El secretario jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, calificó como "relato político" el discurso de autoridades y sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y señaló que, con este incidente, el Gobierno busca abrir causas penales "para justificar más procesos y persecución en contra de autoridades de Santa Cruz". 

Sobre el tema también se pronunciaron dirigentes del Comité pro Santa Cruz para pedir la renuncia de los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Suárez reconoce la responsabilidad de la Gobernación para organizar la agenda y el protocolo de los actos oficiales por la efeméride del 24 de septiembre. "El protocolo fue consensuado con ellos (personeros del Gobierno) y nunca estuvo contemplada la iza de la wiphala", explicó el secretario jurídico. 

Sin embargo, "las autoridades nacionales trajeron la bandera escondida y optaron por romper el protocolo e izaron la wiphala". Esta actitud se considera una "provocación por la actitud impositiva de las autoridades nacionales" que exacerbó los ánimos de los presentes, creando un ambiente de crispación.

De todos modos, Suárez aclara que "no hubo orden de bajar la wiphala" y aseguró que dicho símbolo tampoco fue ultrajado". 

Según se observa en videos que circulan en redes sociales, la bandera se entregó en manos de un efectivo militar.

Las lecturas que llegan desde las filas del MAS "pretenden mostrar una visión sesgada de estos hechos para desviar la atención de la ciudadanía hacia estos actos que han sido incitados", afirmó Suárez.

Por su parte, Rómulo Calvo, presidente de la entidad cívica, se refirió a la denuncia en su contra presentada por diputados del MAS. El dirigente califica como "un ataque del centralismo a los cruceños a través de la incitación y la provocación".

Calvo detalló la "actitud desafiante del ministro del Castillo" quien facilitó la bandera de la wiphala para que sea izada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca.

Los cívicos piden la renuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del ministro de Justicia, Iván Lima, por "su actitud de persecución con el pueblo cruceño" en lugar de trabajar por la salud y la economía.

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