Luego del paro y la ley, instituciones cruceñas lamentan el “afán de revanchismo” del Gobierno y denuncian persecución política

Tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado sobre la agrupación de las denuncias contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, y Vicente Cuéllar en un solo caso, que radicará en La Paz, la respuesta de las instituciones cruceñas no se hizo esperar.

Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, calificó el proceso como “persecución política”, puesto que considera que el Gobierno estaría “utilizando a la Fiscalía y al Poder Judicial” para cobrar venganza por los 36 días de paro en el departamento.

“Está claramente demostrado que el Gobierno masista ha activado una operación de persecución en contra de los cruceños a causa del paro cívico, esta operación de persecución la están ejecutando con la Fiscalía y con el poder Judicial”, señaló Suárez.

La pasada semana el Ministerio Público admitió las acusaciones contra los líderes cruceños, por los supuestos hechos de violencia registrados durante los 36 días de paro que cumplió la región por el censo. Este lunes, el Fiscal General, Juan Lanchipa, informó que por conexión se dispuso la agrupación de los casos en uno solo que está radicado en La Paz. 

Para Suárez, esto es una muestra de que el MAS está herido con Santa Cruz por la forma diferente de pensar de su población. “Santa Cruz ha mostrado al país que existe otra visión de país, una visión que no acepta que se vaya en contra de los derechos de los ciudadanos y que el país se maneje a capricho del presidente, sino que se tiene que manejar en base a las leyes, un país que no quiere ser reprimido por la Policía y que la Policía más bien lo proteja y cuide de su familia”, dijo Suárez.

Sobre el proceso, indicó que el gobernador Luis Fernando Camacho no ha sido notificado de manera formal, pero tiene conocimiento del caso por la vía digital y que su defensa personal y técnica está asumiendo la acción.

“Son procesos eminentemente políticos, no es un secreto para la población que así lo sea y lo que se busca es amedrentar a la gente para que no vuelva a parar o hacer uso de su derecho a la protesta, pero el gobernador está consciente de que eso no puede pasar, que se va a defender a los cruceños en cualquier instancia, en las calles o donde así lo amerite la lucha. El gobernador está firme con el pueblo cruceño y va a seguir defendiendo los ideales del pueblo y no va claudicar”, subrayó.

En la misma línea, el Comité pro Santa Cruz hizo público un comunicado en sus redes sociales donde denuncia persecución política por parte del Gobierno, que “con el afán de revanchismo y odio” y “utilizando a la justicia como su brazo represor”, está iniciando procesos penales contra los líderes y miembros del Comité Interinstitucional “por el solo hecho de haber cumplido el mandato del pueblo boliviano que ejerció su legítimo derecho a la protesta pacífica y constitucional durante los 36 días de paro cívico que consiguió la Ley del censo”.

Más temprano, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que presentará al menos dos millones de testigos en el proceso legal que anunció el Gobierno en su contra por el paro por el censo.

“Estamos en condiciones de presentar a dos millones de testigos para cuando seamos notificados y para ello vamos a abrir libros notariados”, afirmó la autoridad académica para referirse a la cantidad de personas que protestaron por la postergación del censo.

Por su lado, el fiscal adelantó que una comisión de fiscales programará el calendario de convocatoria para la declaración de los acusados y precisó que “son más de 10 delitos presentados en las diferentes denuncias que se han presentado en forma separada”.