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“Ellos saben que estamos tratando de conservar la mayor cantidad de bosque. Con esta declaratoria protegemos más del 60% de nuestro municipio, para que acaben los avasallamientos. Y ellos han querido entrar rápidamente para decir que estaban antes de la ley, pero eso no vale para la gente de San Ignacio de Velasco”, aseveró Moisés Salces, alcalde de la comuna ignaciana, sobre el avasallamiento detectado en una zona de Bajo Paraguá.

Según la autoridad y pobladores, tres días después de que se declarara a Bajo Paraguá como Área Protegida Municipal, los avasalladores entraron con vehículos de lujo, campings y orugas, y desmontaron 100 metros.

“Es gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al Gobierno nacional, que da ofrendas partidarias otorgando terrenos, como ha hecho siempre. Son traficantes de tierras”, apuntó, a tiempo de explicar que la insistencia en entrarse a la zona Chiquitana tiene que ver con que esta es la que acapara la mayor cantidad de tierras fiscales del país.

Salces lanzó una advertencia. Dijo que los pobladores están organizados, que irán de forma pacífica a exhortar a los “avasalladores”, pero que "si tiene que haber enfrentamientos, así será, porque estamos huérfanos; haremos respetar nuestros bosques y la autonomía municipal”, advirtió.

El edil no tiene fe en el Ejército, dice que no sabe “para qué lado pateará”, y que de todos modos desde el año 2011 la zona ha sufrido avasallamientos con la venia del Gobierno central, “por la designación de nuevas comunidades, a través de gabinete simplemente, y sin conocer el territorio, por eso hemos venido trabajando paulatinamente, tratando de proteger la mayor cantidad de territorio posible”, aseveró.

Según Salces, la decisión de confrontar a los “avasalladores” ha sido consensuada. Dijo que si no se respeta la ley aprobada de área protegida y la decisión de San Ignacio de Velasco de proteger sus territorios, “quiere decir que hay una injerencia y un avasallamiento con respecto a las autonomías municipales”, sostuvo.

“Son avasalladores que dicen que tienen resolución de asentamiento del Instituto de Reforma Agraria (INRA), pero nosotros sabemos que el INRA no da resolución de asentamiento dentro de una reserva forestal,  son traficantes de tierras que están por todos lados de la Chiquitania”, dijo un experto en áreas protegidas que prefirió reservar su identidad.

Según él, se repite la situación del Choré, actualmente “plagado de asentamientos y avasalladores, sin resoluciones del INRA”. Sin embargo, apuntó que el Gobierno nacional ha permitido políticamente esto y “ha bloqueado la actividad, tanto de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) como del INRA para actuar ahí desde hace años. No se puede ni entrar ahí, en el lado de Yapacaní hay plantación de coca, es gente usada como palo blanco para apropiarse de tierras en la reserva”.

En el caso del Choré, dice que saben qué sindicatos hay y cuántos son, pero nada puede hacerse porque depende del nivel central del Estado. “Cuando se reclamó y se hizo representación ante el INRA, nunca hubo respuesta”, acusó.

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