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El coronavirus está comenzando a hacer estragos en las poblaciones indígenas de tierras bajas. Está pasando en San Antonio de Lomerío (Santa Cruz, provincia Ñuflo de Chávez), en el pueblo sirionó (Beni, provincia cercado), en Charagua (Santa Cruz, provincia Cordillera) y en la zona de Macharetí (Chuquisaca), como también en otras comunidades del país.

En todos estos lugares han resultado contagiados decenas de pobladores. En el caso de San Antonio de Lomerío se han tenido que lamentar muertes, además de la baja de todo el personal del hospital municipal, que ha dado positivo.

La gente que ha salido a los pueblos y a la cabecera de municipios a cobrar sus bonos se ha terminado contagiando en las aglomeraciones y han llevado el virus a sus comunidades. Es gente que no sale para abastecerse, porque ellos mismo se autoabastecen, pero, sin duda, que muchos necesitan de recursos, por eso han acudido a cobrar los bonos. Y ese ha sido el resultado”, asegura Leonardo Tamburini, investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (Cejis).

Tamburini considera que, en su momento, debió de haber una coordinación entre autoridades y las comunidades para establecer una política comunicacional culturalmente adecuada, la cual no se efectuó y ahora, con la emergencia encima, considera que es más difícil actuar con efectividad.

La mañana de este lunes, una comisión de autoridades nacionales, encabezada por la ministra de Medio Ambiente y Agua, Elva Pinckert, y el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Maikol Melgar Pareja, se dirigió al Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis), con el fin de entregar un lote de medicamentos para las comunidades de la zona.  

“Hemos recibido Bs 45.000 de medicamentos de diversas empresas, los cuales estamos entregando en las postas sanitarias para que puedan hacer las entregas a la gente que lo necesite.  Se ha llevado paracetamol, antibióticos y otras medicinas necesarias en esta época de pandemia”, informó Pinckert.

“Lo de esta entrega de remedios en el Tipnis es una ayuda totalmente extemporánea, debió haberse hecho cuando comenzó la pandemia”, opina Tamburini.

La situación es más preocupante para las poblaciones que tienen conexión estrecha con ciudades donde existe un alto número de contagios, como ocurre con el pueblo sirionó, cuyas comunidades se encuentran a 60 kilómetros de Trinidad (donde se reportan 2.207 contagios y 108 muertes).  

“En nuestro territorio no hay abastecimiento ni tampoco recursos para poder abastecerse. Solo cuando empezó la cuarentena vino la Gobernación con una dotación de víveres, con dos kilos de azúcar, de arroz y dos litros de aceite. Pero esas raciones nos duraron para tres días. Desde entonces no han aparecido. Necesitamos que nos ayuden”, reclamó el presidente del Pueblo Indígena Sirionó, Benjamín Anderson, que también subrayó que las autoridades del Sedes no toman en cuenta a las comunidades a la hora de hacer los reportes de contagios y el comportamiento de la pandemia.

Hasta este fin de semana se han reportado seis fallecidos en San Antonio de Lomerío, cuatro infectados confirmados en la etnia yuqui y uno en Urubichá (Santa Cruz, provincia Guarayos), y pese a que no hay casos en Macharetí, se conoce que en una planta petrolera cercana, 17 trabajadores de la estatal YPFB contrajeron el virus.

Esta situación ha motivado que diversas organizaciones de la sociedad civil exijan al Gobierno ejecutar acciones inmediatas de atención sanitaria para los pueblos indígenas.

Es urgente desarrollar acciones contundentes y prontas -como el envío de personal de salud y medicamentos, y la socialización de los protocolos de bioseguridad para la prevención y gestión de la enfermedad en aquellas personas que ya se encuentran contagiadas- para atender a los territorios, en coordinación con los gobiernos departamentales, municipales y las autoridades indígenas propias, en el marco del respeto de su autogobierno y libre determinación”, mencionan en la misiva, enviada a la presidenta Jeanine Áñez, con copia al Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tamburini recalcó que los pueblos indígenas tienen una problemática especial que no ha sido considerada por las autoridades al momento de enviar la ayuda. Conocer su organización social y el tema cultural es elemental antes de acercarse a ellos.

No es lo mismo el pueblo yuqui o el ayoreo, que el guaraní o el chiquitano. Incluso los del Tipnis no tienen que ver con otros pueblos del norte amazónico. En algunos lugares la gente se niega a recibir alimentos y medicamentos, porque hay toda una cuestión cultural que el Gobierno con entiende. Entonces, la estrategia debía estar trabajada desde marzo. Toda política tiene que ser culturalmente adecuada a la realidad de cada pueblo. Y eso es lo que no existe. No son poblaciones rurales, son pueblos indígenas”, añadió.