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Un reporte satelital de la Fundación para la Conservación Bosque Seco Chiquitano (FCBC) muestra que en junio continuaron los desmontes, a pesar de que antes de eso la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) estuvo en el lugar y citó a los colonos que se encontraron en la zona.

Casi un mes después de la visita, no se ha informado desde la ABT sobre el resultado de la citación a los colonos; sin embargo, un monitoreo entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio evidenció que se han deforestado tres nuevos puntos, con un tamaño aproximado de una hectárea cada uno, que según expertos forestales de Concepción, son los puntos desde donde se expandirán grandes desmontes.

Según las conclusiones de un documento del INRA sobre el tema del área protegida, la zona es considerada como tierra fiscal no disponible, y corresponde al Gobierno municipal de San Ignacio de Velasco coordinar acciones con la instancia competente, es decir la ABT, para dar solución al tema. El documento es un informe de Luz Marina Ortiz a Eulogio Núñez, director nacional del INRA, sobre la situación del AP.

Hace un par de días, el alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, insistió para que la ABT active el desalojo de los avasalladores en esa zona.

Ya han pasado más de dos meses de la primera denuncia realizada por el edil ignaciano ante el INRA y la ABT. El INRA solo niega que hubiera autorizado los asentamientos, y la ABT no ha resuelto la situación. Dorado lamentó que ya pasaron dos meses desde que mandó la denuncia por escrito.

Desde la ABT, Saúl Morón respondió que se basan solamente en información generada por su institución. "No se autoriza nada, peor si está en reserva", dijo sobre el monitoreo realizado por la FCBC, que detectó nuevos desmontes.

En cuanto a la situación de los colonos notificados, Morón explicó que ya han salido tres informes sobre la problemática de Bajo Paraguá. "El tercer informe que el Gobierno municipal pueda hacer el control de su área protegida municipal, toda vez que ellos han establecido esa superficie. No solo hemos prestado apoyo, hemos ido, hicimos inspección", dijo.

Morón reconoció que el desmonte es ilegal y que se dejaron los comparendos. "Se inició el proceso, ellos se presentan y sigue el proceso", explicó, y recordó que ni el INRA ni la ABT han otorgado permisos.

"El jueves hubo reunión con el INRA para ver temas como éste y que esos asentamientos tendrían que levantarse. Lo está haciendo la ABT, es que esa área tiene solo la ley aprobada, pero en la parte operativa no tiene personal, guardaparques que puedan controlar el área. Nos reunimos con el INRA para ver qué hacer con estas personas", aclaró y aseguró que hay un proceso para desalojarlos.

Los avasallamientos están comenzando a convertirse en una bomba de tiempo, como ya dijeron varios expertos en el tema. En San Ignacio ya se registraron enfrentamientos entre los chiquitanos de la comunidad Ebenezer y los interculturales por una supuesta sobreposición ocasionada por el INRA. 

Según Fernando Rojas, de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv), los comunarios de Ebenezer llevan muchos años habitando en ese lugar. A pesar de eso, han sido demandados por los colonos.

 Juan Peñaranda, secretario ejecutivo de los Interculturales de Cuatro Cañadas, durante una entrevista en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, reconoció que existen asentamientos en áreas protegidas y abandono de tierras.



El avance continúa

Si bien hay denuncias y publicaciones de las mismas autoridades en los medios sostienen la ilegalidad de estos desmontes y asentamientos, hasta la fecha ninguna de ellas, ni municipal ni departamental ni nacional, ha adoptado medidas contundentes para detener esto.

Hasta la fecha ya hay doce perforaciones o desmontes en el área protegida. La primera denuncia, publicada en EL DEBER, fue hace cuatro meses, y desde entonces la deforestación ha continuado dentro del AP y también en los alrededores, en manos de grandes productores agropecuarios, que han desmontado, solo entre dos estancias, como 5.000 hectáreas en una zona de vocación forestal.

Desde Acisiv lamentaron que se encontraran a personal de la ABT y del INRA reunido con los sindicatos de colonos. "Fuimos nosotros con los caciques chiquitanos y encontramos a los directores departamentales del INRA y de la ABT reunidos en mesas técnicas con los colonos, para ver el tema de las tierras", dijeron. 

Morón explicó que estuvo gente del Ministerio de Desarrollo Rural, los directores del INRA y la ABT, reconoció que hubo representantes de la Federación Regional de la Gran Chiquitania (Heber Justiniano) y de la Federación de campesinos. 

Dijo que desconoce por qué no se invitó a los originarios chiquitanos porque no estuvo presente.

Este sábado 17, en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, el director de Planificación del INRA, Juan de Dios Fernández, dijo que desconoce qué se habló en la reunión en la ABT y quiénes asistieron.


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