Avanza el avasallamiento en el aeropuerto de San Ignacio de Velasco y cívicos citan al alcalde

El avance de los avasallamientos en el municipio de San Ignacio de Velasco tiene en la mira al alcalde Ruddy Dorado, quien ha sido convocado a una audiencia pública por parte de diferentes instituciones para que dé respuestas y certezas sobre las acciones que se están tomando a fin de frenar la ocupación ilegal de la tierra.

La toma ilegal de tierras es un problema de larga data en el municipio ignaciano y un claro ejemplo se muestra en el aeropuerto Juan Cochamanidis, cuyo caso saltó en 2021 cuando se visibilizaron asentamientos que el 1 de febrero de 2022 se tradujo en la aparición de bardas, casas de concretos parcelamientos y apertura de calles.

El presidente cívico de San Ignacio de Velasco, Dino Franco, pidió que se tomen medidas y sostuvo que el pueblo ya no sabe qué hacer para frenar este tipo de situaciones, donde ya hubo un muerto por enfrentamientos en 2021.

En este sentido, los cívicos envían una carta al Concejo municipal para que el alcalde Dorado se presente en una audiencia pública para responder los motivos por los que no se toman acciones para frenar la ocupación de terrenos del aeropuerto, que es de dominio municipal. La audiencia ha sido fijada para el 2 de febrero.

“El alcalde sabe que el pueblo lo estará esperando, queremos que dé una explicación sobre lo que está haciendo y la solución que se va a dar al avasallamiento del terreno municipal”, sostuvo Franco.

Por su parte, el líder de los comités cívicos provinciales, José Ernesto Serrate, aseguró que la situación del aeropuerto no es un tema aislado, ya que también hay empresas privadas que han desmontado más de 50.000 hectáreas en las jurisdicciones de San Ignacio y San Miguel de Velasco, lo mismo que no tienen permiso para el uso agrícola, por lo que solicitó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) tomar cartas en el asunto. La situación se replica en San Rafael.

A esto se suma la toma de tierras en municipios como San José de Chiquitos, San Julián, Ascensión de Guarayos, Pailón y otros que tiene en alerta a los vecinos y a los cívicos.

“¿Qué ha hecho la Policía para frenar estos avasallamientos? Pese a que hay pruebas las denuncias pasan de largo. Debemos buscar la forma de tomar cartas en el asunto y ver qué hacer ante estos atropellos que cometen los interculturales, que son un brazo operativo del Gobierno”, manifestó Serrate.