Escucha esta nota aquí

Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), califica como "persecutoria" la propuesta de ley sobre legitimación de ganancias ilícitas que se aprobó la pasada semana en la Cámara de Diputados. La nueva norma viola derechos constitucionales como la presunción de inocencia, la preservación a los datos personales o el debido proceso, según el criterio de la legisladora.

"Se trata de un mecanismo extorsivo porque va a actuar por la vía legal para sacarte una multa antes de ir al mecanismo penal. La gente va a querer 'solucionar' sin importar si el hecho es verdadero o falso. Y poner platita a los directivos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que no le interesa si es real o no la información", señaló Nayar.

La diputada estuvo presente en el programa 'Influyentes' que se emite por EL DEBER Radio (frecuencia 103.3 FM) para analizar las implicaciones que plantea la ley. Hasta el momento, la norma ha sido aprobada en la Cámara de Diputados después de 17 horas de debate y resta la aprobación en senadores antes de que sea promulgada.

"La población puede sumarse a los pedidos para que esta ley no se lleve adelante", apuntó Nayar, para frenar "una ley que violenta la propia Constitución". "El Ministerio Público puede congelar las cuentas sin, necesariamente, tener en cuenta si sos culpable o no; vulnera la presunción de inocencia", complementó la legisladora.

La normativa permite a la UIF investigar cualquier actividad comercial, formal o informal y exigir la contrastación sobre la procedencia del dinero. En sí, expone Nayar, cuenta con la "capacidad de realizar investigaciones autónomas de manera paralela a las que pueda realizar la Policía o la Fiscalía".

Parte de las atribuciones de la UIF  permiten el acceso a los extractos de las llamadas telefónicas o a un extracto de los movimientos de las cuentas bancarias de manera casi inmediata. También se puede "acceder a tus datos personales sin un requerimiento fiscal. Eso supone una vulneración a  toda la protección de datos protegida en la CPE", insiste la diputada.

Las sanciones que se estipulan en el proyecto de ley contemplan penas administrativas que van desde multas, pérdida de las licencias de funcionamiento o destitución de los directores de empresas, hasta implicación penal con sanciones de hasta 20 años.

El procedimiento permite a cualquier persona denunciar "y le van a pagar". "La ley establece que se le va a dar un pago al denunciante e informante. Me pagan por denunciarlo sin importar si la denuncia es verdadera o falsa", observó Nayar.

Contrabando y narcotráfico

Desde las filas del Movimiento al Socialismo (MAS) se apela a los lineamientos investigativos del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) para justificar la ley de legitimación de ganancias ilícitas. 

Nayar cuestionó este argumento, cree que se trata de "una cortina de humo", ya que "el país ya cuenta con la adecuación legislativa de acuerdo a las normas internacionales".

El narcotráfico y el contrabando son objetos directos de las investigaciones que realiza la UIF. "Es evidente que deben ser sancionados, investigados y normados por sus propias reglas", confirma. Aunque lamenta que se quiera "meter a todos en la misma bolsa", suspendiendo la presunción de  inocencia.



Comentarios