Los citados deben comenzar a declarar hoy en este municipio. Son acusados de avasallamiento y asociación delictuosa. La califican de acción para descabezar al movimiento de defensa de la tierra y facilitar los asentamientos en esta localidad

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16 de septiembre de 2021, 4:00 AM
16 de septiembre de 2021, 4:00 AM

Mientras la columna de la marcha de los pueblos originarios del Oriente, Amazonia y Chaco boliviano se encuentra en el municipio de San Ramón, a la espera de la realización de su segunda sesión del Parlamento Indígena, ocho personas del municipio de Roboré, entre caciques y cívicos, fueron convocados por el Ministerio Público para declarar en un proceso que se les sigue por avasallamiento y asociación delictuosa.

Las ocho personas que fueron citadas por la Fiscalía desalojaron en tres oportunidades, siendo la última en el mes de abril de este año, a colonos que se encontraban en Villa San Lorenzo, dentro del municipio de Roboré.

El presidente del Comité Cívico de esa población y uno de los ocho notificados, Rubén Darío Arias Ortiz, informó que la demanda la tienen desde el 15 de abril y según sus abogados los plazos procesales ya fueron vencidos, por lo que se debería haber caído el proceso. “Pero como lo tornan político, el fiscal lo vuelve a activar. Es también un movimiento del Gobierno porque todos (los notificados) somos las cabezas de los que venimos defendiendo la tierra y la naturaleza”.

Explicó que en Roboré existen denuncias de asentamientos en la comunidad de Aguas Calientes y en la zona del Valle de Tucabaca. “Además el INRA ha partido en dos la comunidad 23 de Marzo, dándole la mitad a la Tupac Amaru, quienes vendieron el manejo forestal a una tercera empresa”, denunció.

Por su parte, el líder indígena y que también está entre los notificados, Adolfo Chávez, señaló que la marcha está ocasionando que el Gobierno nacional cometa más errores que aciertos en lo que respecta a los avasallamientos. Citó como ejemplo lo que ocurre en la comunidad Naranjo, que se encuentra rodeada por interculturales, quienes estarían quitando el espacio para el cultivo a sus nuevas generaciones.

También se refirió a la persona que presentó la denuncia, Ronald Crespo, diciendo que defiende una resolución que el INRA emitió sin haber ido al lugar. “El usurpador tiene más derecho y culpa al dueño del lugar, llamándolo avasallador. Por eso apelo una vez más a quienes están citados, que vengan a la marcha para que socialicen esto y hagamos ver al resto del país lo que está pasando”.

Las otras seis personas citadas son: Ericka Jiménez, Julio Zebers, Zoila Zeballos, Nardy Velasco, Marisa Flores y Reynaldo Rondón.

Arce y Camacho

Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho dijo que ve con admiración a las personas que protagonizan la movilización para que las autoridades del Gobierno escuchen sus pedidos. “Como en otros tiempos, se hace el de la vista gorda, al igual que el gobierno de Evo Morales”, cuestionó.

También señaló que cuando la marcha llegue a Santa Cruz será recibida con todo el cariño y admiración que se merece. Asimismo, remarcó que ha tomado la decisión de no ir a la marcha para evitar darle discurso al Gobierno.

Por su lado, desde Beni el presidente Luis Arce acusó a la derecha de dividir al movimiento indígena. “Éramos felices, teníamos una Cidob, ahora tenemos dos que se están disputando a nivel nacional”, señaló. El jefe de Estado dijo que había necesidad de dialogar entre todos.