Solo en un punto se deforestaron cerca de 2.000 ha dentro del área protegida, en zona prohibida para estos fines. Algunas de las intervenciones tienen aprobación, según los datos de la entidad a cargo

4 de noviembre de 2024, 4:00 AM
4 de noviembre de 2024, 4:00 AM

De acuerdo a los reportes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de la Gobernación cruceña, entre junio y octubre de 2024 se quemaron más de dos millones de hectáreas en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías.

Mientras esto ocurría, las orugas tumbaban miles de hectáreas en esa área protegida, dependiente del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), que a su vez está bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Según un monitoreo satelital (Sentinel), solamente en un punto, en el predio La Piedrota, se desmontaron casi 2.000 hectáreas, mientras que en otros lugares existe eliminación de la cobertura boscosa aún por calcular, incluyendo deslindes.

En los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el predio figura a nombre de Araceli Romero, pero los habitantes de la zona informaron que fue vendido a una comunidad de menonitas.

De acuerdo a los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), La Piedrota tiene también un Plan de Ordenamiento Predial (POP) autorizado con resolución 4704/2023, es decir, que el desmonte estaba autorizado con un año de anterioridad.

Otra propiedad con autorización de cambio en la cobertura vegetal es Chapapas, con un Plan de Ordenamiento Predial con resolución de autorización 321/2024, es decir, que podría ser un próximo desmonte.
Otro análisis de datos indica que hay aprobaciones de POP para 58 mil hectáreas, todos dentro del ANMI, y si bien algunos tienen mayor antigüedad, aún no se hicieron efectivos.

Nuevo plan de manejo

En 2018 venció el plan de manejo del ANMI San Matías, pero la nueva propuesta ya fue elaborada en conjunto por investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MNNKM), de la (Uagrm; Sernap; y profesionales de la organización no gubernamental World Wildlife Fund.

El nuevo plan ya fue aprobado por resolución administrativa, pero está pendiente la firma ministerial.

Tras un análisis del anterior y del nuevo plan de manejo, el desmonte de La Piedrota es irregular porque se realizó en zona prohibida. Si bien en el área de amortiguamiento se autorizan ciertas actividades antrópicas. 

El nuevo plan de manejo deja claro que hay las zonas periféricas a las zonas de protección estricta, con muy poca intervención o donde se realizan actividades de bajo impacto, tales como la actividad forestal de baja escala, con medidas especiales de protección ambiental.
Entre las actividades no permitidas, enumera la captura de fauna silvestre con fines comerciales, excepto aquellas reglamentadas
y aprobadas por las autoridades ambientales con competencia.

Asimismo, impide nuevos asentamientos humanos, uso de senderos, pistas y cualquier otro tipo de infraestructura o vías de acceso para
actividades ilegales.
Además prohíbe la contaminación de las fuentes de agua, la construcción de caminos y cualquier otra infraestructura relacionada a la minería.

Por último, niega toda posibilidad a las quemas y chaqueos con cualquier finalidad, al cambio de uso de suelo, actividades hidrocarburíferas de cualquier índole, y AOP’s de impacto negativo o categorías 1,2,3.

Suelo forestal

Si bien el nuevo plan de manejo no presenta grandes cambios en la zonificación, en comparación con el anterior, hay una señal de alerta que tiene que ver con las reservas.

En la nueva propuesta no aparece la Autorización Transitoria Especial (ATE) de la empresa Cimal. Se trata de una superficie considerable de bosques destinados a manejo sostenible para la producción de madera, lo que antes se conocía como concesión forestal, y que hoy pasó a la figura de ATE.

Anteriormente, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) denunció una dramática reducción de las concesiones, de 6 a 2 millones de hectáreas. Asimismo, las que quedan aún son amenazadas por los avasallamientos, es el caso de Marabol, en Guarayos, donde recién se hizo un desalojo.

EL DEBER pidió una explicación al Sernap y a la ABT, pero hasta el cierre no respondieron.