Autoridades e internos aseguran que ya no hay cobros, aunque se siguen dando casos aislados. La clasificación por delitos, el hacinamiento o la mayor asignación de policías tienen poco avance; para una cárcel modelo y del área de visita de niños faltan recursos 

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17 de abril de 2018, 10:00 AM
17 de abril de 2018, 10:00 AM

“Este es el bote, no hay ningún castigado; estamos tratando de vivir en paz, respetándonos entre todos”, señaló Alberto ‘Tico’ Lozada, interno de Régimen Abierto (PC-4) de Palmasola, a la comisión de autoridades que ayer inspeccionó el penal, a un mes y un día de la intervención policial que provocó siete muertos y tras la cual las autoridades se comprometieron a acabar con los cobros irregulares y con los abusos de los internos que detentaban el poder. 

En un recorrido por el PC-4, PC-3 (Chonchocorito) y PC-2 (pabellón de mujeres), EL DEBER pudo observar una relativa paz y recoger el testimonio de algunos reclusos y gente que acude con frecuencia al penal respecto a lo que consideran un cambio sustancial, sobre todo en PC-4, luego de la refriega que terminó con muertes y el traslado a otras cárceles del exregente Víctor Hugo Escobar Orellana, ‘Oti’, y sus secuaces. 

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Sin embargo, pese a esto, algunas autoridades, como el defensor del Pueblo, Jorge Paz, y la diputada Maida Paz, cuestionaron durante la audiencia pública de la Brigada Parlamentaria, que se realizó ayer en el penal, que aún no se vislumbran cambios estructurales y que se corre el riesgo de volver al mismo sistema de antes si no se aborda el problema en toda su dimensión. Además, hicieron observaciones sobre condiciones de vida, de atención y de respeto a los derechos humanos de algunos de los reos. 

Nueva cárcel, prioridad
Este punto volvió a causar cruces entre parlamentarios del oficialismo que señalaban que hay un terreno y un proyecto, pero que el Gobierno no priorizó una obra tan importante para Santa Cruz, como una cárcel modelo, mientras los oficialistas insistían en que todas las instancias deben aportar. 

Debido a que desde el Gobierno se ha anunciado la falta de recursos para un nuevo penal, el vicepresidente de la Brigada cruceña, Erick Morón, sugirió que esto se debe realizar mediante una ley como cuando el presidente Evo Morales declaró de prioridad nacional la construcción de una nueva penitenciaría en Sucre, en 2011.

“Si en un mes no hemos podido resolver la construcción de un parque para visitas de los niños a sus padres, tenemos que trabajar mucho para una nueva cárcel”, dijo Jorge Paz, quien pidió a las autoridades e instituciones que no se desanimen por la falta de recursos y los instó a comprometerse a trabajar para que hasta septiembre se tenga el proyecto de un nuevo penal y el financiamiento para regalar a los cruceños en su efeméride. “Busquemos una solución estructural, Santa Cruz no está para cosas chicas porque el problema (carcelario) es grande”, dijo.

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Ante esta situación, el presidente de la Brigada, Henry Cabrera, indicó que se acordó que los diputados (asistieron siete) se encargarán de gestionar ante la Asamblea Legislativa que se declare  prioridad nacional la construcción de una cárcel modelo en Santa Cruz.

Respecto a la construcción de un área de visita de los niños a sus padres, la jueza del menor Shirley Becerra indicó que es una prioridad dado que en Palmasola se cometió la violación a una niña de ocho años que entró de visita a régimen abierto y lo que se quiere es evitar que los niños vuelvan a ingresar a los pabellones. 

El director nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, manifestó que ya se conoce un presupuesto y que se analizará el tema de los recursos. 

Querían vender un cuarto
“Está todo tranquilo, ya no hay los de ‘disciplina’, todos nos tratamos por igual”, señaló un interno, de 22 años, de PC-4, mientras que otro, sentenciado a 15 años por violación, indicó que ya no hay abusos ni cobros y comentó que en la nueva organización hay ‘vigilantes’ que denuncian cualquier irregularidad a los policías que patrullan. Así fue que intervinieron y aislaron a tres internos del PC-4 ante la denuncia de que pretendían vender en $us 6.000 un cuarto que pertenecía a uno de los trasladados a la cárcel de La Paz.  

Patrullajes preventivos
Otra de las observaciones tras la intervención del 14 de marzo fue que los policías que custodiaban el penal no llegaban ni a 50. El comandante Alfonso Siles indicó que se aumentó a 120 efectivos (60 por turno), aunque reconoció que es insuficiente, al igual que en todo el departamento. Asimismo, detalló que cada día 50 policías de distintas unidades patrullan en el interior del penal. 
Clasificación  

“Todavía no hay clasificación”, señaló un interno respecto al anuncio que hicieron las autoridades tras la intervención del 14 de marzo, de que en PC-4 solo quedarían detenidos preventivos. Al respecto, López indicó que se trabaja en eso, pero que se hará de forma paulatina  para llegar a una clasificación que permita que el PC-4 sea solo para preventivos, el PC-3A alberga a sentenciados a más de 15 años y el PC-3B a los drogodependientes, además de los pabellones de mujeres, máxima seguridad y los enfermos. 

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Cambio de policías
El gobernador del penal, Ronald Mercado aseveró a las autoridades que hasta la fecha se cambió al 100% de oficiales que cumplían funciones administrativas y al 30% de los custodios

Otros detalles

Biométrico
De los más de 5.500 internos, se ha registrado a 2.000. Se concluyó en el pabellón mujeres y en el PC-4, ya se avanzó en 22 de 31 pabellones.  

Detenciones preventivas 
Se acordó solicitar una reunión con el magistrado por Santa Cruz en el Tribunal Supremo de Justicia y con el fiscal departamental, esto para instruir que los jueces cumplan la norma de aplicar detención preventiva solo en casos excepcionales y no por temor a ser denunciados por prevaricato.