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Cinthia Asín, titular de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, dijo que se comenzó a notificar a las alcaldías y a las urbanizaciones que están en el área de influencia donde se decretó la ‘pausa administrativa’ en la otorgación de licencias ambientales en la zona de recarga de agua del Urubó.
Hay compradores preocupados por la seguridad jurídica, pero la Gobernación señala que todavía hay que esperar los resultados de la auditoría ambiental que establecerá el impacto ambiental que causan los proyectos, que incluye a los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo. 

De igual forma el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola, explicó que el comprador tiene que regirse a lo que dice su contrato y puede defenderse con procesos jurídicos en la vía penal o civil.
Por su lado el urbanista Fernando Prado cree que los municipios tienen que ser más transparentes y poner a disposición de la ciudadanía la información sobre las urbanizaciones.
Javier Arze Justiniano, gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, indicó que esta institución siempre va a respaldar al que se enmarca en la norma./CD 

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