En un encuentro interinstitucional desarrollado en la Casa Grande de la Organización Indígena Chiquitana (OICh), representantes del pueblo chiquitano expusieron su preocupación por las dificultades en el acceso a proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo Indígena, señalando retrasos y trabas que afectan el desarrollo de sus comunidades, según un comunicado enviado a esta redacción.
La reunión congregó a autoridades indígenas, centrales afiliadas y al director nacional a.i. del Fondo Indígena, Miguel Ángel Choque Copa, en un espacio de diálogo directo donde se evaluó el estado de la cartera de proyectos en distintos municipios del territorio chiquitano.
Durante el encuentro, las organizaciones indígenas advirtieron que, si bien existen avances en la ejecución de iniciativas, persisten problemas estructurales que limitan el acceso a nuevos financiamientos. Entre las principales observaciones, destacaron la excesiva burocracia y la intermediación de los gobiernos municipales, factores que retrasan la llegada de recursos a las comunidades.
Las centrales indígenas plantearon la necesidad de establecer una relación directa entre el Fondo Indígena y la OICh, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en la gestión de proyectos. Asimismo, demandaron una participación más activa en la formulación y ejecución de iniciativas, especialmente en áreas clave como producción, riego, seguridad alimentaria e infraestructura.
“El acceso a los recursos debe ser más equitativo y oportuno”, coincidieron los representantes indígenas, quienes según el comunicado también expresaron su preocupación por la falta de condiciones para impulsar nuevos proyectos en sus territorios.
Como resultado del encuentro, se acordó la instalación de una mesa técnica interinstitucional permanente, la priorización de proyectos productivos y de seguridad alimentaria, así como la asistencia técnica directa a las centrales indígenas para la formulación de iniciativas.
Además, se planteó la necesidad de gestionar modificaciones normativas que permitan reducir las trabas administrativas y evitar la intermediación municipal, con el fin de que los recursos lleguen de manera directa a las comunidades.
Las partes también definieron realizar una reunión de seguimiento en un plazo de 30 días, con el objetivo de evaluar avances y ajustar los mecanismos de coordinación establecidos.