El semáforo marca el ritmo de sus vidas. Mientras otros niños de su edad terminan las tareas escolares y salen a jugar con sus amigos, ellos pasan horas en avenidas y rotondas, extendiendo la mano, vendiendo o limpiando parabrisas para conseguir unas monedas.
Los más pequeños permanecen sujetados al cuerpo de sus padres, sin la posibilidad de correr ni jugar. Los más grandes se las ingenian para ofrecer dulces o pedir ayuda a los conductores. A pocos metros, quienes los acompañan observan desde la sombra de algún árbol.
Son niños que durante el día viven prácticamente en las calles de la ciudad, expuestos a todo tipo de peligro y a situaciones que limitan el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la protección y la salud.
Pero hay otros que, incluso, son trasladados a otras ciudades para mendigar, como ocurrió con cinco menores de edad que fueron llevados a Cochabamba. La situación salió a la luz tras la muerte de una bebé de apenas seis meses, uno de los niños desplazados.
El caso destapó una realidad dolorosa y puso en la agenda pública la problemática de la mendicidad infantil y el trabajo forzado de niños y adolescentes.
En la capital cruceña, en el cuarto anillo y zona noreste deambula Lati, un niño de apenas diez años que espera con impaciencia que el semáforo cambie a rojo. En cuanto los vehículos se detienen, corre y se ofrece para limpiar los parabrisas. Cada moneda que recibe representa un paso hacia la meta diaria de reunir alrededor de Bs 50. Son las 16:27 y ya ha conseguido Bs 35.
“Se lo doy a mi mamá”, dice cuando se le pregunta qué hace con el dinero. Cursa el cuarto de primaria y asegura que asiste a clases por las mañanas y que, apenas sale de la escuela, cambia los cuadernos por agua y escobilla.
Llega acompañado por su madre y su abuela, quienes permanecen sentadas a un costado del semáforo mientras observan el ir y venir de los niños. A pocos metros de él, al menos otros seis menores repiten la rutina.
En otra rotonda de la ciudad, Carlos, de 11 años, toma un descanso en un banco de madera, mientras observa a otros dos niños jugar fútbol con una botella plástica que hace las veces de pelota. Sobre sus pies coloca las bolsas de papel higiénico que hasta hace unos minutos ofrecía entre los vehículos que se detienen en el semáforo. “Ayudo a mi papá y a mi mamá”, dice. Lleva siete horas vendiendo bajo el sol. Su rostro cansado se ilumina con una sonrisa cuando habla de su sueño de convertirse en un gran futbolista. Por eso, dice que también entrena en una academia.
Ahora que está de vacaciones, permanece allí desde las 9:00 hasta las 17:00, aunque a veces la jornada se extiende más tiempo. Hace tres meses que su familia comenzó a salir a vender en las rotondas. Antes, su madre vendía en un puesto de comida, pero tuvo que cerrar.
Hasta las 16:00 había vendido tres jabas de papel higiénico, lo que equivale a Bs 240. “¿Y te dan algo?”, pregunta una persona que escucha la conversación. “No, de ahí comemos todos”, responde el niño.
A su lado está otra chica de 9 años que ayuda a su hermana en la venta de refrescos. Habitualmente trabaja solo por las tardes, pero ahora, durante el receso escolar, permanece allí durante toda la jornada.
La rutina de estos pequeños transcurre muy cerca de los canales de drenaje, escenarios marcados por la venta y el consumo de drogas, y la presencia de personas alcoholizadas. Quienes venden en las rotondas saben del peligro y siempre están alertas, porque ven que portan armas blancas.
Cualquier actividad que vulnere los derechos o ponga en riesgo la integridad de los niños está prohibida por la legislación boliviana. En particular, el trabajo infantil y la mendicidad forzada constituyen delitos sancionados por ley.
La Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas establece penas de entre 10 y 15 años de privación de libertad para quienes utilicen a otras personas para pedir dinero o realizar actividades de mendicidad. La condena puede incrementarse hasta 20 años cuando la víctima es un niño, niña o adolescente.
En tanto, la Constitución Política del Estado estipula que nadie puede ser sometido a esclavitud o trabajo forzoso. El Código Penal también lo prohíbe y si la víctima es menor de edad, hay penas de hasta 16 años de cárcel.
Las autoridades destacan que se han retomado las acciones para frenar este flagelo, aunque reconocen que es un problema estructural por falta de atención integral por parte del Estado.
Las acciones
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jéssica Echeverría, manifiesta que en la mendicidad forzada no solamente son utilizado los menores, sino también adultos mayores. “Es importante que se pueda visibilizar esta situación”, resaltó al manifestar que se han tenido reuniones con las diferentes instancias, donde han acordado establecer mayor control para poder articular acciones para combatir el delito de trata y otras situaciones que vulneran derechos.
Por su parte, Daniela Suárez, responsable de la Niñez, dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, señala que esta realidad siempre ha estado presente en las calles y ahora se ha logrado articular a diferentes instancias para atender esta problemática. Indicó también que se está trabajando un proyecto para que se pueda abordar esta problemática nivel municipal, departamental y nacional.
Por su lado, la directora municipal de Asuntos Generacionales, Lola Terrazas, lamenta que la mendicidad y el trabajo forzado exponga a los niños a situaciones de riesgo. Recordó que son delitos penados por ley.
“Son actividades ilegales que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando y haciendo las intervenciones necesarias porque este tema no se resuelve de un día para otro”, enfatizó.
Lamentó que muchas personas, con la intención de ayudar, contribuyen a que los niños permanezcan en las calles al entregarles monedas. Señaló de detrás de esas prácticas suelen existir adultos que los utilizan como una fuente fácil de ingresos, exponiéndolos a peligros, accidentes y diversas formas de vulneración de sus derechos. “Estos menores no reciben alimentación, salud ni los cuidados que deben tener. A veces tampoco tienen educación”, dice Terrazas.
Señala que se ha comenzado a trabajar con diferentes instancias y fundaciones porque las familias necesitan un acompañamiento, dado que dado que algunos papás tienen antecedentes penales y no encuentran una oportunidad laboral, por lo que usan a los niños para la mendicidad.
Esta instancia, junto con la Gobernación y la Policía, también ha realizado operativos en canales de drenaje y otros lugares, donde han encontrado menores de edad en alto riesgo, los cuales han sido llevados a hogares.
En estos controles se destapan dramas familiares, porque se identifican a niños en la orfandad y otros que están con algún familiar y no reciben el cuidado que necesitan.
Sobre esta problemática, Denis López, presidente de la Red Nacional de Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Familias en Situación de Calle, insiste en que es indispensable el trabajo coordinado. “No es una elección estar en situación de calle, es el síntoma más cruel de un tejido social que está fallando”, sostiene, al indicar que la calle se convierte en un espacio de sobrevivencia o de respuesta frente a la extrema pobreza, a la exclusión y a la violencia que han sufrido.
“Tenemos que desarrollar un trabajo más integral, más profundo, de solución más estructural”, sostiene.
PARA SABER
Edad mínima para trabajar
El Código Niña, Niño y Adolescente fija como edad mínima para trabajar los 14 años de edad, pero excepcionalmente las defensorías pueden autorizar la actividad laboral por cuenta propia a niños de entre 10 y 14 años, siempre que no atente su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibido por la ley.
Informe
Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre el trabajo infantil y adolescente en Bolivia de 2023, más de 700.000 menores entre 5 y 17 años realizan alguna actividad laboral. Muchos lo hacen en condiciones de explotación.
Los adultos mayores también están expuestos
La necesidad empuja a adultos mayores y personas con discapacidad a pedir en las rotondas. En el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia, Hugo, de 63 años, alterna su rutina entre pedir colaboración y vender dulces. La diabetes le arrebató ambas piernas y unas vendas cubren las heridas que dejaron las amputaciones, por eso se transporta en una silla de ruedas.
Cuando la luz se pone en rojo, impulsa con fuerza la silla hasta alcanzar la fila de vehículos. Golpea suavemente las ventanillas y extiende la mano con la esperanza de recibir algunas monedas.
Dice que está solo. Vive en un alojamiento cercano a la exterminal y cada día toma un taxi para llegar a la rotonda, donde pide limosna a los que pasan. Esto lo hace desde las 13:00 hasta las 17:00, y al caer la tarde comienza a vender dulces para completar el dinero que necesita.
En el tercer anillo interno de la avenida Cristo Redentor, sobre el cordón de la vía, otra persona se expone al peligro, porque los conductores deben pasar cuidadosamente para no aplastar sus piernas.
“No sé cómo llega, porque tampoco está todo el día”, dice una mujer que a diario pasa por este lugar y siempre intenta dejarle algo.
Situaciones como estas se repiten en distintos puntos de la ciudad, donde también hay personas con alguna discapacidad, que son manipuladas por otros. Los tienen largas horas, con la única protección de algún sombrero o manta en la cabeza, para que pueda soportar las altas temperaturas.
También se observan extranjeros que salen con su familia para pedir una limosna.