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Los 53 pacientes que reciben diálisis en el Instituto del Riñón en Santa Cruz de la Sierra tienen incertidumbre, luego de que el Ministerio de Salud rescindiera el contrato de servicio con este centro que se tenía desde 2019. El motivo sería "una serie de irregularidades que fueron detectadas en una inspección sorpresa", según el informe del Ministerio.

Del otro lado, desde el Instituto del  Riñón, su director, el doctor Herland Vaca Díez, pionero en el país en trasplante de riñón y expresidente del Comité pro Santa Cruz, lamenta el accionar del Ministerio y confirma que se le adeuda 7 meses de servicios. Además de estar preocupado por el destino de poco más de 50 pacientes que hacen diálisis hasta 3 veces por semana.     

Álvaro Terrazas, viceministro de Gestión del Sistema Sanitario explicó el por qué se dio fin al contrato. “El informe del Programa Nacional de Salud Renal establece que los fármacos no cumplen con normas de buenas prácticas de almacenamiento, por tanto, no existe garantía de calidad de medicamentos, la entrega de los mismos es irregular, no cuenta con profesionales multidisciplinarios como nutricionista, sicólogo, trabajador social, bioquímico/farmacéutico, entre otros elementos, que nos muestran la precariedad de la atención a pacientes que requieren de un delicado tratamiento y que deben estar en observación constante”, detalló.

Terrazas dijo que para precautelar la salud de los enfermos se dispuso, por instrucción del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, que sean trasladados a diferentes unidades de hemodiálisis privadas para continuar su tratamiento.

“Lo grave del problema es que con todas esas falencias, el Instituto (del Riñón) se niega a entregar el registro médico de los pacientes, sin embargo, nosotros como Ministerio de Salud, tomamos previsiones para que las sesiones de hemodiálisis prosigan para cada uno de los pacientes”, complementó.

Asimismo, el viceministro de Salud rechazó las acusaciones del director médico del instituto cruceño, Herland Vaca Diez, indicando que "trata de justificar las falencias en la atención a pacientes renales con acusaciones de falta de pagos de esta cartera de Estado" y remarcó que el Ministerio de Salud en todo momento cumplió fielmente el convenio.

Por su parte, Vaca Díez, dijo que son 53 enfermos los afectados con esta determinación, la cual consideró “drástica”, pues pone en riesgo la vida de los pacientes, al no poder recibir atención médica oportuna.

Sobre la inspección del Programa Nacional de Salud Renal, señaçó que la "visita fue para criticar". Asimismo, dice que el informe emitido tras la supervisión resaltaba algunas deficiencias como "la necesidad de estanterías en la farmacia o el requerimiento de un desfibrilador en cada sala".

Debido a ese informe, el Ministerio de Salud habría suspendido el contrato de servicios y, por tanto, no asumiría los gastos realizados en septiembre y octubre por un monto que asciende a los 660.000 bolivianos.

Las deudas acumuladas impiden, de acuerdo a la versión de Vaca Díez, cumplir con las exigencias del Ministerio. "Realizamos un gasto enorme en insumos a pesar de la demora del Gobierno", subrayó.

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