Analistas se refirieron a las medidas dadas a conocer por el ente cívico tras la reunión de su Directorio Ampliado

22 de enero de 2022, 15:56 PM
22 de enero de 2022, 15:56 PM


La noche del viernes, el directorio ampliado del Comité pro Santa Cruz, en reunión de emergencia, aprobó siete demandas, entre las cuales se destaca una marcha para el martes con la finalidad de defender la institucionalidad cruceña.  Las repercusiones sobre los resultados de esta reunión no se hicieron esperar. 

El abogado y militar en servicio pasivo, Jorge Santistevan, sostiene que el Comité Pro Santa Cruz debe definir una agenda integral para defender no solo la institucionalidad sino a toda la región cruceña, porque considera que estamos ante la arremetida de un Gobierno centralista “que ha quebrantado todos los principios democráticos” y ha orientado todos esos esfuerzos hacía el departamento de Santa Cruz. 

“Lo que estamos viviendo no se soluciona con las vigilias, eso deberíamos haber hecho desde antes porque ahora el Gobierno central nos va a sorprender, por lo que a partir de ahora no podemos estar con distracciones. Por eso, lo que se le pide al presidente cívico es que defina su agenda de lucha integral en todos los campos, porque no es solamente la defensa de las instituciones sino también la defensa de la autonomía y de los ciudadanos”, planteó Santistevan.

Agregó que es necesario que los liderazgos en el departamento cruceño comiencen a tomar vigencia y “no estar en silencio” porque sería un silencio cómplice, que produce desgaste en los ciudadanos.

En tanto, para el analista Paúl Antonio Coca, estas medidas están al alcance de la población, porque si bien hay quienes están en desacuerdo “de que venga el Gobierno central y haga lo que quiera”, se está en una situación delicada por la crisis  de la salud, debido a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, y por eso “se tienen que tomar puntos de medición, para saber si la gente está en la capacidad de salir a las calles”.

Recordó que el sistema cooperativo cruceño fue forjado sobre la base de “una nula presencia del Estado” en Santa Cruz, para la creación de los servicios básicos. “Este sistema cooperativo como una iniciativa privada, es algo antagónico a la visión de país que tiene el MAS”, dijo Coca. 

A su vez, el analista y politólogo Daniel Valverde observa que el Comité  pareciera que quiere entrar en una guerra política con el Gobierno nacional, dejando de lado el aspecto cívico. “Hablan bastante contra el Gobierno, hay fundamentos, pero no dicen nada de las cooperativas. Hemos visto que hay grupos que han dejado en bancarrota a Cotas, pero no se dice nada de eso, por eso cuando se habla de ataques al modelo productivo y a las cooperativas, creo que quienes están atacando son los que las han manejado”.

Agregó que el "gobierno moral de los cruceños" debería constituirse en parte coadyuvante del proceso de investigación a los supuestos ítems fantasmas y “no intentar tapar el sol con un dedo” porque ahí hubo hechos irregulares. “Funcionarios de la cooperativa (Saguapac) han usado el nombre de la misma para beneficiarse a través de los ítems fantasmas, existe por ejemplo un exfuncionario detenido en Panamá por este hecho”, recordó.

Antecedentes

Actualmente, la Fiscalía lleva adelante una investigación sobre la denuncia de la creación de 800 ítems fantasmas en la anterior gestión del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca están acusados de ser cabecillas de esta red. 

Antonio Parada se encuentra prófugo, mientras que Guillermo fue detenido en Panamá cuando intentaba huir hacia Estados Unidos. Guillermo Parada, un extrabajador de Saguapac, "reclutó" a varios trabajadores de la cooperativa y los benefició con ítems fantasmas de la comuna cruceña. Por tal motivo, la Fiscalía allanó las oficinas de la cooperativa y de viviendas particulares de algunos de los implicados. Además, detuvo al gerente comercial de Saguapac, Erwin Padilla Franco, y lo imputó por obstaculizar las investigaciones. 

El viernes, en audiencia cautelar, la justicia determinó que Padilla tenga arresto domiciliario, arraigo y pague una fianza de 100.000 bolivianos. 

Frente a estos hechos de corrupción que salpican a exautoridades municipales y trabajadores de la cooperativa, el líder del MAS, Evo Morales, planteó en repetidas ocasiones estatizar las cooperativas de Santa Cruz. Este planteamiento provocó el rechazo del Comité pro Santa Cruz, así como de otras instituciones y personalidades de la región.