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Por: Silvana Vincenti

El 23 de diciembre fue la reunión del presidente Luis Arce con los gobernadores de todo el país para evaluar el plan estratégico contra el rebrote del Covid-19.

El 29 de diciembre hubo una reunión de la Gobernación con representantes del Ministerio de Salud.

El 31 de diciembre finalizaron los últimos contratos vigentes para atención del coronavirus, incluidos los de domos del Hospital Japonés. Sin decisiones concretas, el primer día de 2021 empieza con más incertidumbre que respuestas para la salud de los cruceños.

EL DEBER conversó con el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, sobre el panorama que se avizora ante el rebrote, la realidad del sistema hospitalario y la llegada de la vacuna.

_¿Salió humo blanco de la reunión con el Ministerio de Salud sobre los contratos?
Me vine sin la respuesta que esperaba, un “sí, vamos a dar recursos para el rebrote”. Nos vueltean. Salí frustrado, los que vinieron dijeron que no son responsables de dar respuestas porque primero tienen conciliar y valorar la información.

Hemos preparado toda la información que nos pidieron -recién a estas alturas-, vinieron a cerciorarse si es verdad lo que decimos, van a ser ellos quienes decidan qué se necesita, y eso no está bien.

Ellos no están midiendo la verdadera magnitud de esto porque no están aquí. La administración a distancia del Estado siempre será deficiente cuando usted no se entrega potestad para tomar decisiones.

_Acabaron los contratos.
Vamos a dejar de tener las ocho camas del domo 1 del Japonés y buscaremos espacio en la terapia no Covid-19, no quedará otra que dejar de recibir ciertos pacientes para trasformar esa terapia en Covid-19. Y eso está mal porque no le habíamos quitado una sola cama al sistema público que ya existía, más bien adicionamos.

Siempre en salud se encontrará la manera de resolver, pero bajo riesgo de otra población.

_¿Ni siquiera un intento de fecha para contratar?
Ellos están preocupados de que se audite la plata que nos mandó el Gobierno de transición. Y para contrarrestar un poco dijeron “tenemos tantos millones para los ítems de 2021”, pero eso es para renovar los que ya hay, se supone que tiene que haber continuidad. Lo que no dicen es cuántos ítems se adicionarán.

_El 29, en el COED, usted dijo que las UTI están al 95% de su capacidad.
Ahora estamos al 100%. Espero que no haya, de parte del Gobierno, un plan de estrangulamiento por el tema político. Ellos no están dando certidumbre y creo que tampoco les interesa.

_Sobre 100% de camas ¿qué porcentaje tiene personal asignado?
Hasta antes del 31 de diciembre, hablé de 30% de la oferta habilitada. Tenemos más de 570 camas en todo el sistema público, pero solo pueden funcionar 290. En el caso de Montero, tiene 12 unidades de UTI y las 12 están cerradas hace mes y medio porque acabaron los contratos y porque tampoco había más pacientes. Ahora empezaron a surgir pacientes, pero no hay ítems ni contratos.

El San Juan de Dios tiene una UTI nueva y exclusiva para Covid-19 que se abrió en medio de la pandemia y con capacidad para 20 camas con sus respiradores y monitores. Ahora mismo, el San Juan de Dios informó que habilitará 10 de las 20 camas, las otras 10 se convertirán en Unidad de Cuidados Intermedios (UCI). De las 10 UTI, solo están ocupadas siete, es la cantidad que puede atenderse.

El domo 1 del Japonés tiene 30 camas, con sus 30 respiradores no chinos, sino de alta gama-, monitores, más de 50 bombas de infusión para los medicamentos. Hasta el 31, solo estaban habilitadas ocho unidades, es la cantidad máxima que puede tener un equipo médico, que es el que estaba trabajando y al que se le acabó el contrato.

_¿Hay deudas pendientes desde la instancia nacional?
El Gobierno no ha honrado convenios que se firmaron, independientemente de que fueran con el otro Gobierno, siguen siendo firmados por un Estado, son los convenios intergubernativos de transferencia de recursos que se firmaron el año pasado para adquirir medicamentos e insumos específicos para Covid-19.

Estamos pidiendo que paguen lo que el anterior Gobierno había presupuestado. El anterior Gobierno no terminó de pagar porque no dio el tiempo, el convenio cerraba el 30 de septiembre, nosotros pedimos adenda, y por los tiempos, las elecciones y la transición, ya no pudieron responder a la adenda.

Hay convenios firmados por Bs 109 millones para cubrir la primera ola y solamente hicieron dos desembolsos, quedaron pendientes más de Bs 35 millones. Son compras que ya se hicieron. Ahora tenemos la deuda de lo comprado y la deuda para pagar al personal porque los contratos se hicieron en el hospital, pero con cargo al financiamiento de parte del Gobierno.

Como el Gobierno no hizo los desembolsos, la gente quedó dos meses impaga, ni siquiera dieron para la duodécima de aguinaldo que es un tema legal. Los trabajadores estarán con todos los derechos de iniciar demanda laboral para que se les pague doble aguinaldo.

Ellos insisten en que hay saldos y claro que los hay en el sistema, pero una vez que hagan el cierre verán que es por los compromisos adquiridos.

_¿Qué pasó con los recursos definidos por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA)?
Desde 2013, hace siete años, el SEA ha incumplido, de acuerdo a la Ley Marco, en hacer el costo competencial para que los hospitales reciban, por el tema autonómico, la transferencia de recursos al haber asumido las competencias.

Por eso la Gobernación tuvo que invertir el 30% de su presupuesto, para solventar esto. Cuando saca sus informes, el Gobierno no puede atribuirse que aumentó la inversión en salud; lo que hace es sumar lo que la Gobernación paga, y lo pone como si fuera gestión propia. Pero como toda la plata, por más que sea regalías, sigue siendo del Estado, entonces ellos la suman.

_¿Hay escasez de remedios?
Hoy los hospitales están ‘stockeados’, pero no para todo el rebrote, por eso estamos pidiendo Bs 39,4 millones, para soportar cuatro meses de rebrote. Eso es para medicamentos, insumos, reactivos y Equipos de Protección Personal (EPP).

Para recursos humanos estamos pidiendo Bs 18 millones, que cubran los 600 contratos e ítems de cuatro meses de rebrote solo en el tercer nivel. Es lo que pedimos para habilitar UTI, internación, aislamiento, emergencia. Las UTI no solo son las grandes del San Juan de Dios y del Japonés, también está la pediátrica-oncológica, la adulta-oncológica, la pediátrica del Hospital de Niños, la UCI y de aislamiento del Hospital de Niños, la UTI obstétrica de la Maternidad para embarazadas con Covid-19.

No hemos tenido problemas con los insumos para PCR, y la llegada de las pruebas de antígenos servirá bastante porque ya están aprobadas para diagnóstico, sobre todo las vamos a usar más para negatividad que para positividad porque es un gran gasto, cada PCR ronda los 100 dólares, precio de costo, en cambio la de antígenos está por los 50 dólares.

_¿Por qué la seguridad social no da los medicamentos para UTI?
La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUS) supervisa eso. Se supone que la seguridad social debe dar todos los medicamentos porque hay un aporte patronal, y ellos deben garantizar el abastecimiento de sus medicamentos, tienen plata para hacer sus compras.

Si no abastecen quizás es por dos motivos, porque administrativamente no pudieron hacer las compras, o porque no encontraron en el mercado, como ocurrió en el pico anterior.

_¿Se pondría la vacuna rusa Sputnik anunciada por el Gobierno?
Recién estoy estudiando sus características. Todas han pasado por fases de estudio, así que uno no puede estar con la ‘perse’ de si me pongo o no. Si estoy dentro del grupo de riesgo tengo que asumirlo, siempre los beneficios están por encima de esos riesgos.

Tampoco es correcto ponerse en una posición de debate y en contra de lo del Gobierno.

_¿Puede el Sedes gestionar vacunas por su cuenta?
Tiene la capacidad, lo de Roly Aguilera es buena propuesta. La gente decía por qué lo hace el candidato y no nosotros, pero las vacunas son algo que recién las empresas empezaron a proponer.

Hay una ley de vacunas que dice que es el Ministerio de Salud quien debe hacerse cargo, pero se ha avanzado porque por decreto se dio potestad a alcaldías y gobernaciones, de hacer adquisiciones, previa autorización del Ministerio de Salud.

La propuesta de Roly ha generado cierta presión y el Gobierno inmediatamente emitió un decreto. Seguro que el Gobierno dirá “ya están autorizados”. La pregunta ahora es “¿y la plata?”.

Lo único que tengo claro es que el gobernador ya instruyó que hagamos los análisis y veamos la factibilidad para adquirir vacunas. No sé qué se dejará de ejecutar, pero no esperaremos hasta marzo, como dijo Luis Arce.

Las empresas ya hicieron sus propuestas, en 20 días pueden tener las vacunas. Estaríamos exprimiendo a la Gobernación los recursos que tiene para otras cosas y dedicándolos al sector salud para salvar la emergencia, a pesar de que el Estado, por ley, debería asumir. Es lo que siempre nos criticaron, pero ellos hacen oídos sordos, y hay que resolver.

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