Montaño asegura que fue la Gobernación la que aprobó la ruta que atraviesa el área protegida Güendá-Urubó
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se trasladó a Santa Cruz para expresar su respaldo a los pobladores de Porongo y Buena Vista que piden la abrogación de una ley departamental y la construcción de una carretera
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, con documentación en mano, aseguró que la carretera desde el kilómetro 13 de la Doble Vía La Guardia hasta Buenavista cuenta con licencia ambiental emitida y respaldada por un estudio que realizó la misma Gobernación en el año 2016.
"Este tramo no es nuevo, no de ahora, se lo conoce desde hace años y no es posible que ahora pongan tantas trabas cuando fue la misma Gobernación la que realizó su estudio técnico", sostuvo el ministro de Obras Públicas.
La polémica ruta generó manifestaciones en el frontis de la Gobernación por más de una semana que acabó en enfrentamientos entre quienes defienden la posición de la Gobernación y quienes exigen la carretera.
La Ley departamental 208 establece como área protegida una extensión de 44.711,09 hectáreas, ubicada entre los municipios de Porongo, Buena Vista y Portachuelo.
Con esta ley se prohíbe “toda obra, actividad o proyecto de infraestructura que tienda a modificar el cauce o flujo natural y la cuenca de los ríos ubicados en la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural Guendá- Urubó, por constituir la fuente vital de todo el ecosistema y la biodiversidad”, puesto que los acuíferos ubicados en el área proveen el 60% de agua que consumen los cruceños.
Según el ministro, la Gobernación ya había contemplado la carretera y en ningún momento se advirtió sobre la afectación a ningún acuífero. "El gobernador (Luis Fernando Camacho) está mintiendo. Aquí está la aprobación de la ruta", dijo Montaño.
Agregó que el avance de este proyecto incluso contempla recursos que fueron destinados y alcanzan los $us 212 millones.
"Desviar la ruta de esta carretera significaría dejar por fuera el acceso a comunidades como Espejillos, Huaytú, Rincón de Terebinto, Santa Fe de Amboró, Santa Rosa de Amboró, entre otras, que está formadas por campesinos productores", explicó Montaño.
Cabe recordar que el gobernador Luis Fernando Camacho manifestó que está en la obligación de proteger la calidad de vida de todos y por ello defiende la Ley 208. Considera que detrás del conflicto hay algunos empresarios interesados en “llenarse los bolsillos a costa de dañar lo que significa la garantía de la provisión de agua para la zona metropolitana de los cruceños”, dijo la autoridad este lunes.
Es más, el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, Jhonny Rojas, informó que se está trabajando en un plan de manejo que no ponga en riesgo la seguridad hídrica de los dos millones de habitantes que viven en la capital cruceña.
Sin embargo, Montaño conminó a la Gobernación a demostrar que ese acuífero es el que provee del líquido elemento a barrios alejados de la capital cruceña. "Que demuestren realmente que de ahí se provee de agua a barrios alejados", disparó el ministro.
