Este sábado, los marchistas se encontraban en San Ignacio de Velasco, el mismo municipio donde desde hace tres años se denuncia la invasión al área protegida municipal y reserva forestal Bajo Paraguá, incluso con presencia armada

26 de octubre de 2024, 12:56 PM
26 de octubre de 2024, 12:56 PM

En 2021, y tras un recorrido por tierra, un monitoreo por dron y un sobrevuelo, EL DEBER constató y dio a conocer el avasallamiento en la reserva forestal y área protegida nacional Bajo Paraguá, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco.

Tres años después, con un censo de por medio, y a pesar de las denuncias y las notificaciones por los desmontes e incendios, en vez de revertirse el daño, el avasallamiento ha crecido y apunta a consolidarse, ante la inacción de las autoridades a cargo, la Alcaldía de San Ignacio de Velasco y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), ya que el INRA en su momento aclaró públicamente que no existían dotaciones en esa área protegida de un millón de hectáreas.

Precisamente, la solución a este avasallamiento es uno de los puntos demandados por la marcha indígena chiquitana, que desde hace unos diez días se moviliza para exigir la atención de las autoridades, y que el pasado miércoles llegó al municipio de San Ignacio de Velasco.

Este sábado, los marchistas se reunieron con representantes de la Alcaldía y ante la presencia de la Defensoría del Pueblo, pero lamentaron la ausencia del alcalde Ruddy Dorado.

Lordy Suárez, cacique de San Simón y vocero de la marcha, la primera netamente chiquitana, lamentó que hasta el mediodía de este 26 el edil no apareciera, y dijo que la gente está molesta, al punto de de ponerle plazo hasta las dos de la tarde, o tomarán otras medidas.

"No han aparecido, ni la ABT, ni el alcalde, ni el Agroambiental, ni el INRA, ni Fiscalía", dijo Suárez, mientras remarcó la importancia, especialmente, de la presencia del alcalde ignaciano. 

"En el tema de los avasallamientos, es él quien debe activar los mecanismos. de la Alcaldía. Tenemos información que está aquí en San Ignacio, y no vino; ya la gente se molestó en el cuarto intermedio, y si no llega a las dos de la tarde, para de una vez ir punto por punto dando las soluciones, tomaremos otras medidas", dijo. 

Suárez recalcó que, si bien Bajo Paraguá también es reserva forestal, que compete a la ABT, el alcalde es quien tiene la llave porque no se puede tocar un tema tan sensible y multidisciplinario si no está el principal actor del hecho. "El nombre lo dice todo, es área protegida municipal". 

Sobre la inacción el burgomaestre, Suárez dijo que lo único que saben es que hay algo que está condicionando al alcalde con respecto a Bajo Paraguá, y que eso queda claro con su inacción. 

Admitió que "rumores corren muchos", pero que por seriedad, prudencia y falta de pruebas no pueden decir más por ahora. 

Notificados

En 2021, luego de las denuncias de avasallamientos, la ABT notificó a algunos dirigentes, pero se desconoce el estado de esas notificaciones. Asimismo, debido a los incendios se aprehendió a tres o cuatro personas, que fueron enviadas de manera preventiva a Palmasola, pero los asentados permanecen en el lugar, e includo hace unas semanas se hizo público que controlaban el paso por el lugar, incluso con armas.