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Con posiciones divididas y con una niña de 11 años que quedó embarazada a raíz de la violación de su abuelastro, este martes surgieron nuevas voces en torno a las decisiones que se tomaron respecto al caso, donde la familia y la víctima optaron por continuar con la gestación tras el apoyo que surgió, principalmente, desde la Iglesia católica para evitar un aborto asistido.

Este martes por la mañana, integrantes de la Articulación Feminista 28 de septiembre protestaron en el centro de la ciudad e hicieron una denuncia pública sobre violaciones a los derechos humanos de las niñas abusadas sexualmente. 

Con la voz de "embarazo infantil es tortura", tildaron de complicidad a la Iglesia católica por permitir que se continúe con el embarazo, observando que esta y otras víctimas son "niñas, no madres".

"Los delitos y atropellos al marco normativo los denunciamos ante los organismos internacionales y ante las instancias nacionales que deben responder. Todos los que han violentado los derechos de las niñas y permitido saltarse y manipular normas, leyes y derechos conquistados tendrán que responder por sus actos", señaló una de las activistas, en referencia a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní y los médicos de la Maternidad Percy Boland.

Cuestionaron que se haya obviado la situación del violador para dar palestra a la Iglesia. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se ha hecho eco de la situación del victimario, incluso la propia Fuera Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) ha concluido que el agresor sea recluido en el penal de Montero de manera preventiva, mientras se impulsan las investigaciones, ya que también habría abusado de la hermana mayor de la niña.








Otras voces

Entretanto, hasta la Maternidad Percy Boland llegaron personas que piden a las autoridades que protejan las dos vidas, es decir, la de la víctima y la del bebé en gestación. Instalaron una vigilia fuera del hospital y piden que se escuche la voluntad de la niña y de sus familiares.  

"Los médicos están respetando la voluntad de la menor, pero la Defensoría de Yapacaní está presionando para que se practique el aborto, arriesgando la vida de la niña, donde hay riesgo de muerte. Estamos aquí para defender las dos vidas y para pedir que se castigue al violador ", dijo una de las mujeres que llegó hasta la Maternidad con pancartas.

Hasta el centro hospitalario también llegaron personeros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, para conocer los detalles de la situación, tomando en cuenta que no se descarta que la víctima sea trasladada a otro centro asistencial.

Mientras que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó que la iglesia católica y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia permitan que la niña pueda ser madre. Aseveró que esa actitud puede ser considerada como un caso de tortura hacia la menor de edad.

“El que una niña de 11 años se sienta responsable, en este momento, para ser madre o para asumir una maternidad, después de todo lo que ha pasado, esa es una situación de vulnerabilidad. (…) Esta permisibilidad para que una niña violada sea madre evidentemente se lo puede considerar como un caso de tortura”, aseveró Cruz en contacto con Bolivia TV.

Cruz reprochó que representantes de la iglesia ingresaran en pasados días al hospital donde estaba la niña para ejercer presión sobre la decisión, cuando la víctima y su familia habían decidido interrumpir el embarazo.

Explicó que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia debió poner un alto a esta “intromisión”, pero al no ocurrir aquello se generó una situación mayor de vulneración en contra de la menor de edad que sufrió ultraje sexual.

Detalló que, tras la última valoración psicológica, la niña se encuentra indecisa y afectada por la presión de la iglesia, su familia, las redes sociales y los medios.

Al respecto, la concejala Lola Terrazas (Comunidad Autonómica) pidió a las personas que se manifiestan a no caer en la revictimización de la menor de edad, tomando en cuenta que la pequeña está sufriendo.  La munícipe critica a las personas y organizaciones que quieren imponer su ideología por encima de la decisión de la niña y su familia, que ya fue tomada.

"Se están emitiendo criterios y opiniones cuando el Código Penal establece que se respete la decisión de la familia. Damos todo el apoyo moral y pido que aunemos esfuerzos por implementar políticas publicas destinadas  a la prevención, educación sexual e iniciativas que ayuden a las mujeres y niñas a ser libres de violencia", dijo la concejal.

La menor de 11 años de edad sufrió en reiteradas oportunidades abusos sexuales por parte de su abuelastro en Yapacaní. Actualmente, el hombre está detenido.


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