La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, se pronunció sobre las amenazas y hechos de violencia registrados en medio de los conflictos sociales que atraviesa el país desde hace más de un mes. La autoridad calificó estas acciones como conductas que "rayan en actitudes terroristas" y denunció una presunta sensación de impunidad entre los sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
"Yo creo que existen ya conductas que rayan en actitudes terroristas. Existe una apología abierta del delito y existe una sensación generalizada de que estos movimientos sociales afines al partido de gobierno que administró Bolivia durante los últimos 20 años siguen gozando de una impunidad que les permite desestabilizar el país, ocasionar innumerables y irreparables perjuicios a la ciudadanía y violar la ley de manera flagrante sin sufrir consecuencia alguna por ello", expresó la vicegobernadora, en referencia a los sectores movilizados afines al expresidente Evo Morales.
Las declaraciones surgen en un contexto marcado por bloqueos de carreteras y movilizaciones que afectan distintas regiones del país. Este lunes, Bolivia acumula 40 días de conflictividad social y 35 días de interrupciones en las rutas. Aguirre sostuvo que la prolongación de estas medidas incrementa los perjuicios económicos y sociales para la población, por lo que consideró que el Gobierno nacional debe asumir acciones más contundentes para restablecer el orden.
"Creo que el presidente Rodrigo Paz ha iniciado ya el tránsito de una ruta que le da las condiciones para poder adoptar un estado de excepción. Mientras más tiempo se espere, más perjuicios se van a generar y más difícil va a resultar ser estabilizar el país. A quienes hacen uso de discursos que incitan a la violencia se les tiene que aplicar la ley y creo que el estado de excepción es la vía única que ya tiene a su disposición el gobierno, tomando en cuenta que se han agotado todas las instancias de diálogo", manifestó.
Aguirre señala que los cruceños que protestaron sí sufrieron consecuencias legales
La autoridad también rechazó las amenazas dirigidas contra autoridades y recordó que, durante las movilizaciones por la realización del censo, ciudadanos cruceños enfrentaron procesos judiciales por presuntos delitos relacionados con terrorismo. A su criterio, la situación actual presenta diferencias sustanciales debido a que existen sectores que exigen la renuncia de un mandatario elegido democráticamente.
"Las rechazamos totalmente, las rechazamos totalmente porque recordemos que hace pocos años se procesó a cruceños por el delito de terrorismo cuando salimos a las calles pacíficamente a protestar demandando la realización de un censo. Aquí se está pidiendo la renuncia de un presidente democráticamente electo", remarcó.
La vicegobernadora sostuvo además que ninguna diferencia política puede justificar actos de violencia o medidas que afecten a la población. En ese marco, pidió la intervención de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
"Estamos de acuerdo con algunas formas y decisiones que se han tomado en el gobierno, pero eso no significa que cualquier ciudadano se sienta en la libertad de llevar adelante este tipo de actitudes vandálicas que rayan en el terrorismo y que tratan de desestabilizar más la gestión con los consiguientes perjuicios a la ciudadanía. La Fiscalía y el Órgano Judicial tienen que actuar. Cuando la ley se aplique en este país sin negociarla, las cosas van a mejorar", señaló.
Además, Aguirre calificó las amenazas y llamados a la confrontación como una incitación pública a la violencia y reiteró su pedido para que el Ejecutivo adopte medidas excepcionales ante la escalada del conflicto.
"Es una amenaza y un llamamiento público a la violencia. Yo creo que el presidente Rodrigo Paz no puede seguir esperando a adoptar un estado de excepción cuando las condiciones legales y fácticas ya están dadas para él", concluyó.