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El excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta, se convirtió en el segundo jefe militar que fue enviado a la cárcel de San Pedro y que estuvo junto al general William Kaliman aquel 10 de noviembre de 2019, cuando éste le sugirió a Evo Morales que renuncie a la Presidencia. El oficial fue sometido a una audiencia cautelar, tras ser aprehendido el pasado lunes.

La detención del militar se produjo momentos en que surgen descontentos en la Policía. Los comandos departamentales solicitaron esta semana la información detallada de los efectivos que estuvieron de servicio entre el 9 y 11 de noviembre, el fin de semana en el que se produjo el motín policial y cuando Morales dimitió.

El coronel René Calla, presidente del Centro de Jefes y Oficiales del Servicio Pasivo de la Policía, señaló ayer que si bien la institución debe colaborar con el Ministerio Público, “el comando debe apoyar con su equipo de abogados”.

“Estamos hablando de una institución a la que la están queriendo procesar, por intermedio de personas que están en servicio. Tendrían que procesar a 20.000 policías, porque en esa época es la cantidad en servicio”, señaló Calla en declaraciones a radio Panamericana.

“Las convocatorias de la Fiscalía va a exasperar a todas las personas y eso es bastante peligroso”, señaló luego un oficial que pidió expresamente el anonimato.

En esa línea, la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) de las filiales en Cochabamba y La Paz se declararon en emergencia y advirtieron que no permitirán procesos en contra de los uniformados del verde olivo, sin distinción de grado o jerarquía.

La filial de La Paz, fue la primera en manifestarse mediante un comunicado oficial, en el cual señala que los policías de base sufren agresiones verbales, calumnias, injurias, por ciudadanos que fungen cargos en el Estado, exdiputados, senadores en actual ejercicio de funciones y viceministros.

En ese marco, Anssclapol Cochabamba envió una carta el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, Edgar Chávez, solicitando una reunión de emergencia con todas las unidades que conforman el ente para apoyar a los policías que están siendo investigados por el Ministerio Público. Ayer se produjo una marcha de las esposas de policías frente al Comando Departamental.

El 10 de noviembre de 2019, Yuri Calderón, quien fue comandante de la Policía, también pidió la dimisión de Morales, pero en medio de un motín de las fuerzas del orden. Por eso, existe un pedido de aprehensión en su contra y una instrucción para identificar a los uniformados que estuvieron en servicio durante esas jornadas.

Este malestar existe, a pesar de que poco después de jurar al cargo, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, aseguró que “un motín policial es algo que nunca más puede volver a ocurrir” en referencia a los uniformados que respaldaron las protestas ciudadanas que estallaron en el país, por efecto de las denuncias de irregularidades en el recuento de votos de la elección general del 20 de octubre de 2019.

La audiencia del militar

La audiencia del excomandante Pastor Mendieta, que duró aproximadamente seis horas, concluyó cerca de las 13:45 y se desarrolló en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, pero a puerta cerrada. En la calle, una decena de personas llegó para gritar consignas contra los militares que acompañaron a la expresidenta Jeanine Áñez, quien ahora está detenida en la cárcel de Obrajes, en el marco de un juicio ordinario acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

La vista judicial fue seguida por el subprocurador Juan Clemor Vargas. En la puerta de los juzgados explicó a los periodistas que presentó un disco compacto con el registro audiovisual del día en el que Kaliman, quien fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sugiere a Morales dejar el cargo para pacificar el país. En esas imágenes también aparece el almirante Flavio Arce, quien fue enviado a prisión por el lapso de seis meses, en este mismo caso.

Mientras tanto, en El Alto, un grupo de vecinos de Senkata llegó hasta las oficinas de los juzgados de esa ciudad para reclamar por el lento avance en las investigaciones destinadas a esclarecer la muerte de 10 personas durante el operativo militar que se ejecutó el 19 de noviembre de 2019, cuando la planta engarrafadora de esa zona estaba cercada por cientos de vecinos que exigían el respeto a la wiphala y rechazaban el proceso de transición que lideró Jeanine Áñez, cuando asumió la presidencia el 12 de noviembre de ese año.

“No solo es investigar lo que le conviene a la justicia y al Gobierno; se deben investigar todas las responsabilidades en este caso que no avanza”, reclamó Claudio Mamani, dirigente de las víctimas.

Precisamente, en el marco de estas investigaciones, el general Franko Suárez Gonzales, quien en 2019 estaba a cargo de la División Mecanizada Andina del Ejército, debía ver a la jueza Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto, Milenka Gutiérrez, en el marco de una audiencia cautelar que fue postergada sin fecha, explicó su abogado Luis Guillen Sánchez.

La Fiscalía solicitó que Suárez sea remitido por seis meses al penal de San Pedro, tras acusarlo formalmente de terrorismo.

Los regimientos Bilbao Rioja, Max Toledo, Ayacucho y Teniente General Germán Busch fueron los cuatro cuerpos militares que actuaron en las acciones de la planta de Senkata en 2019. Según la imputación, tres de los 10 fallecidos de aquella jornada fueron muertos por proyectiles que coinciden con el armamento militar.

Por este caso, la Fiscalía solicitó la presencia del general Sergio Orellana, quien fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, durante el periodo de transición de Jeanine Áñez. No obstante, el militar abandonó el país, según datos de Migración.

“Al Gobierno no le interesa esclarecer el caso Senkata, pero sí está usando a las víctimas para ocultar las verdaderas causas de la crisis de 2019: el fraude electoral”, afirmó ayer el diputado Carlos Alarcón de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC).

La exdiputada Lydia Patty (MAS) denunció a los jefes del mando militar que acompañaron a Áñez por los fallecidos en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), además de los exministros Arturo Murillo y Fernando López. Pero, a inicios de marzo, la exlegisladora amplió la querella a la expresidenta y a su círculo más cercano por supuestos delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El pedido para que Morales renuncie es el eje de esta denuncia y, en el caso de Áñez, se remonta a sus acciones como senadora.

En el caso Sacaba, el comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército Alfredo Cuéllar, guarda detención domiciliaria.

Los militares retirados evalúan con preocupación este escenario, pero aún no emitirán un pronunciamiento público. Recordaron que en 2019 se registraron tensiones en el Alto Mando.



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