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Los profesionales en salud se declararon en emergencia este lunes y solicitaron una reunión con el presidente Luis Arce Catacora para pedirle que se derogue la Ley de Emergencia Sanitaria, tras conocer que entre su reglamentación “no solo se vulneran los derechos de los médicos, sino de la población en general”.

“Estamos en contra de esta Ley y su reglamentación en general. Tendremos una reunión nacional en donde se tomarán acciones. Nos estamos declarando en emergencia todo el sector salud”, anunció Luis Enrique Aguilar, presidente interino del Colegio Médico de Santa Cruz, en contacto con EL DEBER.

Aguilar indicó que el Decreto Supremo 4542, que reglamenta a la ley, establece que el personal de salud que pare o interrumpa los servicios sanitarios mientras dure la pandemia por el coronavirus, será sancionado de oficio por las entidades territoriales autónomas (ETA). Además, de que también se expone a ser procesado por el Ministerio Público.

“No podremos hacer paro, ni huelga, ni marcha, porque la reglamentación dice que si se suspende un servicio como el de consulta externa seremos procesados administrativa y penalmente. Sin embargo, cuando realizamos nuestras manifestaciones nosotros cerramos las consultas, pero reforzamos las emergencias y no nos desatendemos de la población”, explicó.

Entre otros de los puntos que observan desde el Colegio Médico, es la posibilidad que tendrá el Gobierno para acortar los plazos y omitir algunos requisitos para contratar al personal durante la emergencia sanitaria. “Podrán contratar a quienes quieran sin pedirles muchos requisitos y no sabremos si son profesionales o no. Además, tenemos el temor de que contraten a extranjeros, en lugar de bolivianos”, agregó Aguilar.

El representante de los profesionales en salud, cuestionó también el artículo 18 del decreto de reglamentación, en el cual establece que las “Autoridades de Control y Fiscalización y el Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de sus competencias, son responsables de efectuar controles y verificaciones para que los establecimientos, empresas o cooperativas de servicios públicos como agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil, fija e internet; y los servicios de salud, no suspendan estos servicios, excepto cuando lo determine el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias”.

“Con esto nos están diciendo que nos cortarán los servicios básicos cuando ellos quieran y nos dejarán incomunicados en tiempo de crisis como en Cuba. Pero estos no son los únicos artículos que observamos del decreto, son todos, porque además de atentar contra todos los bolivianos vulneran la autonomía que tienen los municipios y gobernaciones de administrar sus territorios durante una emergencia”, lamentó.

El Consejo Médico de Bolivia ya envió una carta al presidente Luis Arce solicitando una reunión para tratar la Ley de Emergencia y esperan una semana para tener respuesta, de lo contrario anunciaron que suspenderán las consultas externas y saldrán a las calles a bloquear.

Desde el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) también se declararon en emergencia y observaron la organización del Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, argumentando que no “está conformado por especialistas médicos con experiencia”. Asimismo, manifestaron que temen que se contraten a médicos cubanos amparándose de uno de los artículos de la reglamentación que permite la contratación directa de profesionales.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, informó que se mantuvo una reunión con el Colegio Médico, en la cual le manifestaron su preocupación por este decreto de reglamentación, por lo que se comprometieron a revisar la Ley de Emergencia y a realizar “las representaciones legales correspondientes”, en caso de que sea necesario.

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