De momento seguimos presionando, algunos pensando cerrar, otros intentando sobrevivir hasta que las deudas nos ahoguen; la situación es bien incierta, y los políticos bien irresponsables y caraduras. En ese tono se lamentó George Micoti sobre la realidad que atraviesan los hogares de obra social del departamento.
El hogar de menores especiales que dirige Micoti, junto con otros 74 de ciudad y provincias, están en emergencia debido a la reducción de presupuesto, que les fue informada ayer.
“Estoy indignada, todo el personal está sin contrato, algunos están trabajando ad honorem por el compromiso. No hay presupuesto, no está en el POA una sola bolsa de alimentos para adultos mayores. Solo hay plata para los hogares por cuatro meses este 2025, pero no están listos los convenios porque no hay nadie trabajando en Jurídica”, denunció la asambleísta por Creemos, Marthi Gutiérrez.
Mario Mazzoleni, director del Centro Fortaleza (para menores con responsabilidad penal) y delegado episcopal de la Obra de servicio social de la Iglesia Católica, explicó que la reducción del POA para estos hogares pasó de Bs 20 millones en 2024, a Bs 7,3 millones -aproximadamente- este 2025.
Remarcó que la zozobra afectará no solo a los hogares infantiles, ya que en esta cifra de 75 centros entran los que acogen a ancianos, personas con discapacidad, adicciones, mamás solteras, víctimas de abuso, y también las casas de acogida.
“Lo que correspondía al presupuesto para el último trimestre del año pasado, recién lo pagaron en diciembre de 2024, cuando ya estábamos por colapsar; Don Bosco estaba por cerrar dos de sus hogares. Y otro problema latente es el número de personal”, dijo.
Según Mazzoleni, si la ayuda del Estado no llega, tampoco lo hará la del exterior. “Cómo vamos a pedir afuera si los de adentro no se hacen responsables”, interpeló, y recordó que como parte de esta problemática ya cerró el Hogar Teresa de los Andes.
Dijo que la Gobernación, en reunión, se comprometió a asegurar los recursos de la gestión 2025 en el reformulado del POA.
Ximena Rojas, de Mi Rancho, remarcó que lo único que perdona el Estado a los hogares es el impuesto anual, y que por lo demás funcionan como empresa, incluso con pago de Gestora, etc.
“La Ley 548 dice que el Estado es el tutor legal de los menores en situación vulnerable, es decir en situación de calle, con discapacidad, etc. El Estado debería asumir todos estos gastos. Santa Cruz era el único departamento que aportaba con las becas asistenciales, que cubren 10% a 20% de nuestro presupuesto, pero este problema lo tenemos desde el cambio de Gobernación, solo que se agudizó”, lamentó.
Admitió que reciben ayuda del exterior, pero recalcó que con la bajada del boliviano esta recaudación ha disminuido mucho, y que encima no es fácil acceder a proyectos en conjunto con el Estado, que es la manera en que acceden a esos fondos.
EL DEBER pidió una respuesta de parte del Servicio de Políticas Sociales (Sedepos) de la Gobernación, pero hasta el cierre de la edición nadie se manifestó sobre el tema.
DATOS
MENOS AYUDA
La asambleísta Marthi Gutiérrez alertó que no se entregará una sola bolsa de alimentos a los adultos mayores, que no hay dinero para lentes, placas dentales, ni la impresión de carnet de discapacidad, que permite el acceso al bono.
2024
El año pasado los hogares ya pedían auxilio, debido al cambio de modalidad en la entrega de recursos, que pasó de ser mensual a trimestral.
DISCAPACIDAD
Está en riesgo la renovación de 10 mil cédulas de discapacidad en todo el departamento, con los que estas personas cobran su bono (Decreto Supremo 5305, del 2 de enero de 2025).