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Acorralado. Así está el cordón ecológico, pulmón de la ciudad, y son las autoridades las únicas que pueden dar cumplimiento a la normativa que manda protegerlo.

El concejal de Comunidad Ciudadana (CC), Federico Morón, hace unos días denunció la existencia de parcelamiento y pavimento dentro del cordón, además de otras irregularidades.

A raíz de las denuncias, esta semana EL DEBER realizó una inspección en la zona y encontró maquinaria pesada trabajando en la parte de la final avenida Piraí, dentro de un predio privado, donde ya existe pavimento, que según los monitoreos alcanza casi siete kilómetros y que se encuentra aproximadamente a 100 metros de la orilla del río Piraí.

El asfalto sale por varios puntos, por un lado a la puerta del Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM), y por el otro a la calle por donde pasan los camiones areneros desde el Piraí.

A esa situación se agrega la presencia de dragas. El día de la inspección, una docena de dragas extraían áridos de ese punto y, ante la visita inesperada, desde un vehículo empezaron a filmar al equipo periodístico.

En esa parte del cordón ya se ha formado una especie de favela con las familias de los obreros de las dragas, en una zona considerada de alto riesgo, a pocos metros del agua.

Por otro lado, entre las avenidas San Martín y Roca y Coronado, además de la Quinta Municipal, existe la presencia de familias asentadas, y también personas con problemas de adicción a las drogas, algunas de ellas dedicadas al microtráfico, como también constató anteriormente EL DEBER. De acuerdo a un censo del Municipio, son 116 las familias contabilizadas entro de cinco precarios barrios en ese trayecto sobre el cuarto anillo.

Adicionalmente, dentro del cordón se han ido asentando los barrios Ambrosio Villarroel y Las Carmelitas; están las lagunas de oxidación de Saguapac y en el curichi La Madre existe el condominio La Floresta.

Inspección

El concejal Morón mandó una minuta de comunicación al alcalde Jhonny Fernández, donde refiere una serie de vulneraciones al cordón y lo invita a una inspección para este miércoles 13 de octubre, a las 9:00. Asimismo, informa que también se extendieron cartas de invitación al INRA, Gobernación y Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT).

Morón también dio a conocer la carta entregada a la Fiscalía Departamental, entidad que considera debería actuar de oficio.

Según el legislador, verbalmente ya le confirmaron algunos su participación en la inspección.

La Alcaldía

El 5 de octubre EL DEBER publicó una nota sobre la existencia de pavimento y parcelamiento dentro del cordón ecológico.

En esa oportunidad, además de las denuncias hechas por Federico Morón y la ingeniera ambiental y experta en calidad del agua, Sandra Quiroga, se citó el informe del ex director de Gestión Urbana, Darko Rodríguez, que enumera irregularidades en esa oficina en la anterior gestión, que habló de figuras penales, y que poco después fue despedido.

Al respecto, la secretaria municipal de Tecnología, Innovación y Planificación, María Andrea Daza, hizo algunas aclaraciones. Según ella, el retiro de Rodríguez se debió a que tiene procesos y a que está siendo citado por la oficina de Transparencia. Además, agregó que Rodríguez es funcionario de la época de Percy Fernández y Angélica Sosa, desde el año 2008.

“No era una persona nueva, conocía todo, es más, las modificaciones de las que él habla, fueron aprobadas en el sector donde trabaja. No sé por qué denunciaría ahora”, indicó.

En cuanto al pavimento y parcelamiento, dijo que si tuvieran las coordenadas podrían georreferenciar y emitir un informe más preciso, pero comprometió que harían un levantamiento con georreferencia. “Tenemos nuestro polígono definido, sabemos que está fuera del área urbana”, dijo.

A las denuncias de Rodríguez de que el polígono 4 del cordón, donde está el pavimento, está dentro del área urbanizable, Daza aclaró que la decisión de que sea urbanizable data de muchos años, incluso previamente a la Ley del Plan de Ordenamiento Territorial, (PLOT), de 2005.

“De todos modos aclaro que nosotros no autorizamos pavimentación, no tenemos competencia, pero sí estaremos pendientes”, dijo, también agregando que ya se mandaron dos solicitudes de fiscalización a la ABT, una de 2019 y otra de 2020. También aclaró que la presente gestión municipal no tiene peticiones de autorización para urbanizaciones, pero que tendría que revisar si existen solicitudes en la anterior.

Anteriormente, ya Federico Morón mostró a EL DEBER la respuesta de la Gobernación, de que esta instancia no había autorizado licencia ambiental alguna, lo que en resumen dice que el pavimento no es legal.

Sobre este punto Sandra Quiroga explicó que el crecimiento de la mancha urbana parte en dos al polígono 4. “Técnicamente no se puede consolidar un área con una mitad rural y otra urbana, no se puede decir que es para consolidar un barrio o la parte urbana”, aclaró, además enfatizando en que el predio privado pavimentado queda como urbano en una parte, y rural en la otra.

Simón Farell, responsable de la Unidad de Monitoreo de Información Geoespacial de la ABT, confirmó que no pueden construirse carreteras dentro del cordón ecológico, que el rol de la ABT es autorizar el desalojo de la cobertura vegetal (desmonte), pero que si solicitan permiso para hacer algún camino, deberían primero tener la ficha ambiental que otorga la Gobernación.

Desconoce detalles del pavimento denunciado y de la zona exacta, pero dijo que el único desalojo de bosque autorizado por la ABT es para el paralelo del puente del Urubó, que actualmente se está construyendo.

Según uno de los ex guardaparques, que también fueron despedidos hace casi dos años, y que acompañó la inspección de EL DEBER, el pavimento se desarrolló con fuerza en los tiempos de cuarentena rígida. “Cuando nos dimos cuenta, el asfalto ya estaba muy avanzado y justo nos tocó notificar al encargado del predio el último día de trabajo, porque ya nos habían entregado los memos de despido. Éramos cinco personas y el encargado nos quiso tentar con cinco mil dólares”, compartió.

Otra de las denuncias de Morón es que tanto el cordón como el curichi La Madre quedaron desprotegidos con la salida de los guardaparques, para los que ha solicitado la recontratación.

Hizo llegar al alcalde Jhonny Fernández el requerimiento, pero la respuesta es que estaba sujeto a disponibilidad de ítems y de presupuesto.

“Hemos heredado problemas que estamos tratando de resolver, los sacaron en la anterior gestión, lo que se hace son modificaciones presupuestarias que nos permitan destinar los fondos para eso, es una preocupación que estamos considerando. Por el momento estamos buscando convenios con universidades”, informó Daza.

Activistas

Eliana Torrico, abogada ambiental y defensora medioambiental, dijo que estará presente en la inspección a realizarse este miércoles 13 de octubre.

Aseveró que desde la construcción de la Quinta Municipal, a la que denomina caballo de Troya, se generó una serie de vulneraciones al cordón. “Si la autoridad municipal está cometiendo la vulneración a las propias normas, entonces todo mundo se sintió con derecho de hacerlo”, cuestionó.

Para Torrico, aparte de la Quinta Municipal, el otro hito fue la construcción del Centro de Educación Ambiental Municipal (CEAM), ubicado en la nueva zona fraterna, sexto anillo y Piraí. Para construirlo, dice que se tumbaron árboles, pero además criticó que al frente de esa oficina reguladora de Medio Ambiente, protectora del cordón, se construya el pavimento cuestionado.

Cree que es importante aclarar que lo que sucede a nivel nacional se replica a nivel departamental y local, ya que desde el Estado, y de manera intencionada, se debilita adrede a todas las instituciones reguladoras y administradoras de los recursos naturales. “Se les recorta presupuesto y se les deja un marco institucional difuso. No tienen ni en qué movilizarse, los sueldos son bajos hay corrupción y son los urbanizadores los que ponen la plata”, lamentó.

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