Líderes del paro por el censo denuncian persecución del Gobierno
Alertan que el Ministerio Público ya presentó una acusación formal. Los cargos incluyen el presunto delito de terrorismo.
El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, denunció públicamente este viernes que "continúa la persecución política del Gobierno hacia los miembros del Comité Interinstitucional". De manera extraoficial, se conoció que el Ministerio Público presentó una acusación formal contra los impulsores del paro de 36 días por el censo realizado entre octubre y noviembre de 2022.
"Queremos denunciar públicamente que este Gobierno continúa con la persecución política a los miembros del Comité Interinstitucional. Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial que el Ministerio Público ha presentado una acusación formal para llevarnos a juicio oral por el solo hecho de haber exigido el Censo de Población y Vivienda," expresó Cuéllar en conferencia de prensa.
La acusación formal del Ministerio Público incluye al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; al rector Vicente Cuéllar; al vicerrector Reinerio Vargas; al expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y al abogado José Luis Santistevan. Los cargos incluyen terrorismo, resoluciones contrarias a la ley, racismo, discriminación, atentados a la libertad del trabajo y otros delitos.
El abogado Diego Coímbra, quien defiende a varios de los acusados, criticó que los delitos atribuidos no se fundamentan adecuadamente. "No se establece de manera individualizada cuál ha sido la conducta de cada uno ni se presentan pruebas concretas," afirmó Coímbra.
También denunció que el proceso se está llevando a cabo en La Paz, en contra de la normativa que establece que el juicio debería realizarse en Santa Cruz, lugar de residencia de los acusados y donde supuestamente ocurrieron los hechos.
Por su parte, el abogado Martín Camacho, defensor de Luis Fernando Camacho, señaló que "el Ministerio Público no ha recolectado pruebas suficientes para presentar esta acusación, lo que evidencia un tinte político en contra del gobernador y los demás acusados."
Rómulo Calvo, expresidente del Comité pro Santa Cruz, consideró que el gobierno busca desviar la atención de la ciudadanía ante su mala gestión. "El gobierno quiere cambiar la agenda mediática después de la payasada del autogolpe que se ha mandado en un momento donde más del 80% de la población boliviana da un rechazo a la pésima gestión que tiene", cuestionó.
Por su parte, el vicerrector Reinerio Vargas calificó el proceso como una persecución política. "Esto no es un juicio, es una persecución política. Este es un gobierno tirano, dictador, que nos quiere someter", declaró Vargas.
