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Olvis Égüez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cree que el Consejo de la Magistratura debe estar al servicio del sistema judicial, pero no es así y el que pierde es el ciudadano. Asegura que Santa Cruz es el que tiene el pico más elevado de causas del país, en lo territorial y en población. Habla del recorte de Bs 171 millones al presupuesto al ramo judicial cuando se requiere más jueces. Prefiere un salario con dignidad a la abundancia que algunos buscan.

-¿Qué hacer con una justicia tan cuestionada y en la que ya nadie cree?

Con la evolución democrática de las diferentes sociedades, a mayor madurez y estabilidad democrática, mayor independencia de un sistema judicial. En Bolivia hemos venido arrastrando problemas a lo largo de la historia. Desde 1825 hemos tenido gobiernos democráticos y de facto. Arrastramos los mismos problemas, de mora procesal, de corrupción, de retardación de justicia que, hasta hoy, siguen latentes. La ciudadanía y el sistema de justicia hacen una autocrítica, decimos qué vamos hacer, tenemos que cambiar, hay que modificar la forma de impartir justicia que se ha venido manejando. La gente está cansada, pierde la credibilidad. A partir de la nueva Constitución Política del Estado del Estado, la Constitucionalidad de Derecho Plurinacional y el poder constituyente, ve la necesidad de cambiar las principales estructuras sociales económicas, políticas de Bolivia. El Órgano Judicial se lo concibe con la necesidad de realizar un cambio, se cambia el modelo de designación mediante el voto directo en el ejercicio democrático del ciudadano. En ese momento nace una esperanza, de alguna manera atravesar una primera etapa de meritocracia y pasar a la elección del ciudadano. Por una razón de carácter política, este momento en la segunda etapa impidieron que la ciudadanía ejerza de manera libre un voto válido, los que quisieron elegir a sus jueces, lo hicieron, una gran parte voto en blanco y nulos. El ciudadano determinó ejercer su derecho democrático al elegir, como un modelo puro de democracia.

En ese camino nos tocó asumir a comienzos de 2018. Mi persona con más de 125 mil votos a mi favor, una de las máximas votaciones en el país, llegamos a asumir y en tres años se logró ejercer políticas institucionales creando modelos informáticos al servicio del mundo litigante como es sistema Mercurio, Hermes y otros, para el acceso a correos electrónicos. Se crearon más juzgados, las oficinas gestoras de procesos en materia penal, pero en este tiempo de crisis política, que repercutió en el órgano judicial por las razones que sucedieron, frenaron el trabajo que se gestaba en sala plena. Me toca asumir en junio con una Dirección Administrativa y Financiera (DAF ) que estaba agonizando con una iliquidez financiera por ausencia de recursos propios, no nos permitía pagar los meses de julio, agosto y septiembre de los funcionarios. Con el Ministerio de Economía logramos el pago salarial. Hoy tenemos proyectos como el expediente electrónico, justicia digital que nos permitiría disminuir la mora procesal transparentando el manejo de la administración de justicia para un mejor acceso del litigante. Los jueces en Bolivia son 1.095 que llegan a conocer 579.827 causas. Si sacamos un promedio, cada juez llegaría a conocer, más de 500 procesos y si tomamos en cuenta el conocimiento de un juez en Sudamérica, como Argentina y Paraguay son 204 procesos lo que debe conocer cada juez. Si lo monetizamos, entendemos que, de acuerdo a los 1.095 jueces que tenemos que llegan a conocer 579.827 casos, la media es de 530 causas por juez, en una superficie de 1.003 km cuadrados. Deberíamos incrementar a ese 1.095, un número de 1.747 jueces, que sumados daría el total de 2.842. Tendríamos para conocer 204 casos por juez. Si monetizamos y lo convertimos en juzgados con todo su equipo necesitaríamos tener un adicional anual de Bs 633.405.353 a escala nacional.

Es necesario crear juzgados, pero qué hacemos frente a nuestra realidad. Tenemos presupuestado Bs 1.130 millones para este 2021.

Según la Ley Financial, se está disminuyendo al presupuesto al sector público, y a nosotros 171 millones.

Se necesita una reestructuración administrativa y según los porcentajes de esos Bs 1,130 millones presupuestados en el POA, tomando como una realidad, disminuyéndole los 171, serían 969 millones, de los que el 60%, son recursos propios y el 40 % es del TGN.

Se tiene un presupuesto de la partida de Bs 48.50,793 para salarios del personal, de ese monto a la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) se le paga Bs 3.445.253, el 7.17 %, al Consejo de la Magistratura se le paga Bs 5.816,259 que es el 12.10 %, al sector agroambiental Bs 3.104.451, el %, a la jurisdicción ordinaria Bs 35.684,830 que es el 74.26 %.

Estaríamos bordeando el 25%, una cuarta parte y de acuerdo con lo que se ha hablado con el Ministerio de Justicia se puede convertir el sector agroambiental en una sala para ahorrar ese presupuesto. Ese 25% se puede convertir en un 12% y se hace reestructuración en la parte administrativa para ahorrar Bs 12 millones y priorizar la parte jurisdiccional creando más juzgados. Tenemos un proyecto de reforma de la ley de extinción de dominio, como Tribunal Supremo. Algunas entidades tienen porcentajes y se benefician, pero al Órgano Judicial no se lo toma en cuenta con porcentajes de esas confiscaciones y monetización de bienes producto de delitos del narcotráfico.

Cuando hablamos de independencia, hay dos pilares. La autonomía presupuestaria y la carrera judicial. La presupuestaria significa una cuenta única que maneje el Órgano Judicial para cubrir sus necesidades con un presupuesto que garantice el funcionamiento en condiciones óptimas y no dependa de otros órganos del Estado. El Órgano Judicial representa el 0.51%, del presupuesto del TGN.

- ¿El juez está siendo atrapado por el miedo del poder político?

En los gobiernos de democracia madura por ejemplo en España, existe la Escuela de jueces. En el modelo boliviano funcionaba el Instituto de la Judicatura, luego se crea la Escuela de Jueces del Estado a partir de 2018 se promocionó 210 jueces, luego a 144 y en días pasados, se lanzó la convocatoria para los postulantes para 140 espacios. Estaríamos hablando que en los dos años próximos, sumados a los 354 se logró tener 494 jueces, producto de un proceso de formación, de casi 2.000.

Lo ideal es que el 60 % de los jueces sean producto de la Escuela de Jueces, pero tenemos a la inversa porque en los últimos cuatro años, tendríamos solo una cuarta parte. Hay que fortalecer la Escuela Jueces que permita el acceso a profesionales abogados de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Que cada abogado estudie donde viva.

La carrera judicial debe ser fortalecida. A veces el juez se ve vulnerable frente a situaciones que se pudieran dar debido al monopolio de competencias que se tiene en el Consejo de la Magistratura. Si este tiene la competencia de designar a los jueces, a través de control y fiscalización, de procesarlo, entonces existe un monopolio de competencia y atribuciones que, a mi criterio, debería descansar sobre otras entidades. Si designo a una persona, ¿cómo puedo controlarlo, sancionarlo o suspenderlo? Hay ciertas competencias que son antagónicas y que de alguna manera pueden influenciar sobre la objetividad de estas unidades bajo una misma cabeza. Es necesario descomprimir estas competencias. Si se fortalece el proceso de ingreso de los jueces, la carrera judicial se fortalece, igual que la autonomía e independencia institucional.

- ¿Hay coordinación con el Consejo de la Magistratura?

Desde que se creó el Consejo de la Magistratura, hasta ahora nunca ha existido un nivel de coordinación fluida con el Órgano Judicial, siempre hubo una especie de puja por poder establecer mayores competencias atribuciones porque entendemos que el Consejo tendría que estar al servicio de la parte jurisdiccional, que es la esencia del sistema judicial. El Consejo ve lo disciplinario, está al servicio del Órgano Judicial en lo administrativo, pero por falta de coordinación este elemento ha jugado en contra de lo que representa la creación de las políticas institucionales. Finalmente, quien ha perdido es el ciudadano porque como sistema hay dificultades para avanzar. En el último año la coordinación ha sido prácticamente nula. Recientemente se aprobó un reglamento para el proceso de evaluación y designación de los jueces que en anteriores oportunidades, se nos incorporó como tribunal previo a reuniones con delegados. Hoy no se lo ha hecho de manera extraña y hemos presentado una nota formal para que se pueda convocar a una reunión. Como Tribunal Supremo, tenemos el conocimiento y la experiencia para participar en los procesos de evaluaciones, designaciones, conocemos a nuestros abogados para dar criterios. El valor supremo de justicia, llega como la coordinación que debe existir entre el Consejo y el Tribunal Supremo, al servicio de la parte jurisdiccional, un nivel que hoy no existe.

- ¿Qué pasa con la carga procesal de Santa Cruz?

Santa cruz, de 370. 621 km y más de tres millones de habitantes cuenta con 221 jueces, tiene una carga procesal de 152.728 procesos. Cada juez conoce los conflictos de 15.249 habitantes y la carga que tiene cada uno es de 691 causas, en una superficie de 1.677 km cuadrados. Si tomamos en cuenta esto Santa Cruz conoce mayor cantidad de causas, la mayor superficie territorial del país y con la mayor cantidad de habitantes. Tenemos lo máximo a nivel nacional y representamos el pico más alto de causas y la situación más caótica con relación al número de jueces la tiene Santa Cruz. Necesitamos ser atendidos con carácter prioritario, si se toma en cuenta, además, que genera más recursos por pago de aranceles.

-¿Qué le dice a los jueces y cómo es su vida ahora de presidente del TSJ?

Administrar justicia, para algunos abogados, representa la oportunidad de poder mejorar sus condiciones de vida de manera rápida, pero para una gran mayoría representa el poder construir un mejor modelo en base a ese ideal, la utopía de un mejor sistema judicial a favor del pueblo. Eso debe ser el detonante, el motor, cuando un país que tiene una economía golpeada. Debemos de ser conscientes que para cambiar se necesita mucho esfuerzo y contar con un mayor compromiso social. Entendemos que para recuperar un sistema que ha perdido credibilidad ciudadana depende de nosotros. Debemos crear mayor confianza que este año que se nos viene.

Desde que asumí como presidente mi vida cambió bastante. Entiendo que el peso sobre los hombros de cualquier ciudadano que es cabeza de un órgano judicial de cualquier país del mundo, es bastante complejo. Mi vida personal y familiar ha cambiado, pero le pido a Dios me de sabiduría y fuerza para darle lo mejor y dejar huella haciendo lo bueno para la sociedad.

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