Nuevo plan de manejo del área natural de San Matías omite el manejo forestal

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Con 2,9 millones de hectáreas de superficie, el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías es la segunda área protegida más grande de Bolivia, y una de las más extensas en Sudamérica.

Además, es un sitio Ramsar (humedal), que permite mantener y preservar la biodiversidad de tres ecosistemas: pantanal, cerrado y bosque seco chiquitano.

Desde su creación el 31 de julio de 1997, al amparo del Decreto Supremo 24734, viene sufriendo una serie de amenazas, como el cambio en el uso del suelo con incendios y desmontes, la minería legal e ilegal, el tráfico de tierras y de madera.

Sin embargo, en este último tiempo, las agresiones son mayores, como el incendio descontrolado desde junio hasta octubre de 2024, que de acuerdo a datos de la Gobernación cruceña afectó en más de un millón y medio de ha a esa zona, y en total más de dos millones en todo el municipio de San Matías.

Asimismo, el reporte de quemas de la Fundación Tierra, actualizado al 30 de septiembre de este año, muestra que las áreas protegidas fueron los segundos lugares más quemados este año, con 22%, después de los territorios indígenas, con 28%.

El mismo informe deja claro que San Matías fue el municipio más quemado del país durante esta gestión.

A esto se añade la exclusión de las Autorizaciones Transitorias Especiales (antes concesiones forestales, hoy ATE), de la aprobación con resolución administrativa del nuevo plan de manejo del ANMI San Matías, elaborado por un equipo de investigadores del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), conjuntamente con la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAGRM y con la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature-WWF).

Con esta medida se afectaría a nueve ex concesiones que se sobreponen al ANMI, en una zona considerada Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP), segúnla Ley del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del departamento cruceño.

En total, se afectaría a casi 600 mil hectáreas de bosque, sobre todo considerando la presión antrópica en el lugar.

Según la investigación “Evaluación del riesgo ambiental en el área de influencia y área protegida San Matías” (UAGRM), de la ingeniera forestal Carla Castro Solares, entre los años 2001 y 2012 aparecieron 25 comunidades en la zona de influencia, mientras que dentro del Área Protegida se contabilizaron 18 nuevas comunidades entre 2001 y 2012, es decir posteriormente a la creación del ANMI, es decir que no contaban con derechos pre constituidos.

El ANMI San Matías se encuentra bajo tuición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a su vez bajo el paraguas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

Asimismo, la investigación de Castro concluye que estas poblaciones, que crecen exponencialmente, se dedican a la agricultura y la ganadería, lo que incrementa el problema de la deforestación.

El documento “Deforestación en Bolivia, cambios en la cobertura vegetal entre 1956 y 2022”, elaborado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), muestra al ANMI San Matías como la cuarta área protegida más desmontada del país, después del Amboró, Isiboro Sécure (Tipnis) y Carrasco.

De acuerdo a este análisis de FAN, sin contar el daño por los incendios, entre 2021 y 2022 se deforestó casi la misma cifra que en casi 50 años, de 1956 a 2005.

Esta pérdida de cobertura boscosa en general en todo el país, se hace más crítica en los últimos años, cuando se experimenta la mayor tasa de desbosque, según FAN.

Adicionalmente, Santa Cruz es el departamento con mayor preocupación por la pérdida acelerada que experimenta durante todo el rango de análisis (1956-2022).

“En este departamento, actualmente se encuentra casi la mitad de los bosques del país (46%) y con los impactos climáticos que golpea principalmente al sector agropecuario, generando zozobra y pérdidas millonarias con la recurrencia de sequías e inundaciones”, dice el reporte.

Además sugiere plantearse en el departamento el desafío de mantener sus bosques en pie, como la medida más efectiva para lograr su resiliencia y capacidad adaptativa frente los efectos del cambio climático que está en curso en Bolivia y el mundo, sobre todo considerando que Bolivia es parte de los suscriptores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la agenda de Naciones Unidas para 2030.

Uno de los 17 objetivos es la Acción por el clima, que demanda adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

“Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. La temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría ser peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados”, dice Naciones Unidas, y entre las formas de evitar esto se encuentra el cuidado de los bosques.

Contrariamente, según el Global Forest Watch, en 2023 Bolivia ocupaba el tercer lugar mundial entre los países que sufrieron más deforestación.

El informe de FAN deja explícito que el quinquenio 2016-2020 marca la aceleración de la deforestación en el país, superando las 260 mil ha/año, y en el periodo 2021-2022 el aumento de la deforestación experimentó un récord histórico, con 396.000 ha/año, es decir 105% más respecto al promedio (192.892 ha/año) del vicenio 2001-2020 (20 años).

Un monitoreo satelital y con cruce de información refleja que en tierras fiscales del ANMI, según la data del INRA, existen desmontes autorizados por la Autoridad de Bosque y Tierra (ABT), especialmente donde había Asociaciones Sociales del Lugar (ASL).

 Desconocimiento

La bióloga Lilian Apaza, coordinadora en la elaboración del nuevo plan de manejo del ANMI San Matías, se mostró sorprendida por la aprobación con resolución administrativa, a la que aún le falta la firma ministerial.

La misma reacción hubo de parte de la directora del Museo de Historia Natural, Luzmila Arroyo.

Ayer, el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, junto con sus investigadores, sacó una aclarativa sobre el proceso de revisión y aprobación del nuevo plan de manejo.

En el pronunciamiento, la entidad explicó que desde el inicio de este proyecto en 2018 se asumió un rol técnico, asegurando el apoyo de actores clave, como el Comité de gestión del área.

El Museo admitió que, durante la fase de revisión, el Sernap emitió observaciones sociales y técnicas que respondían a inquietudes de la población local y a aspectos técnicos necesarios para el cumplimiento de las normativas de manejo de áreas protegidas, observaciones que fueron acogidas con consultas adicionales y adaptaciones.

A pesar de este esfuerzo, el Museo indicó en su aclarativa que el proceso de revisión no ha concluido de manera formal, y hasta la fecha el documento no ha sido declarado conforme en su totalidad por el Sernap ni por las instancias técnicas responsables de su evaluación final.

“Nuestra institución se encontraba a la espera de una comunicación oficial desde 2022, junto con un informe técnico de conformidad. Lamentablemente, en 2024 hemos sido sorprendidos al tomar conocimiento de que el plan de manejo se ha presentado públicamente como “aprobado”, sin que se hubiera remitido a nuestra institución, ni a los actores involucrados, un informe de conformidad ni resolución que valide el cumplimiento de las observaciones realizadas. Este hecho causa preocupación y confusión y afecta la confianza en los procedimientos establecidos para la gestión de áreas protegidas”, indicó el MHNNKM.

Por último, instó a las autoridades competentes a esclarecer la situación actual del plan de manejo, de modo que se respete el proceso participativo y técnico de las instituciones y comunidades involucradas.

EL DEBER pidió una explicación a Johnson Jiménez, director ejecutivo del Sernap, y a Moisés Yonyun Hur Tórrez, director de Planificación, pero hasta el cierre no respondieron.

 Restauración

El 1 de octubre de 2024, en medio de los incendios, el exdirector del ANMI San Matías, Osman Castro, mandó una carta a Moisés Yonyun Hur Tórrez, adjuntando una propuesta de restauración ecológica posincendio, y solicitando que esta sea incluida en el presupuesto 2025.

La planificación para cinco años, 2024-2029, demandaba una inversión de 1.840.000 de dólares.

“Por lo menos había seis ATE activas en el ANMI San Matías y es más, incluso existía un convenio de cooperación con Cimal, una de las ATE, para patrullajes, incendios, etc.”, explicó Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), quien viene denunciando la reducción de la tierra de uso forestal en los últimos años.