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Los dos sujetos que fueron aprehendidos tras un enfrentamiento por predios privados en la comunidad El Carmen, donde resultaron heridas de bala dos personas, fueron liberados este lunes, durante una audiencia en el municipio de San Julián. Ante esta determinación, los afectados están pidiendo que la investigación la desarrolle la Fiscalía Departamental y se dé celeridad al proceso.

El abogado de las víctimas, Denver Pedraza, comentó que el representante del Ministerio Público, en audiencia cautelar, solicitó al juez la liberación de los aprehendidos porque supuestamente no encontró elementos para detenerlos, pese a que existen personas gravemente heridas.

“No los imputó porque supuestamente no encontró nada en su contra. Pero en realidad, el fiscal estaba con miedo, porque existían una gran cantidad de avasalladores resguardando el juzgado, a la espera de los resultados de la audiencia”, comentó el jurista.

Pedraza comentó que por esta determinación ahora están solicitando que el proceso sea derivado a la Fiscalía Departamental de la capital cruceña. Añadió que también están pidiendo que la investigación por tentativa de homicidio, lesiones graves, avasallamientos y otros sea ampliadas contra otras personas que participaron del conflicto.

“Mañana realizaremos la valoración forense a todos los heridos, que son más de 15 personas. Además, estos afectados presentarán su declaración ante la Fiscalía, para que se continúe, de manera ágil, con las investigaciones”, añadió.

Los enfrentamientos se registraron el sábado en diez propiedades con cultivos de soya y girasol del Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, zona ubicada entre el municipio de El Puente y San Julián. Entre los heridos están Juan Montaño, uno de los propietarios de los predios avasallados y su trabajador, Pascual Corma.

Por su parte, Luciana Oliver, esposa de Juan, coincidió con el abogado, al afirmar que el fiscal pidió la liberación de los sindicados por la presión que había por parte de los avasalladores. Además, consideró esta determinación “irresponsable”, pues indicó que los acusados deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

La mujer dijo sentirse amenazada por los campesinos que se asentaron en su propiedad y pidió garantías para proteger su integridad física, pues teme que sea atacada en represalias por la denuncia penal que presentó en contra de los acusados.

“Liberaron a los detenidos porque la fiscal tenía miedo. Yo también he sido amenazada y quiero las garantías necesarias para mi protección, mientras se desarrolla las investigaciones, porque mi esposo está en terapia y no existe ningún responsable sancionado”, lamentó.

Luciana dijo que mañana los propietarios afectados por los avasallamientos en la comunidad El Carmen brindarán una conferencia de prensa para explicar los pormenores de este conflicto que data de 2019.

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