La investigación por el caso denominado ‘narcomadera’ entra en una nueva fase. La Fiscalía confirmó que desde este miércoles comenzarán a declarar los representantes legales y dueños de las empresas vinculadas a los cargamentos de madera que fueron observados en Chile por presunta contaminación con sustancias controladas. Al menos 30 personas fueron citadas inicialmente en calidad de testigos, mientras continúan los allanamientos y la recolección de pruebas en diferentes departamentos del país.
El fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, informó que las primeras comparecencias se desarrollarán entre miércoles y viernes, y continuarán la próxima semana, como parte de las diligencias destinadas a determinar responsabilidades dentro de la cadena de exportación de los cargamentos investigados.
“Desde mañana ya van a comenzar a declarar las primeras empresas y van a seguir el jueves, viernes y la otra semana también”, señaló la autoridad.
La Fiscalía ejecutó este martes cinco nuevos allanamientos en Santa Cruz, elevando a siete las empresas intervenidas en el departamento cruceño. A nivel nacional, la cifra de operativos alcanza aproximadamente 30, según datos proporcionados por la comisión de fiscales que investiga el caso.
Durante las intervenciones, los investigadores secuestraron documentación comercial, registros de exportación y muestras de madera que serán sometidas a análisis especializados.
“Hemos realizado un allanamiento donde se ha secuestrado documentación referente a otra empresa observada en Chile y también se ha cortado un pedazo de madera que será enviado al IITCUP y al IDIF para las pericias correspondientes”, explicó Porras.
Los operativos se concentraron en empresas dedicadas a la exportación de madera y productos derivados, ubicadas principalmente en Santa Cruz, aunque las pesquisas también se desarrollan en otros departamentos.
Buscan determinar dónde fue contaminada la madera
La principal línea de investigación apunta a establecer en qué momento de la cadena logística y en qué lugar específico la madera habría sido impregnada con sustancias controladas antes de su envío al exterior.
Para ello, los fiscales ordenaron la toma de muestras, tanto de cargamentos almacenados como de remanentes de exportaciones anteriores. Las piezas recolectadas serán sometidas a estudios científicos cuyos resultados podrían conocerse en un plazo de entre 10 y 15 días.
“Todos los días estamos enviando muestras. Me han dicho que en unos 10 o 15 días ya van a estar los resultados”, indicó el fiscal.
Porras destacó que, hasta el momento, los propietarios y representantes de las empresas intervenidas han mostrado predisposición para colaborar con las investigaciones y entregar la documentación requerida.
“Todos los propietarios están sorprendidos, pero también ha habido la predisposición de todas las empresas para proporcionarnos toda la documentación”, afirmó.
Incluso, según explicó, algunas compañías autorizaron voluntariamente el corte de puertas y piezas de madera para la extracción de muestras destinadas a los análisis periciales.
Citaciones podrían ampliarse
La Fiscalía confirmó que actualmente unas 30 personas fueron convocadas en calidad de testigos, entre propietarios, representantes legales y trabajadores de las empresas investigadas. Sin embargo, las citaciones podrían ampliarse a medida que se analice la documentación secuestrada.
Porras adelantó que también podrían ser convocados funcionarios de entidades públicas relacionadas con los procesos de exportación y control forestal.
“Toda la información que hemos secuestrado será analizada y quienes hayan tenido participación en cada envío serán citados a declarar”, sostuvo.
Las autoridades informaron que el miércoles los allanamientos continuarán en Santa Cruz. De hecho, la Fiscalía informó que aún existen al menos tres empresas pendientes de intervención dentro del proceso investigativo.
El caso ‘narcomadera’ se originó tras el hallazgo en Chile de cargamentos de madera presuntamente contaminados con sustancias controladas, situación que activó una investigación conjunta para determinar responsabilidades y establecer cómo operaba la presunta red vinculada al envío de la mercancía al exterior.
Mientras avanzan las pericias y declaraciones, el Ministerio Público busca reconstruir toda la ruta de exportación para identificar el punto exacto donde la carga habría sido alterada antes de salir de Bolivia.