado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura a activar mecanismos de fiscalización interna y auditoría judicial para esclarecer el accionar de los jueces que le concedieron las medidas sustitutivas.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, confirmó que el caso ya fue remitido a la Unidad de Transparencia, que comenzó a recabar información de todos los jueces y vocales involucrados en el proceso que derivó en la controvertida decisión judicial.
“Nosotros el día de ayer (miércoles) hemos puesto a conocimiento a la Unidad de Transparencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos ya han requerido la información correspondiente a todos los jueces que están involucrados y también vocales en relación a este tema”, afirmó Saucedo este jueves.
La medida surge luego de que se conociera que los jueces Carlos Moreira y Anahí Añez decidieron otorgar la libertad al sindicado, quien actualmente se encuentra prófugo. El ciudadano colombiano enfrentaba graves acusaciones por delitos de robo agravado, organización criminal y asesinato.
Consejo de la Magistratura también toma cartasEl presidente del TSJ añadió que el Consejo de la Magistratura también se sumó a las acciones de control y seguimiento a los actuados de los jueces Moreira y Añez.
“En honor a la verdad, hay que decirlo, el Consejo de la Magistratura también ha instruido para que a través de control y fiscalización se hayan remitido los expedientes y hacer la revisión y las auditorías que correspondan. Es decir, ya se está trabajando en relación a ello”, explicó Saucedo.
De momento, no se ha anticipado ninguna sanción directa, ya que las autoridades de justicia aguardan los resultados de las investigaciones.
“Por eso, está trabajando la Unidad de Transparencia y también el Consejo de la Magistratura, y en base a lo que ellos nos informen se tomarán las acciones legales correspondientes. Antes de adelantar un criterio sería inválido”, señaló la máxima autoridad judicial.
El caso ha desatado un intenso debate público sobre la responsabilidad judicial en decisiones que podrían poner en riesgo la seguridad ciudadana. Mientras tanto, la búsqueda de Leonardo Rubio continúa a nivel nacional y las instituciones del Órgano Judicial intentan recomponer su imagen ante la opinión pública.
Por su parte, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gustavo Astilla, confirmó que Leonardo R. fue liberado 24 horas antes de la audiencia de juicio oral y, una vez libre, desapareció.
“Ya no asistió a la audiencia. Nuestro personal realiza tareas investigativas de inteligencia, porque este sujeto es altamente peligroso. Tiene antecedentes por robo agravado, asesinato y lesiones graves con arma de fuego”, afirmó.