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Dos estudios, uno de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), y otro del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sobre la exposición de las mujeres al mercurio, y otro sobre el negocio y comercio ilegal de este metal, detonaron el ‘jalón de orejas’ de Naciones Unidas a Bolivia, sobre el incumplimiento del Convenio de Minamata, suscrito en 2013 por 140 países y puesto en vigor desde 2017.

Este acuerdo multilateral, de carácter vinculante, tiene como mandato la regulación y control del uso de mercurio en la minería, y reducir sus emisiones.

Contrariamente al compromiso, Bolivia ha ido ascendiendo en la escala de importadores de mercurio, hasta ocupar el segundo puesto mundial, en un contexto en que el precio del oro se ha disparado.

De acuerdo a los datos de Óscar Campanini, del Cedib, lo paradójico es que la importación nacional de mercurio ha crecido como quince veces, pero la producción solo se multiplicó a ocho.

“Este mercurio no solo va la actividad minera legal, sino también a la ilegal y al contrabando de mercurio que llega a otros países vecinos. Ya hay varias declaraciones, evidencias, de que un importante flujo llega a países vecinos, como Perú, y no se descarta que ocurra lo mismo hacia el lado de Brasil”, denunció.

Carmen Capriles, de Reacción Climática, también reconoció que hay una situación de contrabando de mercurio, que a diferencia de Bolivia sí tienen normativa para el control en el uso de este químico.

Daño irreparable

El relator de Naciones Unidas (ONU) de sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, explicó públicamente en un taller sobre las vulneraciones al medio ambiente y los derechos humanos, con relación al uso del mercurio en Bolivia.

Esta disertación se llevó a cabo después de que la relatoría de las Naciones Unidas entregara una carta al Gobierno boliviano, específicamente a la oficina de la presidencia, en la que manifiesta la preocupación por la situación.

Según el relator, en la carta se plantean varios temas de grave preocupación, como el aumento en el comercio y el uso del mercurio, el impacto de esta actividad en los pueblos indígenas, especialmente aquellos que dependen de sus ríos.

“También expresamos nuestra seria preocupación ante el hecho de que Bolivia se ha convertido en el centro del tráfico ilegal de mercurio hacia la minería ilegal en otros países de la región, como Perú, Brasil, Colombia y otros. Expresamos nuestra preocupación sobre la falta de regulación efectiva y de implementación del convenio de Minamata”, dijo.

La carta fue enviada el 28 de septiembre, y el Estado boliviano debía responderla en 60 días. Al no haber contestación, el relator la dio a conocer públicamente. Orellana recordó que Bolivia asumió que el problema del mercurio y la minería artesanal y en pequeña escala es más que insignificante en su territorio.

“Hay una carta presentada a la Secretaría de la Convención de Minamata, de 2019, pero no tenemos información, mi mandato y el mandato del relator especial de los pueblos indígenas no hemos recibido información acerca de avances en esta dirección” (...) hasta ahora no hay un plan nacional”, dijo.

El relator explicó que a escala global la minería del oro artesanal es la principal fuente de emisiones antrópicas de mercurio a la atmósfera, el 38%, seguida por la combustión del carbón para la generación de electricidad.

A la carta de alegaciones de Naciones Unidas se sumaron los indígenas esse ejja, grandes afectados por el mercurio, según estudios. También envió una misiva la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), exigiendo a Luis Arce explicaciones sobre las acciones que está realizando el Estado para controlar el uso y comercialización del mercurio, y denunciando violación a los derechos humanos por los daños a la salud humana y al medio ambiente que genera el mercurio.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) organiza el taller regional denominado Oro amazónico y el doble discurso climático, que se realizará vía Zoom los días 14 y 15 de diciembre, a las 16:30, para analizar la gravedad de la problemática.

Carmen Capriles explicó que hasta la fecha se hicieron estudios con los esse ejja y los lecos, pero que en la agenda están otros cuatro pueblos indígenas, los takana, uchupiamonas, chimanes y mosetenes, que habitan cerca de la cuenca del río Beni, donde las dragas han invadido los territorios, “y sin generar recursos a los gobiernos departamentales”, apuntó Capriles.

Reconoció que en Santa Cruz, donde la minería del oro ya está avanzando, en lugares muy remotos donde casi no hay comunidades ni caminos, como el norte del Parque Noel Kempff Mercado, además San Ramón, Guarayos, San José de Chiquitos y San Javier, todavía no hay estudios sobre el tema.

Uno de los grandes problemas actuales es la presión de las cooperativas mineras, que mandan cartas al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), exigiendo retirar el blindaje a las zonas de protección estricta para exploraciones mineras. Las más amenazadas son Madidi, Apolobamba y Pilón Lajas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente dijeron que probablemente se manifestarían este lunes.

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