Otorgan medidas sustitutivas a propietarios de taller de costura en Santa Cruz, acusados de explotación laboral
Los 28 trabajadores celebraron que sus jefes sean liberados y descartaron que hayan sido explotados laboralmente
En una audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo la tarde de este viernes, la Justicia decidió otorgar medidas sustitutivas a la detención preventiva para los propietarios de un taller de costura, que fue intervenido el jueves por la Policía y Fiscalía.
La pareja fue aprehendida después que los uniformados hallaron indicios de que las personas que trabajaban en lugar eran presuntamente explotadas laboralmente, además de que dos ambientes estaban en estado precario y porque en el allanamiento se rescató a una adolescente oriunda de Potosí que tenía reporte de desaparecida, como el rescate de dos muchachas procedentes de Sucre.
El fiscal asignado al caso, Daniel Lobo, informó a EL DEBER que el hombre y la mujer fueron imputados por el presunto delito de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral.
Indicó que en el transcurso de la audiencia, la autoridad jurisdiccional decidió beneficiar a ambos con arraigo, la presentación ante la juez y la Fiscalía cada 15 días a firmar dicho control, la presentación de dos garantes personales, remisión al Ministerio de Trabajo sobre la insalubridad y condiciones de trabajo de la fábrica y la prohibición de contactarse con los menores de edad que trabajaban la fábrica.
“Gracias al personal que trabajó conmigo ahora tenemos libertad. Siempre los tratamos como familia”, dijo la mujer.
Sobre la adolescente, la propietaria afirmó que ella se sentía bien en el taller y que desconocían si era menor de edad y que estaba siendo buscada, ya que llegó al lugar hace poco menos de un mes.
“Ella sufría abusos de su padrastro, por eso escapó de su casa”, dijo la propietaria.
Los 28 trabajadores que fueron trasladados el jueves a instancias policiales para su toma declaración, respaldaron a sus jefes negando que sean explotados.
Por su parte, el abogado de los acusados, Jaime Murillo, manifestó que se solicitó a la Justicia que el taller sea desprecintado, para que siga operando con su función social de manufactura boliviana.
