Organizaciones afines al MAS no acatarán el paro cívico de emergencia por el censo

La otra cara de la moneda. Organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) suman fuerzas para expresar el rechazo contra el anunciado paro cívico que impulsan más de 300 instituciones como medida de emergencia ante la falta de atención del Gobierno central para responder con argumento técnicos la postergación del Censo de Población y Vivienda para el año 2024.

Argumentan la reactivación económica. El rechazo más reciente salió este jueves desde la Central Obrera Departamental (COD), que emitió una resolución en la que no solo rechaza el paro al que tilda de "irresponsable" y apunta a que es promovido por el gobernador Luis Fernando Camacho, sino que también respalda la reprogramación de la encuesta nacional.

El paro cívico es una determinación que surgió en cumbre de emergencia en favor del censo, escenario que tuvo lugar en la capital cruceña en días pasados. La medida fue fijada para el 25 de julio si es que el Gobierno no escucha el llamado del departamento más grande del país, desde donde piden que se expongan los argumentos técnicos de la suspensión de la encuesta nacional.

“Bolivia necesita un censo responsable que le permita planificar la gestión pública y privada, con un levantamiento de datos y una cartografía elaborada que garantice la precisión y trasparencia de los datos con resultados reales. Un Censo en el 2022, como lo plantea el gobernador de Santa Cruz no es sensato”, aseveró el secretario de la COD, Rolando Borda, que es afín al MAS.

El ejecutivo aseveró que el paro convocado solo se ensaña con la economía de la población y que vive de su trabajo del día (principalmente en la informalidad), por lo que propuso que se realice una “Cumbre por el Censo” donde puedan participar todas las organizaciones sociales para defender los intereses de cada región.

Por otro lado, en un encuentro extraordinario de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), los alcaldes masistas definieron no acatar la movilización del comité interinstitucional departamental, por lo que al menos 31 gobiernos municipales no acatarán la medida.

Sin embargo, las autoridades municipales sugirieron al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se impulse la implementación de mesas técnicas para que se consideren los criterios "de justificación del cronograma, para que a la brevedad posible se ejecute la actividad censal".

A ellos se suman asociaciones de transporte de municipios de San Julián, Yapacaní, Warnes y El Torno, que serán visitados por el ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño, para abordar el tema. 

Montaño adelantó que explicará las normas que le dan facultad y competencia al gobernador Camacho en cuanto al conflicto de límites y la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites intradepartamentales.

"Toda esta documentación haré conocer a los hermanos transportistas y organizaciones sociales para que sepan la irresponsabilidad del gobernador de Santa Cruz, que ahora quiere ocultar con su bloqueo", agregó, a tiempo de recordar que, por un día de paro el departamento cruceño pierde $us 32 millones.

A los transportistas también se suma una asociación de comerciantes del mercado Abasto, cuya dirigencia salió a rechazar la movilización.

Lo que dice el gobernador

Entretanto, el gobernador Luis Fernando Camacho remarcó que aún Santa Cruz está a la espera de que las autoridades del Gobierno central brinden una explicación para conocer los motivos para la postergación del Censo de Población y Vivienda.

“Se decidió que, si hasta el día viernes no hay respuesta del Gobierno para entrar a dialogar, que nos dé la explicación de por qué técnicamente no se puede llevar adelante el censo, el día lunes nosotros entramos a un paro de 24 horas”, ratificó en contacto con la prensa.

Camacho indicó que ya existía un decreto que señalaba el censo para noviembre de este año, y que de igual forma puede cambiarse el decreto que recientemente emitió el presidente Luis Arce para postergar la encuesta hasta el 2024.

“No solamente es un perjuicio para Santa Cruz, sino para todos los bolivianos que demandan servicios. Obviamente es el menester de las autoridades dar respuesta, pero sin recursos no lo podemos hacer, no podemos tener el Pacto Fiscal que es lo que queremos y la reasignación de recursos que van a llevar adelante la posibilidad de generar soluciones”, dijo la máxima autoridad departamental.