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El Instituto del Riñón suspenderá la atención a 53 pacientes que requieren sesiones de diálisis de forma reiterativa. La medida se asume por el retraso de siete meses en los pagos adeudados por el Ministerio de Salud y el anuncio unilateral que no asumirán los gastos comprometidos en septiembre y octubre.

El director del centro, Herland Vaca Díez, lamentó la forma de actuar de las autoridades de salud y el riesgo que supone para la salud de los pacientes la asunción de la drástica medida. "La deuda asciende a más de tres millones de bolivianos y a eso se suma otros 600.000 que quieren que les regalemos", apunta Vaca Díez.

En pasado agosto, autoridades del Ministerio de Salud realizaron una inspección al centro. "Visitan para criticar", apunta su director. El informe emitido tras la supervisión resaltaba algunas deficiencias como "la necesidad de estanterías en la farmacia o el requerimiento de un desfibrilador en cada sala", confirma Vaca Díez.

Debido a ese informe, el Ministerio de Salud habría suspendido el contrato de servicios y, por tanto, no asumiría los gastos realizados en septiembre y octubre. El monto asciende a los 660.000 bolivianos que señala el especialista.

Las deudas acumuladas impiden, de acuerdo a la versión de Vaca Díez, cumplir con las exigencias que piden desde el Ministerio. "Realizamos un gasto enorme en insumos" a pesar de la demora por parte del Gobierno. 

Desde hace tres años, el Instituto del Riñón presta servicios de hemodiálisis a pacientes del sistema público de salud. Antes, recuerda Vaca Díez, el acuerdo era con el municipio, pero durante el Gobierno de Morales se centralizó la gestión desde La Paz.

Vaca Díez manifestó su pesar por la situación que atraviesa el centro. "Estoy chantajeado, no puedo dejar morir a nadie", explica a EL DEBER mientras insiste en la burocracia ineficiente por parte del estamento público. "Si no se dializan se pueden morir", observa el doctor. Los pacientes pueden requerir de dos a tres sesiones de hemodiálisis por semana.

La inestabilidad sobre el futuro del convenio que une al Instituto del Riñón con el sistema público de salud provoca un mayor estrés en los pacientes. "Piensan que se pueden quedar sin diálisis", refiere Vaca Díez. Por el momento, los responsables del programa de riñón dependiente del Ministerio de Salud buscan reubicar a los pacientes en otros centros para dar continuidad a sus tratamientos.

El Instituto del Riñón acumula un tercio de los trasplantes de riñón realizados en el país. Según expresó su director, se ha convertido en un centro con una gran calidad en los tratamientos y una alta capacitación en el personal. "Aquí se forman, es como un entrenamiento para luego ir a otros centros" destaca  Vaca Díez.

La complicada situación que atraviesa el Instituto del Riñón podría derivar en el despido de la mitad de los poco más de 40 trabajadores que dependen del centro.

EL DEBER se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer su versión de los hechos. Por más de una hora aguardó que asignen un portavoz que expusiera los motivos por los cuales se suspendió el convenio, sin lograr respuesta alguna.


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