Municipios se inundan porque se deforestan las orillas de los ríos

Los registros de la Gobernación, específicamente los del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), muestran que este 2021 se dieron crecidas extraordinarias de los ríos, que rompieron récords desde 1976.

Los expertos atribuyen esta intensidad de las lluvias al fenómeno de La Niña, pero además a una serie de actividades antrópicas que van alimentando el cambio climático. Una de ellas es la deforestación para fines agrícolas.

Un informe recién elaborado por el Searpi muestra los porcentajes de pérdida de cobertura arbórea en las riberas de los ríos en siete municipios del Norte Integrado, pero además, una violación a la Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS) y a la Ley Forestal que protege la servidumbre ecológica de los ríos.

El documento resume el monitoreo realizado en Montero, Portachuelo, Saavedra, Mineros, Fernández Alonso y Santa Rosa del Sara. En Montero, la pérdida de cobertura boscosa en la ribera alcanza el 11%; en Portachuelo el 19%; en Saavedra el 18%; en Fernández Alonso el 32%; en San Pedro el 25%; en Santa Rosa el 16%; y el caso más serio es el de Mineros, cuya desforestación del área de servidumbre ecológica alcanza el 46%.

Aparte de ese daño en zonas rurales, en la capital cruceña la deforestación en el cordón ecológico llega al 23,47%, en lo que corresponde a la parte de servidumbre ecológica, y la presión va aumentando, al extremo de que ya hay pavimento y proyectos inmobiliarios, además de los casi diez barrios y edificios han perforado esta zona de protección y también amenazan el curichi La Madre.

“En ríos caudalosos, la servidumbre ecológica son 100 metros por lado de la ribera, según el artículo 25 del reglamento de la Ley Forestal 1700”, explicó José Antonio Rivero, coordinador de Manejo de Cuencas del Searpi.

Rivero explicó que la servidumbre ecológica son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento impuestas sobre una propiedad, en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables. “Esto quiere decir que usted puede ser propietario, pero no puede tocar esa parte”, agregó.

En el caso del Piraí, Rivero explicó que es un río erosionable en sus orillas, e inundable en toda su extensión. “Es arena y si la barranca no tiene vegetación, hay erosión”, indicó. Puso como ejemplo negativo a Mineros, que tiene bastantes problemas porque encima de todo se deforestan las curvas (meandros), que es donde choca el río, para volver a su cauce. “Y justo es ahí donde se abren los boquetes, y si no hay vegetación que amortigüe el golpe, el agua se entra”, advirtió.

El estudio del Searpi además muestra datos del PLUS departamental y del INRA entre los municipios San Pedro y Santa Rosa del Sara. Según la Ley del PLUS, esa zona está considerada dentro de la categoría GE-F, que prohíbe dotación de tierras, desmonte mecanizado, concesiones forestales, y restringe la apertura de caminos debido a que es un espacio de alto valor ecológico por la biodiversidad y con un régimen de inundaciones periódicas.

A pesar de las restricciones y prohibiciones, el informe de Searpi refleja una serie de titulaciones del INRA, incluidos sindicatos agrarios en zona que no es de vocación agrícola.

Es precisamente en este punto geográfico, conocido como El Remanso, donde se abrió un boquete que afecta a la servidumbre ecológica. “Lo que llama la atención es que toda esta dotación se ha hecho por medio de decreto y todos sabemos que un decreto no está por encima de la Ley del PLUS. Y están con matrícula del INRA, todo esto es lo que ocasiona las inundaciones, todo está titulado, con matrícula”, dijo Rivero.

El director de cuencas que explicó que el problema de esta tenencia es que no se respetaron las restricciones que manda la norma, como la de caminos vecinales dentro de la servidumbre ecológica, incluso por responsabilidad de las mismas autoridades municipales y propietarios.

Respecto a la problemática de inundaciones en áreas aledañas a la red de drenaje de la cuenca del río Piraí, Karol Vivancos, ingeniera ambiental y especialista en calidad hídrica, infiere como principal causa la deforestación por el cambio de uso de suelo ante el crecimiento urbano no planificado, el desarrollo de actividades del sistema económico productivo emplazadas en áreas declaradas de uso restringido y de protección, que vulnera en gran parte lo establecido el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz.

De acuerdo a Vivancos, en el Norte integrado la deforestación a causa de la agricultura y ganadería es a gran escala, y la afectación a los bosques ribereños es la de mayor preocupación, ya que esta vegetación debería priorizarse para mantener la dinámica del río y la biodiversidad existente en la cuenca baja.

“La existencia de grandes extensiones de suelos desnudos y los cambios climáticos, con disturbios en los ciclos de la precipitación y aumento de la velocidad de los vientos, que no encuentran una barrera boscosa como muro de contención, conllevan a inundaciones ante eventos hidrometereológicos extremos, evidenciándose estos efectos adversos de afectación socioeconómica en áreas vulnerables”, dijo.  

El director del Searpi, Ricardo Arana, coincidió con que el área de servidumbre de esa zona ha sido violada por completo. Recordó que en agosto el Searpi ya advirtió a los productores agropecuarios de la Cao y Anapo “que si las cosas continúan como hasta ahora y no quieren atender todo lo que se les pide, que es la atención a los ríos, terminarán cambiando sus tractores por canoas”.

La protección del área de servidumbre ecológica es competencia de la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT). El director departamental, Luis Flores, aseguró que la ABT controla el cumplimiento de estas áreas de protección a través de instrumentos de seguimiento como los IPDM (Informes de Planes de Desmonte), y que cuando se ve incumplimiento se sanciona de acuerdo a la directriz sancionadora de contravenciones forestales agrarias (ABT 042/2016).

“La ABT siempre ha sancionado estas contravenciones y se trata de sanciones monetarias, de acuerdo a la superficie afectada.  También en algunos casos se revocan sus derechos de desmonte”, aseveró.