Micreros determinan cobrar Bs 2,37, pero el Concejo aclara que es ilegal

El pasaje del transporte público en la capital cruceña se mantiene en Bs 2. Así lo advierte el Concejo Municipal, instancia donde se debe aprobar cualquier ajuste en la tarifa.

Sin embargo, los transportistas señalan que desde este lunes cobrarán Bs 2,37, monto establecido en la propuesta del alcalde Jhonny Fernández y que logró respaldo de dirigentes vecinales. Además, adelantan que preparan la presentación de un amparo constitucional contra los concejales por la Ley que Declara Necesidad Pública Municipal el Cambio hacia un Nuevo Sistema Integrado de Transporte Público, aprobada recientemente.

“El Concejo ya se pronunció y aprobó una ley de emergencia en la cual el alcalde tiene que priorizar un cambio de sistema porque Santa Cruz de la Sierra se lo merece. Él tiene que trabajar en una propuesta en corto y mediano plazo”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Silvana Mucarzel, al calificar de ilegal la determinación de los micreros. “Lo que se está viendo con el tema de Fejuve y los empresarios de transporte es una ilegalidad, porque son afines al alcalde y están en contra del pueblo cruceño, en contra de la modernidad”, complementó.

Manifiesta que lo correcto es que el Ejecutivo Municipal realice un estudio de costos y presente alternativas de nuevas tarifas para que el Concejo las analice y determine cualquier ajuste a través de una norma expresa.
“El tema de las tarifas, para el Concejo es un tópico muy específico en el marco de algo más estratégico para el desarrollo de la ciudad, que es la transformación del Sistema de Transporte Público.
Convencidos de ello, hemos aprobado la Ley de Necesidad para este cambio, que debe ser promulgada por el alcalde en los plazos correspondientes. En tanto, el Concejo considera que la tarifa no debe sufrir ninguna modificación, pues las disposiciones en vigencia señalan que la misma es de Bs 2.
La medida absolutamente impopular, asumida por dos sectores sin tuición para ello, está definida fuera de toda norma y, por supuesto, eso tiene sus implicaciones legales y judiciales”, advirtió.

Mucarzel insistió en que si el alcalde fuera más propositivo tomaría como bandera el proyecto de ley de emergencia que aprobó el Consejo. Cree que los asesores que tiene el burgomaestre no le han explicado el alcance de la norma “o no quiere quedar mal con sus amigos del transporte”, cuestionó.

La presidenta del Concejo manifiesta que no se puede permitir acuerdos políticos para intentar imponer una nueva tarifa del transporte público.

Desde el Concejo señalan que el Ejecutivo de iniciar las acciones de control de precios y procesos contra quienes tomaron la decisión que afecta la economía y los bolsillos del pueblo y de las familias cruceñas.

Decidieron fijar un incremento

Los transportistas aseguran que junto con el alcalde y las Juntas Vecinales han analizado que la tarifa a cobrar es de Bs 2,37, por lo que determinaron aplicarla desde este lunes.

El dirigente del sector, Segundo Ricalde, informó que hoy sostendrán una reunión con sus bases, donde presentarán los acuerdos firmados. “Bs 2,37 es el pasaje, así como lo ha dicho el alcalde”, resaltó al indicar que alistan un amparo constitucional contra el Concejo por aprobar una ley de forma arbitraria.

Ricalde dijo que también están aceptando las condiciones de la Fejuve, Control Social, adulto mayor y personas con discapacidad.

“Mañana (hoy) salimos a cobrar Bs 2,37”, insistió.

Los transportistas tenían previsto cumplir un nuevo paro desde este lunes, pero dejaron sin efecto la medida luego de acordar un incremento e de la mano de algunos representantes vecinales.

“No soy político, represento a las Juntas Vecinales, a los distritos, y como tales estamos emitiendo una resolución, aceptando la tarifa provisional de Bs 2,37, que sugirió el mismo alcalde Jhonny Fernández”, informó Orlando Peña, tras concluir la reunión del sábado con los transportistas.

Por su parte, el alcalde ratificó su propuesta de incrementar el pasaje para mayores, entre 2,18 y Bs 2,37, luego de dos días de trabajo en las mesas técnicas con los transportistas y organizaciones vecinales. Al igual que los micreros, también cuestionó la ley aprobada por el Concejo, la misma que autoriza un nuevo sistema de Transporte.

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